Miércoles, 27 de agosto de 2014

Joaquín Robles Zabala

| 2013/07/19 00:00

De tragador de sapos a domador de orangutanes

por Joaquín Robles Zabala*

¿Hasta dónde está dispuesto a ceder el gobierno colombiano ante un grupo armado que pretende cambiar la Constitución del país?

El reciente fallo del Consejo de Estado que obliga a la Nación a pagar una millonaria indemnización por los abusos cometidos por las Farc durante el despeje de los 42 mil kilómetros cuadrados de San Vicente del Caguán, es apenas la punta de un enorme iceberg que pasará inadvertido para un gobierno que dirige todos sus vectores a la consecución de un propósito tan loable como es lograr que los descendientes de ‘Manuel Marulanda’ silencien los fusiles, dejen de secuestrar, reclutar niños para la guerra, traficar drogas, volar oleoductos, extorsionar ganaderos y, sobre todo, asesinar civiles. Es loable la intención después de cinco décadas de conflicto armado y un poco más de cinco millones y medios de muertos, según un informe de la revista Semana.


Pero, ¿hasta dónde está dispuesto a ceder el gobierno colombiano ante un grupo armado que pretende cambiar la Constitución del país y hacer política sin la dejación de las armas? Desde la instalación de la mesa de conversaciones en Oslo, Noruega, ‘Iván Márquez’ dejó claro que “la paz no significaba el silencio de los fusiles, sino la transformación de la estructura del Estado y el cambio de las formas políticas, económicas y militares y no [..] la simple desmovilización”. 


La vanidad, ese mal ontológico que según Morris West es nuestro pecado favorito, salió a flote como la espuma de una cerveza al ser destapada, más aún a sabiendas de que las cámaras de televisión de un centenar de medios de comunicación que cubrían el evento estaban atentas a cada una de sus palabras y gestos. Aquello parecía una fiesta de cumpleaños donde solo faltaban el confetis y las bombas de colores.


Al hombre se le veía feliz y sonriente. No como el niño con su juguete nuevo, sino como a  un adulto que estrena carro, o en su caso una Harley Davidson. Al fin y al cabo eso de hablar ante los medios no se veía todos los días. Y el presidente Santos les acababa de entregar a la organización guerrillera un enorme tanque de oxígeno para que dijeran todo lo que habían callado después de las fracasadas negociaciones del Caguán.


El primer sapo salió de la boca de ‘Jesús Santrich’, quien, ante una pregunta de un periodista durante la rueda de prensa, aseguró que las Farc no eran victimario, sino víctima del Estado colombiano. Uno puede imaginarse el revuelo de los periodistas ante esta respuesta, el murmullo de voces acumulado en el salón de conferencia del hotel Hurdalsjøen y los flashes de las cámaras iluminando el rostro del hombre de lentes oscuros que no ocultaba su regocijo ante tremenda aseveración. ¿Qué ganaban las Farc diciendo una mentira tan grande como el cerro de Monserrate? 


Para algunos analistas, aquella respuesta tenía, por un lado, una gran dosis de veneno y, por el otro, mostraba lo difícil que sería llegar a una acuerdo con los comandados por ‘Timochenko’, pues detrás de esta respuesta se ocultaba la intención de mostrarse ante el mundo como respetuoso de los Derechos Humanos y no como violadores sistemáticos de los mismos.


Pero los sapos, como los conejos en el sombrero del mago, siguieron saliendo. En la instalación de la mesa de La Habana, exigieron la presencia de alias Simón Trinidad, uno de los duros del secretariado, extraditado a los Estados Unidos  y condenado a más de 60 años de prisión por el secuestro y posterior asesinado de tres indigenistas norteamericanos. Se necesitaba, en este caso, ser extremadamente ingenuo para pensar que el gobierno del ‘imperio’ le abriría las puertas de la cárcel a un condenado por asesinar a unos de los suyos en el exterior. A


demás, a este cargo se le agregó el del envío de varias toneladas de cocaína a territorio gringo, un delito tan repudiable para justicia norteamericana como el asesinato mismo.


