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Opinión

  • | 2015/04/25 22:00

    Los rehenes mutuos

    La viabilidad de un acuerdo de paz depende de que el futuro prometido sea mejor que la continuación de la guerra.

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El gobierno depende de las FARC y la credibilidad de la cúpula de las FARC, ante su propia tropa, depende del gobierno. La paradójica dependencia del enemigo es una característica de los procesos de paz. Ningún proceso ha partido de la buena fe del adversario. Todos han empezado por un simple acto de confianza entre partes que se odian.

Los tratados de paz –universalmente– son acuerdos entre enemigos que consagran concesiones en el campo político y militar para ponerles fin a los actos de guerra.

Ninguna de las partes puede conseguir en la mesa lo que no pudo lograr con las armas. Esa es la diferencia entre acuerdo de paz y capitulación de una de las partes.

Dicho de otra forma, las FARC no pueden imponerle a Colombia su visión económica y social porque no fueron capaces de derrotar al Estado en 50 años de guerra.

De la misma manera, el Estado no puede ofrecerles a los miembros de las FARC que los llevará a la cárcel como resultado de la firma de un acuerdo de paz, porque en 50 años –dedicando la mayor parte del presupuesto nacional a la guerra– no ha podido erradicar esa guerrilla, ni llevar a la totalidad de sus miembros a prisión.

La viabilidad de un acuerdo de paz depende de que el futuro prometido sea mejor que la continuación de la guerra. Y para que eso suceda es necesario demostrar la voluntad de convivir pacíficamente con los enemigos de hoy.

No habrá paz, por ejemplo, si la guerrilla no se compromete a dejar las armas. Tampoco habrá paz sin que el Estado garantice que los antiguos guerrilleros podrán participar en política en condiciones de equidad y con protección de sus vidas.

El compromiso con esa visión del futuro es lo que les permite a las partes continuar por el camino de la negociación.

Las treguas unilaterales le hacen ganar credibilidad al proceso cuando se cumplen y lo golpean –hasta niveles fatales– cuando se incumplen, como pasó recientemente en el Cauca.

Esto debe evitarse pero ha sido común en los procesos de paz del mundo que los elementos más radicalizados de las partes incumplan treguas, con pérdida de vidas y enorme impacto sobre la confianza, sin que eso signifique que los procesos de paz deban acabarse.

Insistir en la tregua, caminar hacia un cese al fuego bilateral, definitivo y sostenible es acercarse a la paz, pero requiere de mecanismos de verificación imparciales y de fórmulas para lidiar con los eventuales incumplimientos.

Las acciones de guerra de la contraparte siempre parecen cobardes, crueles e inhumanas. Mientras que las acciones de guerra propias son percibidas como razonables, necesarias y legítimas. Esto es un tema que va más allá de los adjetivos. Solo se construye la paz cuando se evitan consistentemente los actos violentos.

Las FARC deben demostrarles al gobierno y a la sociedad colombiana que tienen un propósito legítimo de paz. Para empezar deberían condenar las acciones de los guerrilleros que violaron la tregua unilateral declarada por ellos. Si no lo hacen –y no asumen ante sus propios hombres el costo político de hacerlo– esta herida no va a sanar.

El gobierno debe hacer públicos, de una vez por todas, los mecanismos de justicia transicional que cobijarían a los miembros de las FARC si se firma la paz, asumiendo con valor las consecuencias y pagando el costo político de ellas ante la sociedad colombiana y ante su contraparte en la Mesa. Si el gobierno no lo hace, los guerrilleros de base no van a entender la utilidad de continuar en una negociación que no busca una salida para ellos.

La firma del acuerdo de paz no va a ser la culminación total de la violencia, pero sí un paso necesario –el mayor paso– para que Colombia sea mejor.

La otra opción es continuar la guerra que como siempre tiene amigos retóricos, algunos que se enriquecen con ella, otros que ganan poder político y muchas víctimas.
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