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Lo que el procurador no vio

Varios apartamentos fueron vendidos por la misma época por un precio 45 por ciento más alto que el que le concedieron a Arias.

Daniel Coronell, Daniel Coronell
19 de julio de 2014

Andrés Felipe Arias se benefició personalmente de una ganga millonaria otorgada por receptores de subsidios de Agro Ingreso Seguro. El monto del favorecimiento es de 500 millones de pesos y corresponde a la compra de un apartamento en el norte de Bogotá. El predio costaba comercialmente 1.200 millones de pesos pero los vendedores se lo dejaron en 700 millones. 

Esos vendedores, a través de empresas familiares, recibieron al menos 1.100 millones de pesos en diferentes subsidios cuando Arias era ministro de Agricultura.

El apartamento fue vendido a través de una fiducia por una empresa llamada La línea, que pertenece a la familia Llorente. El patriarca de ese grupo es el empresario conservador Diego Llorente Martínez. 

El señor Llorente es conocido por sus prósperos negocios de construcción y por sus actividades en el sector agropecuario. Él, su esposa, sus hijos y su yerno, recibieron millones en dinero público regalado durante el ministerio de Arias.

Maxiflores, una de sus empresas recibió un subsidio no reembolsable –vale decir un regalo– por 350 millones de Agro Ingreso Seguro (Ver documento). La misma compañía obtuvo 450 millones más entre compensaciones por la devaluación e incentivos fitosanitarios, para un total de 800 millones (Ver documento 2).

Otra compañía llamada Bioflora Farm –a nombre de la hija de Llorente, Helena, y su yerno Guillermo Ricaurte Junguito– recibió más de 300 millones de pesos en incentivos fitosanitarios mientras Arias fue ministro (Ver tabla).

En su otra línea de negocios, la construcción, los Llorente también son muy reconocidos. Uno de sus proyectos más emblemáticos se llama Cerros de los Alpes, pero la sabiduría popular lo rebautizó como Las torres de Llorente.

En el año 2007, sacaron a la venta varios de esos apartamentos, incluyendo el número 611. La lista de precios de la época señala que en el estado en que se entregaba costaba más de 1.000 millones de pesos (Ver tabla 2).

Muchos apartamentos se vendieron inmediatamente y todos se valorizaron. En el año 2009, en ese mismo piso sexto, el metro cuadrado de construcción se vendía a 4.581.309 pesos (Ver tabla 3).

Lo cual quiere decir que a mediados del año 2009, los vendedores esperaban recibir por un apartamento de 270 metros –como el 611– algo más de 1.236 millones de pesos.

Sin embargo, el lunes 19 de abril de 2010, el exministro Andrés Felipe Arias y su señora esposa compraron el apartamento 611 por 700 millones de pesos. Es decir pagaron un poco menos de 2.600.000 pesos por cada metro cuadrado (Ver escritura)

Arias siempre ha dicho que compró la propiedad en condiciones de mercado, pero estos hechos lo contradicen. Varios apartamentos del conjunto fueron vendidos en la misma época por un precio por metro cuadrado, 45 por ciento más alto que el que le concedieron a Arias.

El exministro pagó 308 millones de contado y el resto, casi 392, con un crédito hipotecario de Davivienda. A comienzos de 2012, cuando él estaba detenido en la cómoda Escuela de Caballería, su esposa abonó 150 millones de pesos a ese crédito. 

Un oficio de la Contraloría y los hechos revelados en esta columna ocasionaron la apertura de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito en la Procuraduría (Ver oficio).

Hace un mes el procurador Alejandro Ordóñez archivó el proceso. El anuncio tuvo mucha difusión pero el documento absolutorio no fue publicado en el portal del Ministerio Público.

Finalmente esta semana, la Procuraduría entregó la copia. En las 24 páginas no hay una sola mención del magnífico precio que logró en su apartamento. 

En cambio sí una amplia exposición sobre los pequeños bienes del exministro: La moto BMW que vendió hace nueve años por 12 millones de pesos, el carro Hyundai de 25 millones que le pagaron en dos años (Ver documento Procuraduría) y el hecho de que el abono de 150 millones al crédito del apartamento salió del fondo de pensiones voluntarias de su esposa (Ver documento Procuraduría 2)

Pero de la ganga, nada.

Cuando estas denuncias salieron a flote por primera vez, un amigo perspicaz refiriéndose al descuento me preguntó: “¿No puede explicarse por el hecho de que muchos negocios se hacen ‘por encima’ con un valor (un poco más del avalúo catastral) y ‘por debajo’ con el valor real?”

La respuesta es no, por dos razones: La primera es porque esa práctica heterodoxa no es posible cuando la operación incluye un préstamo hipotecario. Y la segunda, porque Andrés Felipe Arias no podría justificar esos 500 millones extra en su patrimonio, ni con la venta de la moto que tanto llamó la atención del procurador.

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