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Opinión

  • | 2008/11/01 00:00

    Decisión valiente, pero tardía

    La reiterada ocurrencia de estos casos revela problemas muy graves en el interior de las Fuerzas Militares: de comando, de control y de doctrina

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Valerosa y necesaria la decisión del gobierno nacional de retirar 27 miembros del Ejército, presumiblemente vinculados a violaciones graves de los derechos humanos. No hay antecedentes de una decisión de tanto alcance tanto por el número como por los grados de los militares involucrados, en relación con ese tipo de delitos.

Encomiable medida que demuestra un compromiso decidido con la transparencia y el honor militar. Pero tardía. La decisión fue precipitada por la enorme conmoción que provocó el caso de los muchachos de Soacha asesinados. Pero casos similares habían venido ocurriendo a lo largo y ancho del país durante varios años, sin que se hubiera adoptado una medida tan radical y necesaria como la que se tomó ahora. Por eso es lícito preguntarse si de no haber sido por el caso de Soacha se habría tomado ahora la misma decisión. Y la respuesta negativa es muy desalentadora, si tenemos en cuenta que los 11 asesinados de Soacha son apenas una gota en un mar de sangre de más de 500 jóvenes asesinados en condiciones más o menos parecidas.

La reiterada ocurrencia de estos casos revela problemas muy graves en el interior de las Fuerzas Militares: de comando, de control y de doctrina. De comando, pues es inaudita la complacencia o la ignorancia de los comandantes de las unidades militares mayores y menores frente a la masiva ejecución por parte de sus subordinados de este tipo de crímenes en sus propias narices. De control, porque ni el inspector general de las Fuerzas Militares ni el inspector del Ejército tomaron tempranamente cartas en estos asuntos, y con su negligencia permitieron que se generalizara ese tipo de delitos; y ni hablar de la contrainteligencia, que nunca descubrió ni denunció los pactos criminales entre los militares corruptos y las narcobandas para realizar esos asesinatos. Y de doctrina, por cuanto la que está vigente en relación con los derechos humanos es teóricamente impecable, pero existe un sistema de recompensas monetarias cuya descontrolada aplicación ha ido totalmente en contravía de esa doctrina institucional; adicionalmente, esa doctrina no ha sido asimilada en su integridad por la totalidad de la tropa: para muchos militares la capacitación en derechos humanos es sólo un requisito académico para darles gusto a las ONG, los derechos humanos son para violarlos pero sin dejarse pillar, y (escudados en el hecho cierto de que no toda la población civil es inocente en las zonas de combate) consideran que todo civil es un enemigo que se puede lícitamente eliminar.

Agravar estas situaciones han contribuido a las absoluciones sumarias e instantáneas por parte de algunos altos mandos militares a sus subordinados en casos tan impactantes de violaciones de derechos humanos como los de Cajamarca y San José de Apartadó. Esos fueron mensajes muy perniciosos que difundieron la idea de que todo vale en la lucha contra los grupos irregulares. Fueron, en consecuencia, oportunidades perdidas para haber enviado oportunamente mensajes contundentes de cero tolerancia a las violaciones de derechos humanos, tal vez por el falso e inconducente temor a afectar la moral de la tropa.

También ha sido muy negativa la persistencia de ciertas bonificaciones -como los días de permiso- a quienes presenten bajas, incentivos que también van en contravía de la doctrina definida por el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, que prefiere un desmovilizado a un capturado y éste a una baja. Ese tipo de recompensas ha contribuido a la supervivencia de la cultura del 'conteo de cuerpos' que estuvo vigente por décadas dentro de las Fuerzas Militares, y que, como todo cambio cultural, es difícil y prolongado de erradicar.

No deja de ser paradójico que esta escalada de 'falsos positivos' se haya producido precisamente en el momento en que casi todos los grupos paramilitares se han desmovilizado y la guerrilla se ha reducido a una fracción de lo que era antes. Con esos enemigos en declive, la corrupción y el narcotráfico son las amenazas ascendentes para las Fuerzas Militares. Ellas están en el origen de muchos de esos crímenes. Finalmente, hay que reconocer que la frecuencia de esos asesinatos de jóvenes no se puede cobijar con el manto de 'casos aislados', así el número de los militares implicados sea un porcentaje pequeño dentro de las Fuerzas Militares. Esos casos son síntoma inequívoco de que todavía hay graves problemas estructurales dentro de nuestras queridas Fuerzas Militares.
 
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