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Debate innecesario e inoportuno

El presidente del Congreso no debe permitir que se forme un zafarrancho con el debate que se pretende adelantar en la Comisión II, puesto que ya fue negado en la plenaria del Senado.

Uriel Ortiz Soto, Uriel Ortiz Soto
9 de agosto de 2014

Permitirlo, sería ir en contra de los principios de la ética parlamentaria, y aceptar que las comisiones del Congreso son ruedas sueltas que pueden hacer lo que les viene en gana, contrariando las decisiones tomadas en plenaria por la máxima corporación legislativa.

Pero también hacer un debate de control político varias décadas después de ocurridos los hechos, es abrir las heridas de una sociedad que tiende a polarizarse con lo que ha debido hacerse en su momento, y que ya cogió las instancias judiciales, donde los ciudadanos que se consideren víctimas, podrán hacer valer sus derechos dentro del proceso. 

Si bien el artículo 137 de la Constitución Política permite que cualquier comisión permanente puede hacerlo, para el caso que nos ocupa ya fue negado en una instancia superior, es decir: por el Senado en pleno, como lo registraron diferentes medios de comunicación, que fue por mayoría. La máxima corporación legislativa del país consideró que el debate de control político que ha pretendido adelantar el senador Iván Cepeda, contra el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, no era oportuno, ni viable bajo ningún punto de vista. 

Consultados diferentes medios de opinión sobre tal determinación, el país aceptó, puesto que se veía venir un maremágnum que pretendía poner nuevamente en entredicho la seriedad del Congreso de la República, que debe dedicarse a legislar sobre asuntos de vital importancia, de los cuales estamos más que urgidos todos los colombianos. 

Los senadores que en su momento lo votaron negativamente, deberán hacer valer también su voto y no permitir que se pisotee su dignidad parlamentaria por una instancia inferior, como lo quiere hacer la Comisión segunda, pero, ahondando mas en este tema: sucede que quienes votaron negativamente en la plenaria y después lo hicieron positivamente en la Comisión Segunda, han incurrido en el delito de prevaricato y por ende, son sujetos de demanda por pérdida de su investidura ante la Corte Suprema de Justicia.  

Por consiguiente, el debate que el senador Cepeda, pretende hacer al expresidente y senador Uribe es desde todo punto de vista innecesario e inoportuno, innecesario, puesto que ya han transcurrido varios años y son los jueces de la República quienes tienen la última palabra; además, inoportuno, puesto que, sería sacar episodios que en su momento fueron debatidos y hacerlo de nuevo, no es más que polarizar el país, en torno a un tema que dadas sus implicaciones, tendría serias consecuencias para el proceso de paz.

La verdad jurídica, está plasmada en los expedientes de los diferentes estrados judiciales, si tantas ganas tiene el Senador Cepeda que se haga justicia, como senador de la República le asiste todo el derecho de nombrar un grupo de abogados a través de la unidad legislativa para que hagan seguimiento a los respectivos procesos judiciales donde aparece implicado según él, el expresidente y senador Uribe.  

No es nada serio para nuestra democracia y para la buena imagen de la máxima corporación legislativa, que después de haberse negado en plenaria el debate de control político, ahora se quiera revivirlo a través de una célula legislativa, como lo es la Comisión Segunda, que para su ejercicio y funcionares, tiene temas totalmente distintos a los que pretende debatir, ajenos a su incumbencia y funciones legislativas.

Permitir que la Comisión Segunda del Senado haga este debate, es como admitir que una resolución derogue una ley de la República, o un juez promiscuo municipal un fallo de su superior jerárquico. Considero que las cosas hay que ponerlas en su sitio y si el senador Cepeda tiene tantos deseos de hacer alardes políticos por los delitos que hubiese podido cometer el senador Uribe, como gobernador de Antioquia y finalmente como presidente de la República, que acuda a la Comisión de ética o de acusaciones y a las instancias judiciales.

Permitir este debate no es más que sembrar el germen de una polarización, que con el transcurrir de los años ya se obnubila en el tiempo y en el espacio, sin que esto, claro está, vaya en menoscabo para que la justicia se pronuncie sobre cada caso en particular. 

El país no lo podemos seguir polarizándose con odios y venganzas del pasado; sobre la presunta participación del Senador Uribe, en actividades del paramilitarismo, es mucho lo que se ha escrito, hablado y debatido, y en este caso, son los jueces de la República quienes tienen la última palabra. El país ya está cansado de ver respirar odios y rencores sobre hechos que ya han surtido en su momento serios y contundentes debates. 

Considero que para frenar estos abusos, que en el futuro podrían presentarse, el Congreso de la República debe reformar la Constitución Política, sobre los debates de control político, que finalmente a nada conducen, pero si son una perdedera de tiempo tanto para los legisladores como para los funcionarios del alto gobierno, que muchas veces para evitar sanciones, tienen que concurrir a escuchar las sandeces del congresista de turno, que lo único que hace es pavonearse ante las cámaras  de televisión, pero sin ninguna esencia de verdad jurídica y administrativa relacionada con los temas de citación.

No hay que negar, que son necesarios, pero en su momento, por eso requieren con urgencia  reglamentación muy coherente en relación con la gravedad de cada caso.

urielos@telmex.net.co
urielos@hotmail.es

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