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Opinión

  • | 2007/12/22 00:00

    ¿DEFECTOS DE CARÁCTER O POLÍTICA MALICIOSA?

    Hay una política sistemática de descrédito del gobierno en el exterior y de posicionar políticamente a las farc

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Esta hora del jueves, cuando debo entregar esta columna, Piedad Córdoba no había revelado el nombre del "alto funcionario del gobierno" que, según ella, habría ordenado asesinarla en Caracas. En cambio, Juan Manuel Santos, objeto de incesantes rumores, había emplazado públicamente a la senadora para que aclarara de una vez por todas si el funcionario al que se refería era él. Aunque a su llegada a Bogotá?

Piedad no ha confirmado que Santos sea la razón de su ira, tampoco lo ha desmentido.

Es verdad que la senadora nos tiene acostumbrados a su ligereza verbal y a sus señalamientos. Antes había sugerido que la desaparición de su hija era responsabilidad de sus enemigos y con ello concitó nuestra solidaridad. Después se supo que la jovencita se había ido de casa como resultado de una desavenencia familiar que, por fortuna, parece haber sido resuelta: ya está de nuevo en su hogar. Más tarde, en una conferencia en México coauspiciada por las Farc, sostuvo que el presidente Uribe era un asesino, y su gobierno, uno de paramilitares. Y hace poco afirmó que la fuerza pública había escondido las pruebas de supervivencia de 16 de los rehenes del grupo terrorista. Tuvo que ser el abogado de los guerrilleros detenidos, con las evidencias, quien la desmintiera y confirmara que su captura se había producido en la fecha y las circunstancias que el gobierno diera a conocer.

Pero la acusación de ahora es de gravedad extrema, quizás aun mayor que las anteriores. Se trata de sostener que, desde el más alto nivel del gobierno, el Ministerio de Defensa o cualquier otro, se está planeando un crimen de Estado. Un crimen que tendría por objetivo a quien antes el Presidente mismo dio autorización para facilitar la liberación de los secuestrados y quien a partir de ello consiguió una figuración, una interlocución y un apoyo internacional que de otra manera nunca habría logrado. Un crimen que, además, se ejecutaría en Venezuela, con el ánimo de dañar aun más un clima binacional que ya está suficientemente enrarecido.

Las declaraciones de Piedad confirman la magnitud del error de juicio al designarla facilitadora. Dicen algunos que sus nuevas declaraciones son resultado de su ingenuidad o de su paranoia. Yo no lo creo. De lo primero no tiene nada. La senadora es ladina como pocas y lo ha demostrado hasta el punto de que hay quien la acusa de ser artera. Paranoica seguramente es -todos tenemos nuestros miedos y en ocasiones tienen fundamento-, pero eso no la excusa de sus deberes ciudadanos de denunciar el delito y abstenerse de difundir la peor de las especies. Acusar como acusa no es conducta franca ni frentera, sino irresponsable y calumniosa.

Confieso que si antes creía en su buena fe y le daba el beneficio de la duda cuando se abrazaba con 'Raúl Reyes' e 'Iván Márquez', les recibía flores a las Farc y se ponía su boina, hoy creo que sus intenciones son aviesas. Si, como dijo ella, buscaba "no generar un escándalo en el país", consiguió lo contrario y mucho más. Creo más bien que se trata de una política sistemática de descrédito del gobierno colombiano en el exterior y de posicionar políticamente a las Farc. La acusación de la senadora no se puede leer ni entender sino en conjunto con las declaraciones de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, haciendo aspavientos de su hermandad con el "querido comandante Marulanda", y con la reciente ofensiva verbal contra Uribe desde Caracas. Y no me refiero a las declaraciones contra el Presidente de parte de algunos de los familiares de los secuestrados, con seguridad también planeadas y no espontáneas, porque, esas sí, son resultado de la manipulación de su angustia y su dolor de víctimas. Por oposición, sin embargo, sea el momento para reconocer la entereza, la hidalguía y el valor de la señora madre de Clara Rojas. ¡Qué ejemplo de decoro y dignidad!

La obligación de Córdoba es poner de inmediato la denuncia a la Fiscalía y frenar la especulación que sus declaraciones han desatado, con daño ya irreparable a la reputación y la imagen del país en el exterior. De paso, deberá dar la fuente de su "información" que, supongo yo por el contexto y por la referencia a la capital venezolana, serán organismos de inteligencia del país hermano. Su inculpación genérica es intolerable y abiertamente perniciosa. Si tiene pruebas, que las ponga a disposición de los organismos de justicia. Si no, que rectifique. n
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