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Opinión

  • | 2008/01/05 00:00

    De las leyes obsequiosas

    El escritor Germán Uribe dice que no hay nada que humille más a las víctimas de la violencia, que la notable avidez del presidente Uribe por arropar con ciertas características de inmunidad y un manto de impunidad a los narcoparamilitares y sus secuaces de la clase política.

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Decía hace poco Alberto Aguirre en su columna de Cromos que modificar unas leyes para beneficiar al delincuente luego de cometido un delito constituía una aberración tanto jurídica como de lógica. Y está en lo cierto. Pero, además, en relación al proyecto de ley que nos ocupa hoy, hay que decir que consideramos inadmisible y vergonzoso el excesivo afán del alto comisionado para la Paz, doctor Luis Carlos Restrepo, por dar "seguridad jurídica" a los paramilitares desmovilizados, mientras a los miles y miles de sus víctimas les es nula o esquiva ésta o cualquier otra seguridad, incluida la que tiene que ver con su misma supervivencia.

Pero vamos al grano.

Recuerdo bien que la aguda visión política de Álvaro Gómez Hurtado lo llevó en sus últimos años a hurgar reiteradamente en los términos "régimen" y "establecimiento", para señalar, entre otras cosas, la imposición de una reducida clase dirigente que, desde el poder, hace hasta lo imposible y, si necesario, "lo que fuera" por conservar su dominio, pudiendo haber sido él mismo víctima de tan desaforada ansiedad. Enjuiciaba un sistema político en manos de gobernantes rendidos al dictado de un puñado de privilegiados –esos sí conspiradores–, ostensiblemente dedicados a manipular la democracia. Y ahora, pese a mi distanciamiento ideológico con él, pero dentro de un obligado ejercicio dialéctico para saber qué piensa el contrario, releyendo textos suyos lo descubro señalando y condenando premonitoriamente a este régimen permisivo del paramilitarismo: "Ya no son necesarios los abogados, ni los procedimientos judiciales, ni la prueba –decía en cierta oportunidad–, invéntese usted un manto político y desaparecerán como por encanto, todas las leyes, todos los delitos, todos los pecados."

Y es que nada que desconcierte más a las gentes que piensan y obran de buena fe, o que ofenda más a la inteligencia, o que mine más la confianza en la justicia, o que humille de forma más destructiva a las víctimas de la violencia, que la notable avidez del presidente Uribe por arropar con ciertas características de inmunidad y un manto de impunidad a los narcoparamilitares y sus secuaces de la clase política. Ningún gobierno, por derechista y autoritario que sea, puede darse el lujo de privilegiar a los victimarios por sobre las víctimas.

Y ese despropósito de encubierto calado criminal, trazado y expuesto con elementos del más puro y funesto leguleyismo santanderista, es el que vemos que se viene incubando en nuestra vapuleada Colombia.

A raíz del desafiante interés por revestir los crímenes de lesa humanidad como actos de sedición, el Presidente, temerariamente, acusa a la Corte de prevaricadora y "sesgada ideológicamente", de poseer "una independencia relativa", y, como si fuera poco, colocándole una lápida, le endilga el papel de "poder que pretende obstaculizar el proceso de paz". Pero la Corte, con la razón y la ley de su lado, le responde inequívocamente: "Pretender que se identifiquen como sedición y delito político conductas propias del concierto para delinquir, delito común, resulta contrario a la Constitución, desconoce la jurisprudencia y contradice la totalidad de la doctrina nacional y extranjera".

Y es que la sedición, como "alzamiento en armas contra el Estado", no cabe para un grupo de malhechores que, frecuentemente socorrido e incentivado por el propio Estado, se propuso auxiliarlo cometiendo como aliado suyo todos los horrores que el país conoce.

¡Cuál sedición!

No son pocas las voces que se han levantado para impugnar y resistirse a lo que el gobierno ha venido ‘cocinando’ y que a toda costa se apresta a convertir en ley de la República. Porque su reciente fiasco, podemos percibir, ha azuzado su palmaria terquedad llevándolo muy seguramente a reincidir en ello para las extras del Congreso en febrero, o quizás en marzo para los comienzos la próxima legislatura.

A estas alturas, entonces, bien vale la pena reflexionar sobre la interpretación clarísima de Carlos Gaviria Díaz: "El mensaje es que defender al gobierno por medios atroces merece beneficios".

O justipreciar la aplastante conclusión de Alfredo Molano Bravo cuando escribe que "en Putumayo es de todos sabido que Muela Brava o Muela Dura, o como se llame el jefe de los paramilitares de una región que esconde 3.000 cuerpos en cementerios clandestinos, obligaba a sus soldados a comer del muerto para ingresar a las estructuras de autodefensa del orden establecido", preguntándose: "¿La antropofagia será considerada en adelante un acto de sedición?". Y también escuchar a Claudia López, incontrovertible, cuando afirma: "¿Desde cuándo defender el Estado es masacrar y descuartizar colombianos, asesinar contrincantes políticos y sindicalistas, jueces e investigadores, desplazar miles de familias, robarse la plata del erario y la tierra de los campesinos, crear una estructura narcotraficante y mafiosa e imponer sus candidatos a la fuerza para tomarse el poder político?"

Aquí se trata pues, con esta actitud solícita de transformar el delito común en sedición, más que de un procedimiento preferencial con la para-política y el paramilitarismo, de una bendición a la impunidad y el inicio impensable, en consecuencia, de la legitimación del crimen.

Por ello, ¿cómo no darle la razón al señalamiento contundente de Álvaro Gómez Hurtado cuando, visionario, anticipaba lo que ahora está ocurriendo?: "Invéntese usted un manto político y desaparecerán como por encanto, todas las leyes, todos los delitos, todos los pecados".

De todas formas, es bueno saber que, aunque temporalmente, es decir, hasta febrero o marzo, el proyecto de ley que propone aplicar el delito de concierto para delinquir simple a los más de 19.000 paramilitares rasos, ha quedado archivado en las comisiones primeras de Senado y Cámara, entre otras razones, por presumibles "llamados de conciencia" de algunos miembros de la bancada uribista y por una franca y escrupulosa oposición de las fuerzas adversas al gobierno en el Parlamento. Y es que su mismo ponente, el senador Hernán Andrade, lo califica como "un proyecto sumamente enredado" que ha creado "un ambiente enrarecido que genera escozor al interior del Congreso".

Ojalá este ‘escozor’ irrumpa en todos y cada uno de los congresistas haciendo por mejorarles su capacidad de discernimiento.

*Escritor
guribe@cable.net.co
Website: http://www.geocities.com/Athens/Forum/8886


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