Luego vino una afirmación dolorosa para un grueso número de familias colombianas y extranjeras: las Farc no tenían en su poder “retenidos”, declaración que contrariaba así la  información de la Fundación Nueva Esperanza, una oenegé encargada de acopiar datos y registros de la Fiscalía y otros organismos de seguridad sobre el secuestro en el país, y que según sus fuentes la guerrilla de las Farc tenía en su poder unos 700 secuestrados, entre militares, civiles y extranjeros, de los cuales un poco más de la mitad obedecía a ‘retenciones’ extorsivas.  


Tragar sapos, como se dice coloquialmente, es el precio que  las Farc consideraban debía pagar el presidente Santos y el país para llegar a un acuerdo de paz. Pasar de las balas al Congreso, ante la imposibilidad de la toma del poder por la vía armada, es ahora el sueño de los descendientes de ‘Marulanda’. Pero para que esto se cumpla es menester cambiar algunos artículos de la Constitución, ya que la 1991 no se los permitiría. 


De ahí quizá esa terca insistencia de los voceros de la guerrilla de una Asamblea Constituyente. Pues los delitos de lesa humanidad no prescriben, y si la justicia colombiana no tiene los dientes suficientemente afilados para juzgarlos, la CPI es el organismo indicado para recordarles a los criminales que el ojo vigilante de la justicia internacional no les permitirá saltar por encima de los ríos de sangre que han bañado al país en las últimas cinco décadas. Sin embargo, para ‘Márquez’ como para sus camaradas, la CPI no puede estar por encima de la voluntad de los pueblos.


Lo que se puede evidenciar en esa propuesta, que para algunos columnistas se ha convertido en un sapo petrificado, es el temor de los miembros de la organización guerrillera a que sus crímenes no pasen el cedazo de la impunidad. Ya que un cambio de Constitución, que refrende el borrón y cuenta nueva, les podría permitir llegar al Congreso y hacer política libremente. Ese mismo miedo los ha llevado a declarar que, en un eventual acuerdo de paz, los fusiles no serían entregados, como lo hicieron sus antiguos colegas irlandeses del IRA, sino que, simplemente, se silenciarían.


Resulta absurdo pensar que un eventual acuerdo de paz no termine con la entrega de las armas. Resulta absurdo porque la política no se puede ejercer con un fusil al hombro. Tan absurdo como la respuesta recientemente dada por ‘Iván Márquez’ al publirreportaje del periodista Jorge Enrique Botero en el que afirma que “el pueblo colombiano ama a las Farc”. Tal vez esta creencia ha llevado al grupo subversivo a jugarse su posible futuro político planteando la posibilidad de una Constituyente, sin pesar siguiera que la refrendación de los colombianos podría ser su condena. E incluso su muerte política, pues “si hay algo que no existe”, escribió Borges, “es el olvido”. 


Creo que las declaraciones de ‘Iván Márquez’ al portal ‘las 2 orillas’ dejan ver lo alejado que está de la realidad del país. Dejan ver que sus propuestas nacen de las fibras de un corazoncito romanticón (como el del ‘Che’ Guevara antes de llegar a Bolivia) y no de una certeza racional. Ya lo ha dicho un gran número de expertos en resolución de conflicto que ha intentado poner su granito de arena a la solución del nuestro: la impunidad es un mal síntoma para crear democracias fuertes. Y no creo que el país, al unísono, esté dispuesto al borrón y cuenta nueva. Es decir, a perdonarles a las Farc sus crímenes. Primero porque es inmoral tanto para las víctimas como para la justicia misma. 


Segundo porque es inconstitucional. Visto de esta manera se podría pensar que detrás de la insistencia retórica de los hijos de ‘Marulanda’ por una Constituyente, esté solo el deseo de impunidad, el palito en la rueda de la democracia que no les permitiría a los miembros del Secretariado y del Estado Mayor llegar a cargos de elección popular. Tanto así que el Fiscal General de la Nación, que en sus declaraciones había defendido la posibilidad de saltar este escollo, ha echado reversa, dejando ver que la Constitución es clara en este aspecto, y que la Corte Constitución podría echar atrás cualquier mico de impunidad contenido en el Marco Jurídico para la Paz.


Pero como Colombia es un país de leguleyos, es probable que el presidente Santos en su deseo de lograr la anhelada paz, no solo se convierta en un experto tragador de sapos, sino también en un maestro circense domador de orangutanes.  


*Profesor de comunicación y literatura de la Universidad Tecnológica de Bolívar. 

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