Sábado, 21 de enero de 2017

| 2016/05/03 14:15

Impuesto a las bebidas azucaradas ¿Por qué no?

Es cierto que el mercado actual no nos ofrece la información más adecuada y veraz sobre la calidad de los productos que consumimos.

Diana Guarnizo Foto: DeJusticia

Colombia es un país de desigualdades a todo nivel, y el tema alimentario no se queda atrás. De acuerdo a la encuesta ENSIN  (2010), uno de cada seis niños en Colombia presenta sobrepeso u obesidad. La situación empeora en adultos: uno de cada dos presenta exceso de peso y uno de cada seis es obeso. Aunque la tendencia se presenta en niños y adultos de todos los estratos, esta aumenta con el nivel del SISBEN. Si pudiéramos hacer una caricatura de la situación en Colombia diríamos que morir de hambre es más probable en niños de familias pobres, mientras que la obesidad y el sobrepeso, aunque se presenta en todos los estratos, es más frecuente en los niños y particularmente los adultos de clase media. En definitiva, ¡todos estamos mal nutridos!

Aunque hay muchas causas del problema empecemos con una industria que tiene nombre y apellido: la de los comercializadores de comida chatarra y bebidas azucaradas. ¿Sabía usted, por ejemplo que una botella de gaseosa tamaño personal (500 ml) tiene entre 10 y 11 cucharaditas de azúcar? Piénselo. Hoy por hoy, un combo de hamburguesa vale igual que un corrientazo y una botella de gaseosa igual que una de agua. Con esos precios y la publicidad que manejan, ¿quién no vende?

Varios países le han salido al paso a este problema introduciendo impuestos más altos a estos productos. Lógicamente, la industria ha criticado estas medidas señalando que no está demostrado que realmente ayuden a reducir las tasas de obesidad o que ellas no son las únicas culpables sino que es un problema de falta de ejercicio. Lo cierto, es que cada vez hay más estudios que muestran el vínculo claro entre el aumento de impuestos a estos productos y la reducción de la obesidad, así como países que se suman a la idea de imponer estas medidas.

Muchos también argumentan que aumentar los impuestos a estos productos solo aumentaría la carga tributaria de las personas de clase media que, de todas formas, terminarían comprándolos. Esto es parcialmente cierto, especialmente si se tiene en cuenta que, una vez creado el hábito, un pequeño incremento en el precio no cambiará radicalmente el consumo. Sin embargo, lo mismo podría decirse del licor o los cigarrillos, y nadie pensaría que es ridículo que tengan una mayor tributación. El punto aquí es establecer un aumento de precio suficientemente relevante que desincentive su consumo. Por supuesto, el mero incremento de impuestos no es suficiente. Si ese dinero no se reinvierte en programas de alimentación saludables, promoción de la actividad física, fuentes de agua públicas, restricciones en la publicidad de estos alimentos, no creo que las cosas cambien mucho.

En Colombia, el Ministerio de Salud propuso recientemente gravar con impuestos las bebidas azucaradas. Incluso, el Comité de Expertos para la Reforma Tributaria incluyó este impuesto dentro de su informe. Se estima que como producto de esta tributación, alrededor de 1,8 billones de pesos serían recaudados. A algunos se les abrieron los ojos pensando que con esto se podría aliviar el desequilibrio fiscal, olvidando todo lo que el sistema de salud invierte en contrarrestar las consecuencias de la obesidad.  Como era de esperarse, la idea no cuajó dentro del sector de las bebidas azucaradas y el gobierno tampoco ha hecho mucho por moverla.  

Es cierto que cada uno decide sobre la comida que come, las bebidas que toma y los hábitos de vida que lleva. Pero también es cierto que el mercado actual no nos ofrece la información más adecuada y veraz sobre la calidad de los productos que consumimos. Al contrario, la publicidad está llena de caritas, animales y payasos felices, vendiéndonos algo que puede estar matándonos. El Estado puede y debe hacer más para adoptar medidas que contribuyan a un comercio de alimentos más sano. No hacerlo, es negarse a proteger a la gente de un sistema que se beneficia de la comercialización de productos con graves implicaciones para la salud pública a un costo menor que el agua.  

*Investigadora de DeJusticia

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