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La contradicción del uribismo (Parte II)

La masa de feligreses políticos permanece sordo-ciega frente al actual 'Acuerdo de Paz', mientras frente a la Ley de Alternatividad Penal (2003) y a la Ley de Justicia y Paz (2005) permaneció sordomuda.

David Bustamante, David Bustamante
23 de agosto de 2016

El senador Álvaro Uribe declaró el 19 de julio de 2016 en "La hora de la verdad" (programa radial): “Así la Corte lo haya declarado constitucional, el plebiscito es ilegítimo y creo que todos estamos de acuerdo en que es ilegítimo”. El 2 de agosto del mismo año, sin embargo, llamó a votar ‘No‘ en el plebiscito. ¿Quién mejor que un abogado para reconocer la contradicción a la cual se suman millón y medio de personas que, como feligreses añorando el eterno restablecimiento de la parroquia del Mesías, lo siguen a ciegas como sigue el ganado al pastor en las heredades de Antioquia? ¿O se perdieron de las cartillas que durante su administración también irían a hacer parte del marco para la educación sexual en Colombia (aducidas por la ministra de educación el 18 de agosto en el Congreso de la República)? Como con el proceso de paz de 2005, tampoco alzaron la voz contra las cartillas de educación sexual de 2008. Veamos, no obstante, la contradicción más cínica, o mezquina, del odio cristalizado de esta cada vez más desaforada secta política.

Los acuerdos con las AUC vs. los acuerdos con las FARC

La Ley de Justicia y Paz (2005) en cuyo marco jurídico para la paz se desmovilizaron decenas de miles de paramilitares previó, como el actual Acuerdo General, entre cinco y ocho años de cárcel para quienes colaboraran con la justicia mediante la confesión de sus crímenes (circunstancias de modo, tiempo y lugar de crímenes de guerra y de lesa humanidad); pero únicamente después de que la comunidad internacional (Human Rights Watch, por ejemplo) criticara la pretensión original: la Ley de Alternatividad Penal (producto del Acuerdo de Santa Fe de Ralito suscrito el 15 de julio de 2003 entre el Gobierno Nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia). ¿Qué habrá contemplado esa ley para que el mundo pusiera el grito en el cielo (a diferencia de los que descaradamente hoy lo ponen en las estrellas en contra del Acuerdo)?

"Penas sustitutivas o alternativas a la pena privativa de la libertad", según se lee en los documentos; proyecto posteriormente considerado laxo sobremanera por las Naciones Unidas y su vocero Michael Frühling. A la postre, no contemplaba lo que hoy sí contempla la mesa de La Habana, Cuba: las víctimas y la reparación y la verdad que a todas luces merecen. De ahí que –en su columna "Píldoras para la memoria de Uribe"– la periodista investigadora Marta Ruiz catalogara el proyecto como: "de perdón y olvido". Sobre todo si millares de paramilitares no fueron indultados sino amnistiados (en el ‘indulto‘ el victimario sigue siendo considerado culpable pese a no pagar cárcel, mientras que en la "amnistía" el victimario pasa a ser considerado: inocente).

Ahora, sin embargo, exigen pensar en las víctimas en que ninguno pensó durante la negociación de la mesa de Santa Fe de Ralito, cuyo cese del fuego por parte de los paramilitares no fue, en modo alguno, honrado, sino traicionado una y otra vez mediante asesinatos (Marta Hernández, directora del Parque Tayrona, por ejemplo) y masacres (dos familias en La Resbalosa, San José de Apartadó, por ejemplo). Tal fue el incumplimiento que, en el informe No. 5 (2004-2005) de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) se encuentra un capítulo titulado "Consolidación del poder paramilitar en medio de la negociación", colmado de testimonios y cifras que solo provocan lágrimas (2.500 asesinatos y 40 masacres). Un breve tiempo después de haber comenzado (12 de septiembre de 2012) el proceso de paz con las FARC, sin embargo, el Centro de Recursos para Análisis del Conflicto (CERAC) y la Ruta del Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica comenzaron a registrar un desescalamiento del conflicto armado.

El descaro

Ninguno quiere perdonarle a los guerrilleros (FARC) todo lo que le perdonaron a los paramilitares (AUC). Esto se debe a las dos mentiras que, durante la administración Uribe, los medios le metieron a la ciudadanía por oído, nariz, ojo y boca: (1) Las FARC no son una organización insurgente sino terrorista (como Al Qaeda) y en Colombia no existe ni ha existido nunca un ‘conflicto armado interno‘. (2) Los guerrilleros merecen un reproche mayor al de los paramilitares porque los primeros ‘son terroristas’ o ‘más terroristas’. Les tengo noticias (no una opinión): la inmensa mayoría de masacres en Colombia corresponde a grupos paramilitares, como también los desmembramientos, las torturas y los delitos sexuales. El segundo lugar lo ocupan los grupos guerrilleros y, el tercero, el ejército nacional.

El Acuerdo General entre el Gobierno Nacional y las FARC goza de la salubridad que nunca gozó aquel entre la administración Uribe y las AUC. La masa de feligreses políticos hoy permanece sordociega mientras ayer permaneció sordomuda. No se avergüenzan y tampoco acaban de salir del clóset: todos sabemos que se trata de una simpatía hacia la ultraderecha (paramilitares) y de un odio hacia la izquierda (guerrilleros). No es que el país “se le esté entregando a los terroristas” sino a los terroristas equivocados: “Ojalá los tuviera [paramilitares] en Venezuela para salir de Maduro”, manifestó Álvaro Uribe el 22 de junio de 2016 durante la Asamblea del Tolima. ¿El líder del Centro Democrático –repito, ¡"democrático"!– no cree en la democracia como mecanismo de elección popular sino en el "terrorismo"? ¿El líder del Centro Democrático, ex presidente de Colombia y actual senador de la República al fin confesó ‘tener’ paramilitares?

Lamentablemente, mis queridos lectores, Álvaro Uribe nunca será procesado. Es un ejemplo de verdad histórica que Macondo no conocerá. Álvaro, como una vez dijera John Jairo Velásquez Vásquez (alias ‘Popeye‘) en entrevista con la presentadora mexicana Adela Micha: “Es el hombre más poderoso de Colombia; el dueño de la República de Colombia”. Hay que serlo, porque cualquier otro ciudadano colombiano con 276 denuncias ante la Fiscalía y numerosas acusaciones (testimoniales y documentales) por supuestos vínculos con el paramilitarismo ya estaría –como mínimo– pagando una pena ‘alternativa‘. Y así habla y ronca contra la impunidad; pero sigue en asecho tratando de no hacer ruidos que puedan despertar al Dios del Antiguo Testamento.

Colofón: Vale la pena preguntarse si el uribista realmente ostenta la sesera suficiente para distinguir entre Uribe y lo que este dice o hace o deja de decir o de hacer; o si, simplemente, tanto en su palabra como en su verbo, solo logra ver a un Mesías descendido del cielo como el hijo del rey David prometido por los profetas al pueblo hebreo (Colombia) para salvarlo mediante la instauración del reino de Dios (Seguridad Democrática). Ya sabemos, sin embargo, lo que trajo el debate sobre el Dios que debe venerarse para la humanidad (cruzadas) y lo que trajo la "seguridad democrática" para Colombia: "Cada año son asesinados por las Fuerzas Militares y los grupos paramilitares una cifra muy superior a las personas ejecutadas extrajudicialmente en Chile durante los 17 años de dictadura del General Augusto Pinochet", concluyó la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) de Ginebra en 2005.

* @BustamanZuleta - donquijotebustamante.blogspot.com