Domingo, 22 de enero de 2017

| 2010/05/21 00:00

De la competitividad y otros demonios

El hecho de que la infraestructura no avance en Colombia responde tanto a la falta de voluntad de los gobiernos como a la ausencia total de presión o interés por parte de los electores.

De la competitividad y otros demonios

Faltando pocos días para unos comicios que prometen ser trascendentales para la historia del país, el cubrimiento mediático que se le ha dado a las campañas no ha salido del previsible ámbito novelero de una elección presidencial (que una adhesión por acá, que otra por allá, que X le dijo esto a Y y Y le respondió esto otro). Así mismo, las innumerables y fatigantes encuestas se alimentan de fenómenos electorales para parecer relevantes y dejan en un segundo plano los resultados claves.

Uno de estos resultados indica que la seguridad ya no es la principal preocupación de los colombianos a la hora de votar. La economía es ahora el factor número uno que, en teoría, guiará a los votantes al elegir a uno u otro candidato. Economía, ese término abstracto que para el ciudadano del común significa tener un puesto, estar bien remunerado y tener la seguridad de que no lo puedan despedir tan fácilmente. Ese término que lleva a los candidatos a prometer un sinnúmero de puestos en cuanto sector se les ocurre, como si la “economía” fuera algo que uno maneja desde una sala de control, como si la cola meciera al perro.

Hoy más que nunca, eso que los encuestados y candidatos llaman la economía del país depende al mismo tiempo de una oficina en Madrid, de la política cambiaria de China, de la inversión en India, de una mesa de dinero en Nueva York, de las exportaciones alemanas. Hoy Colombia no depende exclusivamente de Colombia, Carulla no compite sólo con Olímpica, la cosecha de arroz no depende del mercado interno, la inversión en Colombia no es ajena a la crisis en Grecia. El país tiene cada vez menos en sus manos su propio destino económico; lo mejor que puede hacer es dar los elementos apropiados para enfrentar ese destino. No se trata de crear empleos, se trata de estimular las condiciones para crearlos. Y en el contexto global actual, se trata de estimular la competitividad.

Desafortunadamente Colombia, y en general Latinoamérica, presenta uno de los peores índices de crecimiento de productividad. No es difícil descubrir por qué: llevar mercancía del interior del país a los puertos marítimos es casi tan costoso como transportarla de esos mismos puertos a China. Por más avances que se hagan para mejorar la productividad laboral, el cuello de botella que representa la calidad de la infraestructura en el país exprime toda ganancia que se haya obtenido a priori. Colombia no puede darse el lujo de rezagar más sus esfuerzos de inversión en infraestructura de transporte sobre todo cuando compite directamente con países como Chile, México y Perú. Estos países avanzan a pasos agigantados en la materia, y por ende poseen ya una ventaja competitiva sobre Colombia así nuestra masa laboral sea igual o más calificada.

En este sentido, el actual gobierno ha ensayado dar pasos para corregir esta brecha, pero su atención se ha centrado más en las carreteras de cohesión territorial, que si bien son necesarias y hacen parte de la obligación del Estado, al final no corrigen los problemas de fondo de la competitividad internacional. En ocho años, solo dos proyectos de gran impacto fueron adjudicados por la actual administración: la Ruta del Sol, autopista que conectará el interior del país con la Costa Atlántica, y el Aeropuerto El Dorado. De este último, mejor ni hablar.

Del primero, su proceso de licitación hizo mucho ruido en su momento, se habló bastante del interés internacional que este proyecto suscitó, y al final dos de los tres tramos fueron adjudicados con éxito, según el propio gobierno. Ahora, éxito es un término relativo. Sí, hubo interés de firmas internacionales, pero al final o éstas se retiraron o fueron descalificadas (solo quedaron una brasileña y una argentina). En uno de los tramos, sólo uno de los consorcios terminó en la carrera.

El objetivo de lanzar una licitación de este tipo no es solo ahorrarle al Estado un gasto millonario, también es transferir parte del riesgo al sector privado. El sector privado, por su parte, debe estar listo a asumir ese riesgo, y si lo acepta, no es solo porque sabe manejarlo, sino porque además posee las capacidades industriales y operativas para optimizar sus costos y proponer soluciones técnicas adecuadas. Una licitación, que por su naturaleza es una competencia, impulsa a las empresas participantes a proponer, además de financiamiento competitivo, las mejores soluciones técnicas que deben ir en beneficio del cliente final, en este caso, el usuario de la carretera.

Que una licitación sea adjudicada al único oferente o que uno de los tramos sea declarado desierto deja muchas dudas sobre los beneficios que para el Estado, y para el ciudadano, esta adjudicación trae. En últimas, se pierde el sentido de lanzar una licitación para hacer competir firmas de alto nivel si al final la decisión es tomada con base en qué papel le faltó a quién, como se vio en la recta final de la adjudicación. Evidentemente, si las carencias son esenciales para la validación técnica, financiera y jurídica del proyecto, éstas no son un simple detalle. Pero si éstas se vuelven el caballito de batalla entre los diferentes participantes, el proceso de elección bajo criterios sólidos se vuelve anecdótico y los debates alrededor de tecnicismos toman el relevo.

Si los candidatos presidenciales se toman en serio las expectativas del electorado sobre la economía, la reestructuración de proyectos de infraestructura debería ser piedra angular de sus propuestas para aumentar la competitividad del país y combatir el desempleo y la pobreza. Una estructuración sólida y equilibrada, pero lo suficientemente flexible para permitir una optimización técnica a beneficio del usuario final, debe constituir una de las prioridades del próximo gobierno. De esta manera el gobierno obtendrá una mejor rentabilidad económica de estos proyectos publico-privados, y el país gozará de una infraestructura de clase mundial que impulse la competitividad. Esto es lo que un votante consciente e informado debería esperar o es más, exigir de su candidato y no rumores sobre su salud, vida personal o las traiciones de sus aliados. El hecho de que la infraestructura no avance en Colombia responde tanto a la falta de voluntad de los gobiernos como a la ausencia total de presión o interés por parte de los electores.

* Magíster en Ingeniería de Transporte y Finanzas de la Universidad de Princeton.

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