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Opinión

  • | 2007/02/10 00:00

    ¿Del clientelismo a la meritocracia?

    Juan Fernando Jaramillo, de DeJuSticia, destaca la importancia de los concursos de méritos que se están realizando actualmente en el país. Ellos generan una mejor administración pública y les garantizan a todos los colombianos igualdad de oportunidades para acceder a los cargos públicos.

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En el último tiempo han aparecido distintas noticias aisladas que nos permiten observar un proceso muy prometedor de implantación del sistema de carrera para los empleos públicos en el país. Esto constituye una muy buena nueva y responde a aspiraciones y propuestas que se han planteado en Colombia desde hace muchas décadas.

Así, la Comisión Nacional del Servicio Civil convocó a un concurso público para proveer 56.000 cargos del Estado. Esa es una cifra sin precedentes en el país –y tan impresionante como el número de 394.301 aspirantes que se inscribieron para la posición–.

Por otra parte, en los últimos tres años se han realizado tres concursos para ingresar a la carrera docente. Precisamente, en este momento se realiza el cuarto, para proveer 14.500 cargos. Se han presentado 117.667 aspirantes.

También en la rama judicial se encuentran datos que eran inimaginables hace algunos años. En su informe al Congreso de la República para el período 2003-2004, el Consejo Superior de la Judicatura afirmaba que el 77,36 por ciento de los cargos de carrera de la Rama estaban ya provistos a través de concurso de méritos, de tal manera que solamente el 22,64 por ciento de los funcionarios y empleados ocupaban cargos de carrera en situación de provisionalidad.

Finalmente, en los últimos meses se ha convocado a concurso para el nombramiento de 860 notarios en propiedad. Además, la Fiscalía se encuentra adelantando los trámites para establecer la carrera de la Fiscalía.

Ahora bien, algunos podrán decir que lo que está sucediendo es de lo más natural, pues ya estaba establecido en la Constitución y en las leyes. Por lo tanto, ellos podrían extrañarse de que se valore tan positivamente este proceso. Pero lo cierto es que para un país en el que hay tanta dificultad para que se cumplan las normas, lo que se está dando en este campo es sorprendente. Sobre todo si se advierte que el sistema de carrera para la provisión de los cargos públicos constituye un obstáculo fundamental para las prácticas clientelistas. No podemos olvidar que una de las herramientas básicas del clientelismo es el manejo de los puestos públicos.

La historia nos explica por qué es tan importante lo que está ocurriendo. Desde 1938 se han dictado leyes de carrera en Colombia, e incluso, en 1958, se introdujeron en la Constitución de 1886 varios artículos relacionados con el tema. Pero los resultados fueron muy magros.

La Constitución de 1991 reafirmó el principio de que los empleos públicos son de carrera. Pero el asunto no era tan fácil: una sentencia de la Corte Constitucional, de 1999, que declaró la inconstitucionalidad de algunas normas, sirvió como pretexto para que el tema durmiera el sueño de los justos durante muchos años. Tendríamos que esperar hasta que se dictara una nueva ley –la 909 de 2004–, para que se reabrieran los concursos.

De otro lado, antes de la Constitución de 1991 se hablaba frecuentemente de la carrera judicial. Pero lo cierto es que cada dos años los funcionarios judiciales tenían que ofrecer agasajos a los magistrados encargados de su nombramiento para que les permitieran permanecer en sus puestos.

También la Constitución de 1991 ordenó que los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y los notarios se gobernaran por el régimen de carrera. Sin embargo, durante casi 15 años no se hizo nada en esa dirección. Los trámites para aplicar la carrera solamente empezaron después de que la Corte Constitucional lo ordenara en sus sentencias.

Por eso, lo que está ocurriendo es muy importante. La aplicación del sistema de carrera le garantiza a todos los colombianos igualdad de oportunidades para acceder a la administración. Esto significa que el que va a ocupar los cargos ahora no es el que tiene la mejor recomendación, sino el que demuestra mayores méritos en el concurso. Además, la carrera les asegura estabilidad en sus posiciones a los buenos funcionarios.

De otra parte, la adjudicación de los cargos a través del sistema del mérito permite que ellos sean desempeñados por personas competentes, un requisito esencial para el funcionamiento del Estado moderno.

Varios de los avances obtenidos son aún frágiles. Así, se comenta que se está impulsando un proyecto de ley que favorecería en el concurso a los notarios en funciones. También se percibe que la organización del concurso en la Fiscalía avanza muy lentamente. Igualmente, habría que observar si los concursos que se realizan son transparentes y objetivos.

Además, los adelantos logrados no pueden ocultar que hay otros sectores de la administración donde el nombramiento a dedo es todavía frecuente, como ocurre en el servicio diplomático. Por eso parece indicado velar porque el sistema de carrera administrativa continúe ganando vigencia y se expanda a todas las entidades del Estado.
Pero, a pesar de todo, los progresos obtenidos son muy importantes. En realidad, lo que estamos viendo no tiene antecedentes en Colombia. De allí que sea una tan buena noticia.

(*) Profesor de la Universidad Nacional y miembro del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –DeJuSticia– (www.dejusticia.org). El Centro fue creado en 2003 por un grupo de profesores universitarios, con el fin de contribuir a debates sobre el derecho, las instituciones y las políticas públicas, con base en estudios rigurosos que promuevan la formación de una ciudadanía sin exclusiones y la vigencia de la democracia, el Estado social de derecho y los derechos humanos.

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