Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

Opinión

  • | 2017/07/19 15:04

    “El pueblo soy yo”: el Congreso. “El pueblo soy yo”: Maduro.

    Dejemos a la Corte Constitucional cumplir libremente, independientemente, con su deber de defender la supremacía y la integridad de la Constitución.

COMPARTIR

Se ha criticado inmisericordemente al magistrado Carlos Bernal por haber cumplido con su deber según su leal saber y entender al votar positivamente la declaratoria de inexequibilidad de los literales h) y j) del artículo 1° del A.L.1 /16, declaratoria que le devolvió al Congreso ciertas facultades que le habían sido cercenadas innecesariamente pues la paz tiene mayorías en las Cámaras.

La acusación, que habla muy mal de sus críticos y muy bien de Bernal, es la de que supuestamente no fue leal con el Gobierno que lo postuló y los senadores que lo eligieron. Pero es que su obligación no era esa, ni lo es ahora, ni puede moral y jurídicamente serlo nunca. Su compromiso es con “la integridad y supremacía de la Constitución”. Y solo con ella.

Su deber jurídico y ético es aplicar el a.4 de la C.P. según el cual “La Constitución es norma de normas”. Y a menos que queramos que la Carta se convierta en un rey de burlas, en una ‘Constitución semántica’ que sirva para fortalecer y ampliar el poder de los gobernantes en vez de limitarlo, el tratadista de derecho público y ahora magistrado Bernal merece reconocimiento de la sociedad colombiana, que prefiere tener Constitución en tanto que norma de normas y no un simple disfraz al servicio del poder.

Entiendo que la crítica feroz de que ha sido objeto tiene por misión amedrentarlo a él y a los otros integrantes de la Corte Constitucional, para que no disciernan, para que no se sientan libres de fallar conforme ellos entienden la Constitución sino para que dicten sus sentencias conforme a las aspiraciones del señor Jesús Santrich, por ejemplo.

La Corte Constitucional tiene la prueba de fuego de defender la tutela contra sentencias judiciales. Hay un precepto, en mi opinión, evidentemente inconstitucional en el A.L.No.1/17:

“El fallo de tutela podrá ser revisado por la Corte Constitucional de conformidad con las siguientes reglas: La decisión sobre la selección del fallo a revisar en tutela será adoptada por una sala conformada por dos magistrados de la Corte Constitucional escogidos por sorteo y dos magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. El fallo será seleccionado si los cuatro magistrados votan a favor de la selección”.

Es un texto incompatible con lo previsto sobre el mismo punto en el a.86 de la C.P. que coloca en manos de la Corte Constitucional y solo de ella la decisión sobre la “eventual revisión” de las sentencias de tutela.

El tema no es la oposición entre los dos textos. El tema es que la tutela es un derecho constitucional fundamental y el acto legislativo No.1/17 afecta el contenido esencial del mismo al darle a la JEP la posibilidad de bloquear cualquier intento de que la tutela llegue a consideración de la Corte Constitucional.

Dice un famoso tratadista de derecho alemán:

“El Tribunal Constitucional Federal (Bundesverfassungsgericht) se ha unido a la teoría iusnaturalista al haber reconocido una jerarquía o escala de valores en las normas constitucionales de la Ley Fundamental, y con ello unos límites inmanentes y no articulados impuestos a toda reforma constitucional. El ámbito en el que se suelen producir estos conflictos en torno al contenido ideológico fundamental de una Constitución suelen ser, en la mayor parte de las veces, los posibles casos de aplicación de los derechos fundamentales. Construyendo un caso extremo, ¿sería anticonstitucional si el legislador constitucional hiciese una excepción formal del principio de igualdad preceptuado en el artículo 3 de la Ley Fundamental –insertando en dicho artículo un párrafo 4– al establecer que dicho principio no regiría para los pelirrojos?... una norma constitucional de este tipo estaría tan en contradicción con el principio de igualdad y contra los sentimientos de la abrumadora mayoría del pueblo… que en este caso habría que hablar de una anticonstitucionalidad inherente de prima facie”. (Karl Loewenstein, Teoría de la Constitución, Ediciones Ariel, 1.970, p. 193)

Es lo que sucede con la excepción que se quiere establecer al derecho constitucional fundamental de la tutela. Se trata de una inconstitucionalidad “inherente de prima facie”.

Cómo ha hecho de falta para tener un proceso de paz más exitoso Carlos Bernal en la corte. Con magistrados de excepción como él no se habría, probablemente, aprobado el Plebiscito que sometió a las urnas la paz firmada con las Farc, con el argumento de que la firma de esa paz no tenía nada que ver con el a.22 de la C.P. según el cual la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

Se corrió allí un riesgo innecesario y la paz con las Farc quedó herida de muerte pues el propio presidente había dicho que la alternativa al “Sí” era la guerra. El premio nobel de paz fue factor decisivo para reanimarla y, desde luego, su habilidad para incorporar al Acuerdo algunas normas sugeridas por quienes lo combatieron.

¿Y qué decir del fast track? La norma sobre vigencia del mismo dice: “El presente acto legislativo rige a partir de la refrendación popular del Acuerdo Final”… El Congreso resolvió ocupar el lugar que le correspondía al pueblo y lo ratificó, desde luego, con el apoyo de la Corte Constitucional. El Congreso dijo: “El pueblo soy yo”.

El a.347 de la Constitución de Venezuela prescribe: “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Constituyente”… Pues bien, Maduro ha convocado una con el apoyo de su Tribunal Supremo. Con ello ha dicho: “El pueblo soy yo”.

Obviamente todo esto termina en un déficit de legitimidad democrática para este tipo de decisiones tanto en Colombia como en Venezuela.

Pero nosotros no podemos seguir por ese camino. Ojalá que Venezuela tampoco continúe por él. Dejemos a la Corte Constitucional cumplir libremente, independientemente, con su deber de defender la supremacía y la integridad de la Constitución.

Constituyente 91*
Julio 20 de 2.017

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1839

PORTADA

Odebrecht: ¡Crecen los tentáculos!

Las nuevas revelaciones del escándalo sacuden al Congreso y al director de la ANI. Con la nueva situación cambia el ajedrez político al comenzar la campaña electoral.