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El Congreso: el Bronx que no se pudo desmantelar

Senadores huían despavoridos para no votar la ley de transparencia que los obligaba a revelar su patrimonio.

Daniel Samper Ospina, Daniel Samper Ospina
2 de julio de 2016

Después de las impecables incursiones en el Bronx y en el Palacio de Justicia, un cuerpo combinado de agentes del CTI, rehabilitadores sociales del Distrito y miembros de la fuerza pública fracasó en su intento de intervenir la tercera olla de vicio y perdición que existía en el centro capitalino: el Congreso de la República.

Se sabía que, de las ollas del sector, esa era la más peligrosa; que en ella operan sayayines de corbata con prontuarios muy oscuros, y conviven grupos que, en algunos casos, han tenido nexos con todo tipo de mafias. Pero el comando interdisciplinario confiaba en que podía enfrentar este reto con idéntico éxito a los anteriores.

“Nosotros analizamos videos y sabíamos que la tarea no iba a ser fácil –confesó un detective a esta columna–. En uno observamos que el senador Uribe por poco se iba a los golpes con el senador Barreras: ambos sacaron macheta, y la cosa habría pasado a mayores si un miembro de la bancada del PIN no se tumba las dos machetas. Pero nunca pensamos que las cosas fueran tan peligrosas”.

En abril, las autoridades detuvieron un carro de propiedad del Congreso en que malandros transportaban más de 600 millones de pesos en efectivo, y en otra ocasión detuvieron a Martín Morales, del gancho de Zulema Jattin. Pero eran esfuerzos aislados, y esta vez las autoridades querían desmantelar el centro de operaciones de manera drástica.

Según informes de inteligencia, el lugar estaba tomado por todo tipo de ganchos: uno de izquierda, como en el boxeo; un gancho en U, una ganzúa, cuyos miembros eran adictos a vicios de todo estilo, como untarse de mermelada. También estaba el gancho liberal, que se enfrascaba en riñas a muerte por puestos con el conservador.

“Eran un nido de chantajistas, de extorsionadores. Por eso sabíamos que debíamos golpear con contundencia”, dijo uno de los comandantes.
El operativo estaba planeado para un momento que ellos denominan “Plenaria”. “Queríamos agarrarlos a todos a la vez, pero el lugar estaba vacío –explica un detective–. Estaban discutiendo una ley para castigar el ausentismo, que no fue aprobada justamente porque no había nadie”.

Reprogramaron el operativo para una fecha en que, según el orden del día, discutirían una ley para favorecer el turismo parlamentario, a pesar de que por esa época los integrantes del gancho uribista no asistían a las sesiones como protesta, pero no devolvían el sueldo.

“El día del allanamiento tuvimos una misa en la mañana para sentirnos protegidos. Pero apenas entraron los agentes, los untaron con todo tipo de menjurjes y sobornos y el operativo fracasó… En un gancho inclusive los chuzaron. Menos mal fueron solamente los teléfonos”, explicó uno de los policías, que milagrosamente sobrevivió.

La capacidad criminal del lugar sobrepasaba lo sucedido en ollas como la del Bronx. Los testimonios de los agentes son escalofriantes: “A mí me salió un señor de apellido Lara, me le iba a meter aprovechando que no soy celador, pero alguien me dijo que tenía apoyo de Oneida Pinto y Kiko Gómez, capos del gancho de Cambio Radical, y me dio miedo”, confesó uno. “Yo me encontré con el senador Amín y me gritó: ‘Gata su madre’, y no crea, eso intimida”, afirmó un resocializador. “El senador Benedetti me lamió toda esta parte y ahora debo hacerme un examen”, confesó un detective. “Había un sayayín, de apellido Gerlein, que estaba echado en su curul; yo hasta pensé que lo habíamos dado de baja, pero me arrimé y el señor estaba vivo, y ahí me agarró de la solapa, me dijo que me ayudaba con unas hojas de vida, y luego se volvió a dormir –advirtió otro agente–: yo le dejé la de un primo”. “Yo perdí tres hombres por culpa del asbesto que aprobaron”, dice, abatido, el comandante.

Miembros del Esmad se intoxicaron con tamales vencidos que el senador Ñoño Elías repartió sagazmente entre las autoridades, a manera de regalo. Un contingente policial fue aplastado por la estampida de senadores que huían despavoridos para no votar la Ley de Transparencia, que los obligaba a revelar su patrimonio.

Frustrado el operativo, se frustra también la posibilidad de cualquier tipo de corrección. Esta semana se conoció que el presidente decretó un aumento del 77 por ciento en el salario de los congresistas. “Así será imposible erradicar este flagelo”, comentó un agente que prefiere dejar su nombre en el anonimato: “El mensaje del gobierno es que el crimen sí paga”.

También se conoció la posibilidad de que otorguen nueve curules para miembros de las Farc, a pesar de la protesta inicial de alias Timochenko, quien consideró excesiva semejante pena sustituta.

Sin embargo, al comprender que tendrán un sueldo de 28 millones de pesos, los miembros de la guerrilla aceptaron de mejor gana su destino: “Por la patria uno se sacrifica”, afirmó desde La Habana Pastor Alape. “Cambiaremos las armas por herramientas de trabajo, como el serrucho”, dijo Iván Márquez.

Alias Popeye, por su parte, sopesa la idea de lanzarse al Congreso. “Seguramente ingresará al gancho del Centro Democrático”, afirmó un agente que se recupera anímicamente desde la clínica de la Policía. “Y se lo merece”, concluyó.

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