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Opinión

  • | 2012/11/09 00:00

    Debate a la Contraloría

    La Contraloría debe hacer vigilancia integral a la gestión, a sus resultados y a los alcances ambientales de las decisiones de funcionarios, contratistas y concesionarios.

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El debate al control fiscal de las últimas semanas es muy de fondo: ¿Quiere el país control fiscal? Como Auditor General de la Contraloría hace dos años tuve que poner en evidencia la inoperancia del sistema de control fiscal. Hoy, ante las críticas y reconocimientos a la gestión de la Contralora Morelli, es sano recordar el marco de acción del control, y a la vez, sus límites y retos.

Fortalecer el control fiscal fue uno de los ambiciosos proyectos que promovieron los constituyentes de 1991, Alfonso Palacio Rudas, entre otros. Pretendieron transformarlo porque estaba asociado con al clientelismo. La fórmula constitucional se resume así: Mas control técnico e independiente y menos coadministración; la Contraloría se asociaba con la corrupción.

El marco de acción del control siglo XXI va mucho más allá de la revisión de una cuenta, cheque o conciliación contable. El Contralor no es comparable con el contador, ni con el revisor fiscal de las sociedades privadas. La Contraloría debe hacer vigilancia integral a la gestión, a sus resultados y a los alcances ambientales de las decisiones de funcionarios, contratistas y concesionarios.

Las competencias que ejercen los funcionarios de las Contralorías superan los análisis numéricos. El mandato constitucional les confiere: Valorar las decisiones en una perspectiva económica, relacionada con sus costos y racionalidad; en una perspectiva de eficiencia, asociada con su oportunidad; y por último, la perspectiva de efectividad, es decir, si cumplen con las finalidades de un plan de desarrollo, una política pública o un proyecto de inversión.

Para que este ambicioso proyecto de control fiscal operaran la Constitución dotó de amplios poderes a los Contralores: Establecer la responsabilidad fiscal y patrimonial de quienes ocasionen daño al erario, con sus respectivos embargos, imponer multas y suspender funcionarios, verdad sabida y buena fe guardada. Estas son las medidas que infunden temor a los funcionarios y particulares.

Para moderar esos medios de control, extremos, que valga decirlo son tan radicales que han sido de una inoperancia vergonzosa, porque, pocas responsabilidades fiscales están hoy en firme; los Contralores han dosificado las crueles medidas de control con la función de advertencia y el control fiscal posterior, pero en tiempo real. Es decir, se hace un pronunciamiento de control tan oportuno que permite corregir y que no es obligatorio.

Caso paradigmático de las advertencias es la fallida venta directa de Telecom a Telmex, por cuenta de la cual, el Presidente de la época optó por hacer una previa valoración de la empresa y una subasta, gracias a esa oportuna acción de control el mayor valor de utilidad para el Estado superó los 600 millones de dólares. Cabe preguntarse: ¿Lo correcto era esperar la venta directa de Telecom sabiendo que era antieconómica y una vez que Telmex tuviera la propiedad de la compañía y luego abrir proceso fiscal al Presidente? Creo que no.

El control fiscal en tiempo real ha operado en la Ola Invernal. El Presidente asigna 4 billones para ser ejecutados en régimen contractual privado y con el concurso de las entidades territoriales. Muchos pronosticaron que esas recursos se los iban a robar. La Contraloría implementa el control posterior especial, una semana después, se le llama en tiempo real, no se coadministra, pero semana a semana se advierte, se citan audiencias, sin fuerza vinculante, pero se dan derroteros de cuidado. Resultado, una ejecución que hoy supera el 90%, por miedo o por convicción los contratistas están cumpliendo.

Y los límites: 1. Actuar con parámetros técnicos y rigurosos. 2. Evitar que los debates sean ideológicos. 3. Inmunizar el aparato de control del clientelismos y la corrupción. 4. Aceptar que la Contraloría también se puede llegar a equivocar. 5. Tomar decisiones, tener presente que la razón última del control está en la justicia porque toda actuación de control es demandable ante los jueces, por lo tanto, el curso del control no puede detener la marcha de la administración.

Ciertamente las acciones de control pueden generar parálisis, es más, a veces ese es el objetivo de una medida de la Contraloría truncar una política corrupta, evitar una venta, cerrar el paso a una concesión ilegal o indebida, inducir la liquidación de una entidad; pero a la vez las nuevas modalidades de control aquí expuestas, tienen por definir los medios de finalización o cierre, y ahí se debe actuar con mayor determinación.

El debate ya no es asociar a la coadministración como elemento del clientelismo o la corrupción. Es mucho más que eso. El control fiscal de la Constitución de 1991 está en plena vigencia y a quien más retos y rigor le impone es a la propia Contraloría, es posterior y en tiempo real; gustenos o no, así lo imponen las tecnologías y la auditorias modernas que se pueden hacer en una semana; ese es el control en la dimensión de 1991, el tema central no es la Contralora, es que si el Estado quiere otro modelo de control, reforme la Carta.

En reto es desarrollar acuerdos institucionales y de gestión entre el ejecutivo y la Contraloría, técnicos, no complacientes ni arbitrarios, en el marco de la independencia de la Contraloría para que el carácter técnico de este organismo no sea perturbado, como tampoco la autonomía del gobierno que puede allí encontrar fuentes orientadora del buen gobierno.
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