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Opinión

  • | 2013/08/01 00:00

    De perdones y olvidos

    Es necesario abrir un debate nacional serio para llegar a un consenso sobre lo que significa el perdón, con el fin de evitar el riesgo de favorecer el olvido y la impunidad.

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En diciembre de 2012, la Corte Constitucional emitió una sentencia con la que obligaba al Ejército a pedir perdón a las víctimas de un grupo de paramilitares a los que un retén militar dejó pasar para cometer una masacre en Barrancabermeja. El hecho ocurrió en 1999 y se cobró, entre muchas otras vidas, la de Jesús Daniel Gil. 

Pese a que la sentencia era muy clara al exigir que la petición de perdón la hiciera el Comandante de la V Brigada en persona, el militar delegó la función en otro oficial, que habló en su nombre y en el del conjunto de la Fuerza Pública durante un acto llevado a cabo el pasado mes de mayo. Sarai, la hija de Jesús Daniel, aseguró que tanto ella como su comunidad lamentaban “no poder decir que (la petición de perdón) es un hecho plenamente satisfactorio por no ser un acto que surge de la voluntad o de corazón, sino que hace parte de una orden judicial”. 

Apenas una semana después ocurrió algo similar: La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, el municipio antioqueño donde el 21 de febrero de 2005 incursionó un grupo conformado por militares y paramilitares que asesinó a varios miembros de la comunidad y sus familias, se negó a aceptar las disculpas y la retractación a  las que, nuevamente, fue obligado el Estado por la Corte Constitucional a través de otra sentencia. El motivo: la ausencia súbita y, según los voceros de la Comunidad, injustificada del Presidente Juan Manuel Santos, quien delegó la retractación en el Ministro del Interior, Fernando Carrillo. 

El acto tenía por objetivo resarcir el buen nombre de la Comunidad de Paz y de los líderes asesinados, a los que el ex presidente Álvaro Uribe había señalado de ser auxiliadores de las Farc, afirmaciones con las que no sólo justificó la masacre, sino que calumnió a los habitantes de San José de Apartadó y originó nuevos y graves señalamientos. 

Recientemente, Salvatore Mancuso, ex comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia- AUC, manifestó desde su lugar de reclusión estar profundamente arrepentido y acongojado por los crímenes que él y sus hombres cometieron: “Ofrendaría mi vida –dijo en un video- para devolver la vida de todos aquellos que perdieron la vida (sic) por nuestras manos. Sin embargo, sería inútil porque, aún así, no volverán”. Pidió perdón y mil perdones más a sus víctimas y llamó al amor y a la reconciliación entre todos los colombianos.

Por su parte, los líderes de las Farc y negociadores del proceso de paz en La Habana, alias Pablo Catatumbo e Iván Márquez, anunciaron en entrevistas con esta revista que “le darán la cara a las víctimas”, pero tanto el Gobierno como la sociedad les reclaman insistentemente asumir la responsabilidad por sus crímenes, pedir perdón y abandonar su discurso autovictimizante, como confirmación de su voluntad de paz y como paso necesario para avanzar en la reconciliación y el esclarecimiento de la verdad.

En estos tiempos en los que se habla de postconflicto y  justicia transicional, a la vez que se debate la pertinencia o no del propuesto Marco Jurídico para la Paz, las palabras “perdón”, “reconciliación” y “verdad” se han convertido, entre muchas otras, en comunes. Junto con ellas, conceptos como “justicia”, “reparación” y “garantías de no repetición” cobran importancia. Aunque algunos de estos han sido definidos de manera que puedan ser implementados judicialmente, se trata de conceptos abstactos y subjetivos que, en no pocas ocasiones, generan desacuerdos.

Dice el obispo sudafricano y Nobel de Paz, Desmond Tutu, que “no puede haber futuro sin perdón. No habrá futuro mientras no haya paz. No habrá paz mientras no haya reconciliación. Pero no puede haber reconciliación si antes no hay perdón. Y no puede haber perdón si las personas no se arrepienten”. 

¿Puede considerarse auténtico y darse por válido y suficiente el arrepentimiento obligado por orden judicial, el mostrado para adquirir una rebaja de penas o calculando beneficios jurídicos o políticos? ¿Están las víctimas obligadas a perdonar, a pasar página, a olvidar y comenzar de cero? ¿Puede permitirse el país olvidar cincuenta años de conflicto? ¿Qué peticiones de perdón son exigibles y aceptables? ¿Qué se puede o no perdonar?

