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Opinión

  • | 2011/12/01 00:00

    De invierno, vacas y CAR

    La verdad es que las CAR no cambiaron desde la emergencia anterior, ni está claro cómo lo van a hacer.

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“La culpa es de la vaca” podría ser el título de algún libro sobre esta última “ola invernal”. Son ellas las responsables del colapso de La Línea, según algunos reportajes recientes. Y la culpa de que sus daños ambientales no se hayan controlado la tienen –otra vez- las corporaciones autónomas regionales, CAR, que ya habían sido las grandes villanas de la temporada 2010-2011.

Por supuesto que cualquiera podría preguntarse por qué nuestra famosa gestión de riesgo no fue aplicada desde el nivel central del Gobierno a la infraestructura vial, para detectar los puntos críticos en que había que evitar que ocurriese… lo que está ocurriendo. Pero no ahondemos en eso aquí, discutamos las implicaciones si realmente hay un problema grave con las CAR.

La verdad es que las CAR no cambiaron desde la emergencia anterior, ni está claro cómo lo van a hacer. El decreto 141 de 2011, con que el Gobierno modificó su régimen legal al amparo de la emergencia invernal, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. En julio el Gobierno anunció un proyecto de ley, en septiembre la Mesa de Unidad avaló trabajar en él… y hace unas semanas se anunció que queda para marzo.

Para tener impacto, hay algunos elementos de que carecía el decreto 141 y que vale la pena considerar de cara a una ley.

La exposición de motivos del decreto 141 hacía un repaso de la magnitud de los daños ocasionados por la “ola invernal” y el fenómeno de la Niña desde 2010, y en términos muy duros responsabilizaba a las CAR de al menos 5 tipos de fallas: 1) Falta de "criterio de cuenca" para la toma de decisiones 2) Falta de articulación con autoridades departamentales y municipales 3) necesidad de mayor soporte técnico para la toma de decisiones 4) falta de cumplimiento de las funciones de policía ambiental de las corporaciones "... Tal es el caso de la ocupación de rondas hídricas, desecación de humedales, canalización de lagos, desviación de cauces … sin que las Corporaciones actúen en forma contundente y ejemplarizante..." y 5) falta de un rol más activo en la gestión del riesgo ambiental.

Sin embargo, los remedios en el decreto no atendían todos esos males: efectivamente se buscó garantizar el criterio de cuenca fusionando corporaciones; y sí, se asigna a las CAR un rol importante en la gestión del riesgo ambiental. Pero habría que preguntarse primero si la sola fusión garantiza el criterio de cuenca, y cómo garantizar que no se pierda información local valiosa sobre riesgos. (La nueva ley de ordenamiento territorial se adelanta autorizando a las CAR a invertir fuera de su área de jurisdicción, en particular para proteger fuentes de agua).

Por otra parte, lo más parecido a un mayor soporte técnico para la toma de decisiones está en la reforma de los consejos directivos, a los que se incorporan representantes del Departamento Nacional de Planeación y de los organismos de investigación científica. Pero tal vez se requiera más para mejorar la capacidad científica general de las organizaciones.

La articulación con entidades territoriales no se refuerza en el decreto fallido más allá de un “rol activo” en los comités locales y regionales de prevención y atención de desastres. Es mucho más importante la incorporación de las CAR en la Comisión Nacional de Ordenamiento Territorial y las comisiones regionales para este tema que se dispone en la LOT.

Y no se aprecian hasta ahora cambios que auguren mayor efectividad en las funciones de policía ambiental.

En resumen, con excepción de dos avances muy importantes en la LOT, lo que ha propuesto el Gobierno hacia las CARs hasta ahora se queda corto frente al diagnóstico del mismo Gobierno. Para acortar esa distancia vale la pena reflexionar una vez más sobre los problemas. Por ejemplo, ¿puede hacerse obligatoria cierto tipo de estructura científica, y cierto tipo de soporte técnico para las decisiones?.

Tal vez la pregunta más importante sea: ¿Pueden realmente las CAR asumir labores de policía ambiental, específicamente en un país como Colombia?. Hace unas semanas el director de Asocars afirmó en una entrevista que la variable más importante para prevenir nuevas tragedias por el cambio climático es el ordenamiento territorial. Pero aún esa respuesta queda corta si no hay mecanismos para hacer cumplir el ordenamiento. La prevención de nuevas tragedias, y buena parte de la política de adaptación al cambio climático, dependerán de quién o quiénes asuman esa función, y de la capacidad de que se les dote para cumplirla. Se necesita poder controlar no sólo a las vacas de La Línea, sino a los deforestadores de las montañas y a los miles de personas que cada día construyen viviendas en las rondas de los ríos porque no encuentran dónde más vivir.

*Consultor en políticas públicas, profesor Universidad Externado de Colombia

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