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Opinión

  • | 2014/03/08 00:00

    Magistrado millonario

    Dos dias después de firmada la escritura, el municipio de Acandí tomó la decisión que multiplicó exponencialmente el valor de las tierras.

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Saltó a la fama nacional hace apenas unas semanas por cuenta de una tutela. José María Armenta, magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no es célebre por su carrera jurídica, ni por la profundidad de sus decisiones, solo por haber frenado momentáneamente la destitución –arbitraria­–
del alcalde Gustavo Petro ordenada por el procurador. Ese mérito sería suficiente para resplandecer si no fuera porque un hecho lo empaña: la esposa del magistrado es directiva de la Empresa de Acueducto que depende del alcalde Petro. Empresa en la que empezó todo el asunto.

Sin embargo hoy no vamos a hablar de esa innegable circunstancia, cuya mención irrita tanto a los devotos petristas. Tampoco de la cercanía del imparcial magistrado con el secretario general del Acueducto, en cuya compañía fue sorprendido por el periodista Julián Martínez, de Noticias Uno, unos días después de su polémica decisión. (Ver vínculo)

El tema es otro. El magistrado Armenta resultó ser el dueño de unas hermosas y codiciadas tierras en la frontera entre Colombia y Panamá. Se trata de una parte de la hacienda La Diana, en la paradisiaca bahía de Sapzurro. Cada hectárea de esa propiedad se ha ofrecido en el pasado en venta, por 1 millón de dólares. (Ver vínculo)

El magistrado Armenta y su señora esposa doña Cecilia Jiménez Calderón, directora de activos fijos del Acueducto, son dueños de 35 de esas cotizadas hectáreas.

¿Cómo un hombre que saltó de un modesto puesto en Corelca a la rama judicial pudo hacerse a semejante propiedad? 

La historia incluye títulos burlados, malabares jurídicos, escrituras que no son lo que dicen ser y procedimientos que rondan el código penal.

La hoja de vida oficial del magistrado José María Armenta señala que ha sido miembro de la rama judicial desde 1996 hasta la fecha. Olvida mencionar que en 2004 fue destituido por no declararse impedido para conocer una tutela y dos años después, también por tutela, fue restituido. Durante esa pausa litigó en un pleito sobre esas tierras. (Ver hoja de vida)

En el proceso tuvo como suplente a su hermano, José Fernando Armenta, quien continuó firmando los memoriales cuando José María volvió a ejercer la magistratura.

El sábado 14 de diciembre del año pasado, el magistrado José María Armenta y varios de sus antiguos clientes llegaron a la notaría única de Acandí,  dividieron en lotes la hacienda La Diana y se la hicieron escriturar, a pesar de que existían decisiones judiciales que favorecían a Rafael Gómez, quien con títulos reclama ser dueño de parte de la finca.

Cuatro de los predios en los que dividieron La Diana, se convirtieron ese sábado en propiedad del magistrado Armenta y su esposa Cecilia. (Ver lotes)

La escritura asegura que ese mismo sábado en otra notaría en Bogotá, José Fernando, el hermano del magistrado, le cedió sus derechos a él y a su cuñada: “Igualmente se expresa que por medio de la escritura pública Nro. 5026 del 14 de diciembre de 2013 corrida en la Notaría 44 de Bogotá DC, José Fernando Armenta Fuentes transfirió su derecho a José María Armenta Fuentes y Cecilia Calderón Jiménez”. (Ver escritura)

Dos misterios siguen sin resolver: el primero es ¿cómo llegó ese sábado a la remota Acandí una escritura firmada en Bogotá el mismo día? Y el segundo es aún mejor: ese número de escritura no corresponde a una transferencia de derechos sino a la venta de una casa en el barrio Los Alcázares de Bogotá. (Ver escritura)

Es decir, la escritura que le confiere la propiedad de la valiosa finca al magistrado Armenta, contiene una falsedad.

Pero ahí no acaban las sorpresas.

Dos días después de que se firmara la escritura de división material y servidumbre de la hacienda La Diana, el lunes 16 de diciembre, el municipio de Acandí, Chocó, tomó una decisión que multiplicó exponencialmente el valor de las tierras para los felices propietarios. (Ver resolución)

La Secretaría de Planeación municipal les concedió licencia de urbanismo y construcción. La finca se les volvió  urbana y el magistrado –a imagen y semejanza de otro millonario negocio– terminará vendiendo en metros cuadrados lo que le entregaron en hectáreas. 
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