Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2016/04/13 18:19

Ser Pilo Paga, o discrimen de Estado

Recrudecer la restricción del acceso a un derecho inalienable podría constituir una prevaricación, como dejó entrever el Consejo de Estado en su sentencia.

David Bustamante Segovia.

La «discriminación» se define como «selección excluyente» o «trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, étnicos, religiosos, políticos o de género» (Real Academia Española). ¿De qué otra forma podría entenderse el afamado programa Ser Pilo Paga (SSP) que en adelante constituirá una política de Estado según anunció el presidente de la república, Juan Manuel Santos Calderón? ¿O no son los pilos los únicos beneficiarios del programa, es decir, el 1% de la población nacional?

En entrevista con Semana Educación la senadora Claudia López expuso con claridad cómo funciona el programa cuyo atropello la ciudadanía no tiene la instrucción necesaria para explorar. En resumen: el presupuesto nacional, suficiente para abastecer de educación a casi toda la población (Presupuesto Nacional), se dilapida cada vez más tras destinarse únicamente a la financiación de la educación de personas sobresalientes que pertenecen a los niveles I y II del Sistema de Clasificación de Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén). Personas sobresalientes en una categoría socioeconómica superior al nivel II o personas no sobresalientes en una categoría socioeconómica inferior al nivel III no tienen derecho a la educación superior (salvo sean pudientes, pero en ese caso gozan de un privilegio, no de un derecho). Estamos hablando del 85 % de la población nacional, según la Secretaría de Planeación. Si eso no es privilegiar el derecho a la educación de una ínfima minoría (sobresalientes sin recursos) a expensas del derecho a la educación (básica incluida) de una inmensa mayoría (no sobresalientes sin recursos); si eso no es un tratamiento aborreciblemente excluyente; si eso no constituye un discrimen de Estado: ¿qué es?

A este discrimen se suma otro que también hace parte del mismo programa: la financiación de las universidades privadas (que no la necesitan) a expensas de las universidades públicas (que sí la necesitan). El déficit de estas últimas es de 11,2 billones de pesos según el informe del Sistema Universitario Estatal de Colombia (2013).

El problema de la recién anunciada política pública es, no obstante, uno encima de otro: el originario. Según nuestra Constitución Política y también la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la educación es un derecho de la persona y el Estado está en la obligación de garantizarla “a todos por igual” (por necesidad lógica: implica la misma calidad). A eso que debe ser ofrecido de modo incondicional en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU) que lo establecen como una concesión inalienable (siendo inherente al desarrollo humano) el Estado colombiano le impone dos condiciones (léase "restricciones"): ser pudiente y, ahora y para siempre, también sobresaliente o, por entrar en la nomenclatura del discrimen de Estado en mención: "pilo" (según criterios de evaluación ampliamente cuestionados por pulcros expertos en la materia, como Julián de Zubiría, Víctor Manuel Gómez o María Patricia Asmar).

En virtud de la necesidad y de la ignorancia que Colombia padece, resulta sensacionalmente atractiva la consigna «Ser Pilo Paga». Las clases bajas pensarán que para gozar de un derecho universal no basta con formar parte de la especie humana: están en la obligación fabricada e injustificada de sobresalir intelectualmente. Es como garantizar el derecho a la salud solo a quienes demuestren encontrarse en un estado óptimo de salud. ¿Se hace claro el cinismo? La ciudadanía, empero, no tiene claridad sobre sus derechos o los mecanismos de acción para defenderlos; tampoco conoce el flujo de caja del Estado o cómo funciona, exactamente, el discriminador programa; no tiene, en fin, la verdad en sus manos y de ahí que acepte las limosnas que le ofrece el Estado mientras algunos se hacen cada vez más millonarios con la discriminación que ahoga la igualdad social en el abrevadero del interés privado.

Juan Manuel y Gina: regodearse hablando de Ser Pilo Paga o de la educación en general ejerciendo una práctica contraria a su naturaleza inalienable no es un ejercicio incompleto e hipócrita, sino opresor: la exclusión nos deja como siervos o campesinos medievales atados al feudalismo inamovible bajo la nobleza tirada de los hilos del rey. Por eso no cuajan las pretensiones financieras del Estado con la valoración moral de un derecho y mucho menos su caracterización ‘rifaresca’ mediante el eufemismo cínico o burlesco "política pública" (más bien "lotería nacional", y exclusiva).

¿Acaso no traicionamos los postulados éticos de la educación que establecen su gratuidad para poder ser el vivo ejemplo de un catálogo de derechos de quienes lo esgrimieron como una realidad encarnada en el registro moral e imborrable de la historia humana? ¿Por dónde se cuela entonces el discrimen que clasifica la educación como privilegio juntando poder y capricho para, como termitas hambrientas, carcomer el bienestar de un pueblo? ¿Cuál es el nombre del poder que tiene el sector privado sobre nosotros para, en razón de la defensa de la ignominia, arrastrar nuestra ética y la probidad de nuestra administración pública? Si la prevaricación (delito contemplado en nuestra legislación penal) se define como «una actuación contraria al Derecho por parte de un funcionario público a sabiendas de la arbitrariedad o injusticia de su actuación», el Estado colombiano –y el Ministerio de Educación– podría ser enjuiciado por tal motivo: recrudecer la restricción del acceso a un derecho universal dilapidando los recursos públicos.

Exclusión análoga

Siendo que el derecho a la salud no es, en modo alguno, diferente, sino también un negocio de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) gracias a la Ley 100 de 1993 –bajo la cual se produjeron 1,427,535 muertes «evitables» entre 1998 y 2011 según el informe No. 3 del Ministerio Nacional de Salud presentando ante el Congreso en 2014 por el Observatorio Nacional– la república de Colombia está en mora de declararse un «Estado privado de Negocio», no un «Estado social de Derecho» como trova la cada vez más prostituida Constitución Política con las alhajas: «democrático», «participativo» y «pluralista»; entre otros adornos aparenciales carentes de ejemplo práctico.

En 1998 ante la XIV Cumbre de Presidentes del Mercosur, el abogado y libertador sudafricano Nelson Mandela (1918-2013) expuso la idea de «democracia social» con una frase que se ha hecho célebre: “Si no hay comida cuando se tiene hambre; si no hay medicamentos cuando se está enfermo; si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan Parlamento”.

El Estado volvería a prevaricar este año, según anunció Gina en enero, habiendo prometido 227.000 millones de pesos para la segunda etapa de la lotería nacional: "Ser Pilo Paga II". Mientras con ese dinero podría financiarse la educación de más de 40.000 colombianos, el gobierno nacional beneficiará únicamente a 12.505, es decir, únicamente a los "pilos". Los demás: ‘quién les manda a no sobresalir intelectualmente’. El derecho a la educación superior en Colombia es de los dotados, como la salud y la educación básica de los pudientes.

davidbustamantesegovia.blogspot.com

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