Viernes, 2 de diciembre de 2016

| 2016/08/28 00:00

Letra muerta

El Consejo Nacional Electoral, la autoridad sobre los encuestadores, ejerce un control apenas formal porque no tiene suficiente personal calificado ni herramientas tecnológicas.

Daniel Coronell. Foto: John Calson

Es bueno para Colombia que las principales firmas encuestadoras hayan acordado unos parámetros mínimos de calidad para los estudios de intención de voto sobre el plebiscito. No puede ser aceptable que la decisión más importante que hayan tomado los votantes esté medida –y lo que es peor influida– por “sondeos de opinión” presentados como “encuestas de intención de voto”. La iniciativa de los encuestadores es necesaria, aunque no suficiente, y tristemente tiene un precedente que comprueba que estos acuerdos de autorregulación tienden a quedarse en el papel.

La decisión de los encuestadores es consecuencia directa de un público llamado de atención que se hizo desde esta página hace dos semanas.

A raíz de esa columna y de la discusión pública que se derivó de ella, se reunieron los representantes de Ipsos, Yanhaas, Invamer, Cifras y Conceptos, Datexco y el Centro Nacional de Consultoría, a instancias de la Asociación Colombiana de Empresas de Investigación de Mercado.

El comunicado de apenas una página tiene la virtud de poner el dedo en algunas de las propias llagas de las encuestas. Señala, por ejemplo, que el tamaño mínimo aceptable de una muestra sobre intención de voto del plebiscito debe ser de 1.000 personas. Actualmente, algunas de las encuestadoras y especialmente el Opinómetro de Datexco, vienen pontificando –varias veces a la semana– sobre intención de voto con una muestra que no alcanza las 700 personas.

Vale la pena decir también que una encuesta de intención de voto nacional debe tener cobertura nacional. Ipsos reconoció ya que la suya -pretenciosamente llamada ‘La Gran Encuesta’- no tenía cobertura nacional como lo pueden ver en la comunicación del director de la firma encuestadora.

Reconocen los señores encuestadores en su comunicado que –tal como lo advirtió la columna- el orden de las preguntas en una encuesta sí influye y que nada debe anteceder al interrogante sobre la intención de voto. Dicen que de aquí en adelante La primera pregunta será sobre la intención de voto para establecer quienes son votantes y quienes no lo son. En la segunda, se indagará por la pregunta estricta que haya definido la autoridad electoral y que tendrá el elector a su consideración en las urnas”.

El comunicado también hace un compromiso de transparencia diciendo que desde ahora, las investigaciones serán “trazables” y que conservarán para el escrutinio público las grabaciones de las encuestas telefónicas y los registros electrónicos y de papel de las encuestas presenciales.

Actualmente el Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad con jurisdicción sobre los encuestadores, ejerce un control puramente formal de requisitos porque no tiene el suficiente personal calificado, ni las herramientas tecnológicas necesarias para auditar la calidad estadística de las estudios. Su autoridad se ha ido volviendo cada vez más simbólica en este campo.

Los medios de comunicación que son los grandes difusores de estas encuestas tampoco ejercen ningún control sobre sus proveedores. Se limitan a girar los cheques con los pagos y a diagramar la presentación de los resultados. Semejante pasividad periodística atenta contra el derecho de televidentes, oyentes, lectores y usuarios a recibir información de calidad. Es necesario que exista escrutinio sobre la conformación de la muestra y la metodología de las encuestas.

Un tema aún más preocupante es que los directores de medios puedan hacer sentir su “corazoncito político” en la conformación de los cuestionarios. Cuando le pregunté al director de Ipsos, Javier Restrepo, por qué solo se preguntaba por la carrera interna de uno de los partidos (el Centro Democrático) cuando había 15 colectividades políticas más, me contestó que era por petición de los medios, en este caso RCN Televisión o RCN Radio o La F.m. o SEMANA, o todos ellos. Una encuesta balanceada debería preguntar por todos los partidos.

Por último, quería recordar un antecedente que me hace desconfiar de la perdurabilidad de los acuerdos de autorregulación. En la elección presidencial del año 2002 también surgieron dudas sobre la calidad y neutralidad de las encuestas.

Los encuestadores llegaron a un acuerdo parecido. Los firmantes eran más o menos los mismos con excepción de Datexco y Cifras y Conceptos, que aún no existían. Se comprometían, adicionalmente, a hacer solamente encuestas presenciales y a subir la muestra a 1.500 y 2.000 personas cuando las diferencias fueran pequeñas.

Catorce años después vuelven a comprometerse.

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