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Opinión

  • | 2012/10/08 00:00

    Decálogo de la impunidad

    El Marco para la Paz es un acto legislativo que revictimiza a los afectados por los crímenes de lesa humanidad., 266050

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El gobierno del presidente Juan Manuel Santos consiguió que el Congreso de la República reformara la Constitución con el llamado Marco Jurídico para la Paz. Ese acto legislativo es un marco de impunidad que revictimiza a los afectados por los crímenes de lesa humanidad y de guerra de las FARC, el ELN, las AUC y agentes estatales. En esa medida, es también un estímulo a la repetición de los crímenes y a la continuidad de la violencia.

El Marco se tramitó en el Congreso al tiempo que se adelantaban negociaciones secretas en Cuba entre delegados del gobierno y del grupo terrorista de las FARC.

Organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos y autorizadas voces provenientes de la academia y de diferentes sectores políticos y sociales están en alerta por lo que se anuncia como un proceso de impunidad generalizada de crímenes atroces.
 
Mientras tanto los padres del esperpento, funcionarios gubernamentales y congresistas como Roy Barreras y Alfonso Prada, insisten en mentir a los ciudadanos señalando que no existirá impunidad. Los siguientes puntos contribuyen a mostrar el verdadero alcance del Marco Jurídico para la Paz:

1. Los perpetradores de los más espantosos crímenes, como el secuestro, el asesinato, las masacres, el desplazamiento, la tortura, la desaparición forzada y los carros bomba, cuyo caso no sea seleccionado para ser investigado judicialmente, que serán la mayoría, jamás serán juzgados y nunca pagarán un solo día de cárcel en Colombia. Sólo serán sancionados con pedidas públicas de perdón y trabajo comunitario.

2. Quienes estén presos y condenados por esos mismos crímenes podrán beneficiarse de la suspensión de la ejecución de la pena. Podrían ser excarcelados sin consideración al tiempo cumplido y favorecerse también con el cese de los procesos judiciales en su contra.

3. Los máximos responsables, que en principio serían los jefes terroristas, si bien podrán ser investigados judicialmente se beneficiaran con la suspensión de la ejecución de la pena, sanciones extrajudiciales, penas alternativas o modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la pena, es decir, no pagarán pena efectiva de prisión. Los que hayan perpetrado crímenes de lesa humanidad pero no sean condenados serán elegibles a la Presidencia de la República y al Congreso. Es peor en el caso de criminales de guerra que aun siendo condenados pueden eventualmente llegar a ocupar cargos de elección popular.

4. Garantiza impunidad. No se investigará ni sancionará penalmente a integrantes de las FARC, el ELN, las AUC y a agentes del Estado, respecto a crímenes pasados, presentes y futuros, con lo que se contribuye a crear un ambiente favorable a la impunidad que se traducirá en más crímenes. Es en la práctica una licencia para cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad, siempre y cuando el “conflicto” subsista.

5. Viola los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos y la obligación del Estado de cumplir de buena fe los tratados. En contra del derecho internacional sustituye la persecución penal a los criminales de lesa humanidad y de guerra con mecanismos no judiciales de verdad y sanciones simbólicas a los perpetradores.

6. Por sus efectos el Marco Jurídico para la Paz es una amnistía disfrazada. Incompatible con las obligaciones internacionales del Estado colombiano y con la jurisprudencia constitucional e interamericana respecto a crímenes atroces.

7. Deniega el acceso al aparato judicial y anula el derecho subjetivo de las víctimas a que se investigue, juzgue y condene judicialmente a la inmensa mayoría de victimarios. El familiar de una persona asesinada o secuestrada no podrá acudir a la justicia para que se condene al victimario, ni tampoco para reclamar judicialmente reparación o establecer la verdad si su caso no fue seleccionado para ser investigado por la Fiscalía. Negar a las víctimas el acceso a los jueces y tribunales en los casos frente a los cuales el Estado haya renunciado a la persecución penal implica que tales víctimas sean discriminadas en sus derechos a favor de los victimarios.

8. En los casos de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH donde se renuncie a la persecución penal, que son la mayoría, la verdad que se conocerá, a través de los mecanismos no judiciales que se establezcan, es sólo la versión del supuesto perpetrador y se concentrará en la verdad general y no en las situaciones concretas que constituyeron la violación o infracción.

9. Fomenta la continuidad de la violencia al enviar el mensaje a las guerrillas de que pueden seguir indefinidamente cometiendo crímenes atroces porque ya tienen la impunidad garantizada. Transmite un mensaje pernicioso a la fuerza pública, que puede terminar fomentando violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, con la certeza de impunidad asegurada.

10. Da impunidad a militares y policías que violan los derechos humanos e infringen el Derecho Internacional Humanitario, al tiempo que rompe la cohesión de las fuerzas armadas y fomenta falsas acusaciones y montajes en su seno, con la promesa de cero cárcel para los menos responsables. Los llamados “falsos positivos” quedarían en la impunidad.

La reforma a la Constitución para garantizarle a autores de crímenes atroces impunidad abre las puertas a la Corte Penal Internacional y el “juzgamiento pasaría a convertirse en un teatro en el mejor de los casos” como señaló José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch.

Es el mayor triunfo de la criminalidad en Colombia. Constitucionaliza un nuevo derecho en la democracia: el derecho a ejercer la violencia y destruir, sin límite, la dignidad humana, siempre y cuando se invoquen razones políticas.

Tienen razón las víctimas al reclamar un espacio en la mesa de negociación. Saben que al gobierno no les importan sus derechos y que no las representan. ¡Muy triste! ¡En vez de velar por las víctimas les preocupa más dar garantías jurídicas a los victimarios y blindarlos ante la Corte Penal Internacional! El precio de la paz que quieren imponer no puede ser la revictimización y la impunidad. Ojalá en Cuba no olviden los “plenipotenciarios” que la dignidad humana y el respeto a los derechos son la base de un orden justo y de una verdadera paz estable y duradera.

*Profesor universitario. Exviceministro de Defensa. Autor del libro Paz Justa.
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