De vuelta al pasado

Lo más probable, para infortunio nuestro, es que la aplanadora de la Unidad Nacional termine aprobando la reforma al fuero penal militar y acabe sucediendo lo que vaticinaron todos los organismos y ONG internacionales desde la ONU, la CIDH hasta Human Rights Watch: que a los militares que incurran en falsos positivos no los va a investigar la Justicia ordinaria como sería lo lógico sino la Justicia penal militar. Este nuevo fuero les da un cheque en blanco a los militares para que hagan la guerra sin responder por atropellos a los derechos humanos y refuerza la tesis de Plinio Mendoza y de Fernando Londoño quienes vienen sosteniendo que esos señalamientos son un despropósito del tamaño de la catedral y una ofensa inaudita a un Ejército que está siendo injustamente perseguido por cumplir con su deber.

Bajo este nuevo fuero militar, en el que se integran todos los delitos contra el DIH, los bombardeos indiscriminados, la guerra sin cuartel y los asesinatos a periodistas como el de Jaime Garzón podrían ser de conocimiento de la Justicia penal militar. Además de que los militares acusados o condenados por falsos positivos en la Justicia ordinaria puedan pasar a la Justicia penal militar por cuenta del principio de favorabilidad.

Este nuevo fuero militar no solamente es un retroceso en el tema de los derechos humanos, sino una ventana a la impunidad. La posibilidad de que los militares que hayan cometido o que cometan falsos positivos queden impunes es mucho más alta si son investigados por la Justicia penal militar. No hay que olvidar que fue precisamente por los altos índices de impunidad en la Justicia penal militar que el país en buena hora terminó reformando el fuero que permitió que delitos como el de los falsos positivos fueran de conocimiento de la Justicia ordinaria.

Si los militares y la ultraderecha son los que ganaron con este fuero, quienes más pierden son las víctimas de los agentes del Estado y la democracia. Y quienes peor quedan ante estas víctimas, son los liberales. A ellas el gobierno de Santos las dejó al garete. A las madres de Soacha que vieron morir a sus hijos, a las madres de los campesinos que murieron en el Norte de Santander, en Santander, en la Costa. A todas ellas este gobierno y su Unidad Nacional les dieron la espalda.

Nadie entiende que de un lado hagan marchas como la que hicieron este sábado en Puerto Asís a favor de las víctimas, pero del otro se quedan callados y bajen la cerviz a la hora de aprobar una reforma como esta que es un duro golpe a las víctimas. Como van, van a terminar dándole la razón a Lucho Garzón de que el Partido Liberal está metido en el tema de las víctimas por un asunto meramente electoral y político. El día en que las víctimas se den cuenta de eso, el Partido Liberal no solo se va a quedar sin la L sino sin la P.

Por donde se vea, esta reforma es una vergüenza que nos va a costar a todos. Y aunque el gobierno insiste en que eso no va a pasar y en que se están tomando todas las medidas para evitar que eso suceda, la realidad es que todo está montado para que los militares no sean investigados por la Justicia ordinaria cuando cometen atropellos a los derechos humanos.

Evidentemente, los militares ganan con esta reforma a su fuero, pero también pierden en la legitimidad que habían ganado en estos últimos años en que se dieron avances importantes en el tema de los derechos humanos y en los que por primera vez la justicia ordinaria empezó a investigar y a condenar a los militares que le fallaron a su uniforme. Es una lástima que hayamos retrocedido a épocas aciagas, de las que pensábamos que ya habíamos salido.