El concepto de perdón está tan ligado a la religión en un país de arraigada tradición católica como Colombia, que es difícil llegar a una definición desprovista de interpretaciones teológicas, justa y que satisfaga a todos. Pero es un debate necesario, sobre todo, porque hay a quienes conviene asociar el perdón con el olvido y la impunidad; sin embargo, en un contexto de conflicto tan largo, enconado y doloroso como el que ha padecido el país, sería irrespetuoso pretender que las víctimas olviden de tajo el dolor que les ha sido infligido, así como el desprecio y la estigmatización a las que han sido sometidas muchas de ellas y sus familias.

Que el perdón y la reconciliación son necesarios para que el país supere décadas de dolor y barbarie y pueda construir unos nuevos cimientos para la paz es incuestionable. Pero hay que recordar que el perdón y la reconciliación no son incompatibles con el deber del Estado de investigar, sancionar y castigar los crímenes cometidos por todos los actores armados, tanto legales como ilegales, o por quienes, por acción o por omisión, han sido cómplices de la violencia. 

Como lo afirmara María Camila Moreno, directora para Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional- ICTJ (por sus siglas en inglés) durante el Foro organizado el lunes pasado por la Revista Semana y la Fiscalía General de la Nación sobre el Marco Jurídico para la Paz, “si se quiere construir una paz sostenible, las víctimas deben tener la percepción de que se hizo justicia, de manera que se sientan satisfechas y puedan recuperar la confianza en las instituciones”.

Uno de los debates actuales más álgidos es si la justicia debe prevalecer sobre la paz o viceversa. Lo que está claro es que la justicia internacional ha puesto límites reiterando que no permitirá la impunidad que supondrían, en su concepto, figuras como el indulto o la amnistía.  Según el Presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, las víctimas reclaman más verdad y arrepentimiento de los victimarios que penas de cincuenta años de cárcel para ellos. 

Si es así, el debate puede ampliarse: ¿Deberá privilegiarse una justicia punitiva enfocada en la sanción ejemplar de los crímenes o una justicia restaurativa que intente sanar las heridas y rescatar lo que quede de humanidad en los victimarios? ¿Qué beneficios traen una u otra justicia a la reconciliación? ¿Está preparada la sociedad colombiana para el enorme reto que supone la paz? ¿Puede garantizarse que los hechos de violencia no volverán a repetirse? 

¿Están dispuestos los victimarios y sus colaboradores a arrepentirse de sus crímenes y pedir un perdón sincero y constructivo? ¿Están dispuestos a decir la verdad para esclarecer los hechos y a restituir verdaderamente la dignidad de sus víctimas? ¿Está la ciudadanía verdaderamente comprometida con la construcción de un país distinto, o seguirá endilgándole a otros una responsabilidad que también es suya?

El Informe “¡Basta ya!”, del Centro Nacional de Memoria Histórica -calificado por su director, Gonzalo Sánchez, como un memorial de agravios, pero también como un acto de compromiso con la paz de Colombia-, afirma que 220 mil personas han sido víctimas directas del conflicto armado entre 1958 y 2012. Cinco millones de desplazados internos colocan al país en el deshonroso primer lugar entre los países donde más personas huyen de la violencia para salvar su vida. La memoria es un deber. No olvidar no es un llamado a la venganza o a la retaliación ni es incompatible con el perdón: es una garantía de que tal degradación de la vida humana no sucederá nunca más.

Toda Colombia debe pedir perdón y asumir responsabilidades por acción, por omisión y por olvido, en mayor medida, los perpetradores y sus colaboradores, qué duda cabe. Pero también el Estado y el conjunto de los ciudadanos por todas las veces en que han vuelto la vista hacia otro lado. Porque una sociedad que ha decidido olvidar deliberadamente los hechos de violencia, que vive de espaldas a la triste realidad de sus víctimas y que se muestra indolente, indiferente y egoísta, se convierte en cómplice y difícilmente puede conseguir y asegurar una paz sostenible.

“Perdonar no significa fingir que las cosas no son como realmente son”, dice Tutu. “El perdón es un reconocimiento de que ha sucedido algo horrible. El perdón no significa tratar de guardar las apariencias. El perdón implica que los agraviados y los culpables de esos agravios reconocen lo sucedido y ello conlleva necesariamente una cierta dosis de confrontación. Las personas piensan a veces que no deberíamos ser ásperos. Pero en ocasiones tenemos que serlo para que los culpables reconozcan que han cometido injusticias”. Las de Desmond Tutu son, sin duda, sabias palabras.

*Consultora y periodista especializada en temas depaz y asuntos sociales, políticos y humanitarios
En Twitter: @NubiaRojasblog
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