Martes, 6 de diciembre de 2016

| 2016/01/28 09:11

El Partido Liberal en la Defensoría del Pueblo

Contradictorio el papel de la dirigencia de esa colectividad. De un lado, pidió la renuncia del defensor Armando Otálora; y de otro, se valió de ese cargo para alimentar su burocracia.

Juan Diego Restrepo E.

Ante los serios señalamientos sobre maltrato laboral que rodean al Defensor del Pueblo, Armando Otálora, y que se han agravado esta semana por cuenta de un escándalo sexual, el Partido Liberal le pidió la renuncia al funcionario, considerando que ante tales circunstancias había que proteger la institución, que vela por la defensa de los derechos humanos de los colombianos.

La misiva, firmada por el copresidente de esa colectividad, el senador Horacio Serpa Uribe, sostiene que “el País está indignado por los hechos atribuidos al doctor Armando Otálora, Defensor del Pueblo, relacionados con el trato que dispensa a sus subalternos y con actos personales que involucran a su exsecretaria privada”. Por tales razones, Serpa anuncia que el caso del Defensor del Pueblo será estudiado por el Tribunal de Ética que tiene ese partido y su Dirección Nacional:mientras estas instancias se reúnen y se pronuncian, el doctor Armando Otálora debe renunciar al cargo”. Anoche Otálora anunció su dimisión.

Sin embargo, la influencia del Partido Liberal en esta agencia del Ministerio Público, teniendo a su alfil a la cabeza de la entidad desde el 1 de septiembre de 2012 y a quien apoyó para su elección en la Cámara de Representantes, se ha prestado para arbitrariedades, alimentando de manera irregular la burocracia de algunas regionales del país con la influencia de sus “caciques” locales, sin ningún asomo de vergüenza y, en algunos casos, presionando para que sean contratadas personas poco idóneas para ejercer los cargos para los cuales los contratan, desconociendo la antigüedad de algunos funcionarios y pasando por encima de serios procesos de selección.

Me inquieta, por ejemplo, los resultados finales de una convocatoria a nutrir un banco de hojas de vida que se hizo por intermedio de la Universidad Manuela Beltrán en octubre de 2014, en apariencia para proveer cargos de profesionales en Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias de la Educación y Ciencias Administrativas, Derecho, Administración Pública, Administración de Empresas, Economía y Ciencias de la Educación. (Ver correo)

Tras un exhaustivo proceso, fueron seleccionadas 33 personas. Si bien la Universidad Manuela Beltrán advirtió que ese banco de hojas de vida “será utilizado por una Entidad pública del orden nacional, de acuerdo con la discrecionalidad del Director de dicha entidad, que permita proveer empleos en provisionalidad”, aclaró que esa tarea “constituye un proceso de selección de carrera, no otorga derechos para ser nombrado, ni inscripción en carrera administrativa”.

Quise hablar con las responsables de ese proceso: de un lado Rocío Bernal Garay, vicerrectora de Calidad de la Universidad Manuela Beltrán, y con Ana Elizabeth Hernández, subdirectora de Gestión Humana de la Defensoría del Pueblo, y no contestaron mis llamadas. Básicamente quería saber sobre la creación del banco de hojas de vida, el destino de los seleccionados y cuánto había pagado la Defensoría del Pueblo por ese proceso.

Tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los participantes, quien está en esa lista de seleccionados, y hasta el momento su hoja de vida no ha sido tenida en cuenta, pese a que en su especialidad se han dado vacantes. Según él, ese tipo de convocatorias las “están utilizando como estrategia para que no sea vinculante con la entidad. Se ocasiona un desgaste y se incurre en costos innecesarios. Es una pantalla porque la vinculación de personal se da con respaldo del Partido Liberal”.

Otro consultado me expuso su experiencia en la búsqueda de trabajo en la Defensoría Regional de Santander. “Hice acercamientos porque tengo experiencia y me dijeron abiertamente que debía buscar la ayuda de Jaime Durán, también hablan de Horacio Serpa y de Édgar ‘el Pote’ Gómez”. Todos ellos son actuales Senadores de la República.

En Bucaramanga cuentan la historia del nombramiento hace varios meses de un sicólogo forense quien, por su cargo, debe acompañar los procesos bajo el sistema penal oral acusatorio de personas que son defendidas por el sistema de Defensoría Pública. Su ineficiencia y desconocimiento es de tal magnitud que está impedido para asistir a los sindicados. Hasta ese punto llegan las cosas, lo que va en contravía de la labor misional de la entidad.

Igual caso sucede en la regional de la Defensoría del Pueblo en el Tolima. Allí quien tiene la influencia es el Representante a la Cámara Carlos Edward Osorio. Quienes conocen el entramado allí me cuentan que tiene mucho peso político y también ha tenido injerencia en algunos nombramientos. Y así, uno puede irse de regional en regional y es el Partido Liberal con sus “caciques” los que determinan quién entra a esta agencia del Ministerio Público.

Ante la dimisión del actual Defensor del Pueblo, el proceso de elección de su reemplazo es el escenario perfecto para repensar cómo debe hacerse. En todo lo ocurrido en los últimos años en esta dependencia tiene parte de culpa el Partido Liberal y no puede ser que siga dominando a su antojo los nombramientos. Es urgente definir mecanismos más técnicos de selección para evitar fracasos tan protuberantes como el de Armando Otálora, a quien envolvieron en su trapo rojo y lo protegieron por varios años. Es hora de reclamar responsabilidades políticas.

(*) Periodista y consultor

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