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Opinión

  • | 2015/06/13 22:00

    Mi equivocación

    Con un documento oficial en la mano y dos verificaciones de fuentes humanas –no relacionadas entre sí– creí que la información podía considerarse confiable y además revestía carácter público.

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Todas las personas están expuestas a equivocarse. Cuando los periodistas nos equivocamos tenemos el deber de reconocerlo públicamente, en el mismo espacio donde se cometió el error y tan pronto como sea posible. La columna de la semana pasada titulada ‘Rico McPretelt’ contiene varias imprecisiones en las que incurrí de buena fe guiado por un documento oficial que contenía algunas inconsistencias.

Dicho documento es una comunicación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) a la presidenta de la Corte Constitucional, fechado el 20 de abril de 2015 sobre propiedades del multimillonario magistrado Jorge Pretelt. Cuando recibí el papel verifiqué que fuera auténtico y lo era. Así mismo me cercioré de que hubiera sido recibido en la entidad destinataria y me lo confirmaron. (Ver carta)

Como el documento contenía información sobre bienes rurales y también urbanos le pregunté a un funcionario de la Superintendencia de Notariado y Registro si era un procedimiento usual que el Incoder estudiara títulos, investigara y reportara sobre predios urbanos.

La respuesta fue afirmativa. El Incoder puede y debe establecer cuáles son las propiedades de cualquier ciudadano que ocupe antiguos baldíos para determinar si hay acumulación ilegal de ellos o si un pretendido ‘poblador rural’ tiene más tierras o inmuebles urbanos en otras zonas del país.

Con un documento oficial en la mano y dos verificaciones de fuentes humanas –no relacionadas entre sí– creí que la información podía considerarse confiable y además revestía interés público. Mi error consistió en no haber revisado, registro por registro, las propiedades listadas en el documento.

Lo peor de todo es que ya me había pasado algo parecido hace dos años en otro caso basado en un cobro oficial de predial en el Valle del Cauca, que no reflejaba la realidad de una finca.

Volvamos a lo de ahora. El documento del Incoder sobre “varios predios donde presuntamente existen derechos reales del señor Pretelt” contiene cinco puntos: 1) Sus propiedades en Montería que son cinco, 2) Sus propiedades en Bogotá que son 11 de acuerdo con el papel, 3) Sus propiedades en Cartagena que según el documento son tres: un lote y dos apartamentos, 4) La acumulación ilegal de baldíos por parte del magistrado Pretelt en Antioquia y 5) La acumulación ilegal de baldíos en Córdoba. (Ver documento)

El señor magistrado Jorge Pretelt hizo pública una carta donde dice que no son ciertos los puntos 2 y 3. Sobre el punto 2, Pretelt dice que no tiene 11 propiedades, aunque todas han sido suyas en algún momento, sino que hoy tiene un apartamento y dos garajes. Es decir el documento del Incoder no refleja la realidad y por ende la columna tampoco. (Ver carta de Pretelt)

Respecto del punto 3 asegura y demuestra que el lote de Cartagena jamás ha sido suyo. También prueba que tiene uno y no dos apartamentos en Cartagena porque el otro fue vendido. Por cierto, es interesante saber que los dueños actuales son los hijos del exfiscal Guillermo Mendoza Diago, antiguo abogado de Fidupetrol y cuya esposa Nora Vélez trabaja con el magistrado Pretelt en su despacho de la Corte Constitucional. El exfiscal Mendoza Diago le compró el apartamento a la persona a la que Pretelt se lo había vendido. El mundo es un pañuelo. (Ver título del apartamento)

En esos puntos 2 y 3 reconozco inconsistencias en el documento y por consiguiente en la columna.

En lo demás me ratifico integralmente.

El señor magistrado Jorge Pretelt le mintió a la Corte Constitucional porque en su declaración de bienes dijo que en Montería solo tenía tres lotes compartidos y está probado en los registros públicos que también tiene una oficina cuyo título está a nombre de él y de su esposa la procuradora Martha Ligia Patrón. (Ver comparación entre declaraciones de Pretelt y títulos inmobiliarios)

Hay pruebas de que Jorge Pretelt acumuló ilegalmente baldíos en Antioquia como lo indica claramente el documento del Incoder. (Ver documento)

Y repitió la operación ilegal en Córdoba con un índice de acumulación aún mayor. (Ver índice)

Rectifico mi equivocación y a la vez ratifico las otras afirmaciones de la columna.

Me disculpo con ustedes por mi error. No ha sido el primero y probablemente tampoco será el último. Les garantizo que me esforzaré para evitar equivocaciones y que cada vez que incurra en alguna la reconoceré públicamente y asumiré las consecuencias.
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