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Opinión

  • | 2007/05/26 00:00

    Del dicho al hecho… sin tanto trecho

    Alejandra Azuero analiza los efectos de la sentencia de la Corte que reconoce efectos jurídicos a las parejas homosexuales, una semana después de su publicación.

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El pasado 18 de mayo, tres meses después de que la sala plena de la Corte Constitucional declarara la exequibilidad condicionada de la Ley 54 de 1990, se hizo público el fallo que reconoce efectos jurídicos a las parejas del mismo sexo en nuestro país. En una histórica decisión que fue votada a favor por ocho de los nueve magistrados que componen el tribunal constitucional colombiano, la Corte afirmó que “la falta de reconocimiento jurídico de la realidad conformada por las parejas homosexuales es un atentado contra la dignidad de sus integrantes…”.

Después de leer la sentencia, quedan claras al menos tres cosas en relación con las parejas del mismo sexo. Primero, las parejas conformadas por dos mujeres o dos hombres tendrán, a partir de dos años de convivencia ininterrumpida, derechos patrimoniales. Segundo, el fallo tiene efectos inmediatos, lo cual implica que no es necesario que el Congreso regule la materia, como tampoco que exista reglamentación por parte de la administración. Tercero, el Estado tiene la obligación de proteger y garantizar los derechos de gays y lesbianas en Colombia, no solamente en tanto que individuos, sino también en tanto que miembros de una pareja.

El paso que dio la Corte con esta decisión, hacia la eliminación de la ciudadanía de segunda categoría en la que viven gay y lesbianas en nuestro país es innegable, sin embargo, queda una serie de interrogantes por resolver en relación con la forma como el reconocimiento de los derechos patrimoniales pasa del papel a la práctica. Esta situación evidencia cómo la expedición de una sentencia no modifica de manera inmediata la realidad social sino, por el contrario, es necesario que tanto el Estado como la sociedad civil organizada tomen medidas que permitan que del dicho al hecho no haya tanto trecho.

En efecto, un primer interrogante que surge en relación con la decisión de la Corte y su puesta en práctica tiene que ver con la aplicación del fallo en el tiempo. ¿Qué sucede en el caso de una pareja que llevaba cinco años de convivencia en el momento en que se expidió la sentencia? ¿Gozan de manera inmediata de los beneficios patrimoniales que reconoce el fallo? O, por el contrario, ¿Deberán esperar dos años más antes de poder hacer valer sus derechos? Si bien la regla general implica que –a menos que la Corte así lo indique– las sentencias de constitucionalidad no son retroactivas, una interpretación favorable a la efectividad plena de los derechos implica reconocer el tiempo de convivencia transcurrido antes del fallo. En palabras más sencillas, esto quiere decir que todas las personas que actualmente formen parte de una pareja que haya convivido al menos dos años de manera ininterrumpida, podrán reclamar los derechos contenidos en la Ley 54. Es decir que podrán –entre otros– acudir ante un juez, notario o centro de conciliación, para que su unión sea declarada judicialmente o por mutuo acuerdo.

Esta última idea conduce a la formulación de un segundo interrogante. ¿Quién estará a cargo de vigilar que los notarios, jueces y conciliadores de todo el país tengan conocimiento de la decisión tomada por la Corte y le den aplicación a la misma? En un interesante estudio realizado por la organización Colombia Diversa con posterioridad a la decisión de la Corte, se concluyó que de los notarios entrevistados, la mayoría se negó a declarar las parejas del mismo sexo. Este hecho ilustra cómo el desconocimiento o la resistencia por parte de algunos funcionarios frente a la sentencia se traduce en un obstáculo real que afecta a todas aquellas parejas que pretendan hacer valer sus derechos. Así mismo, esta situación conduce a preguntarse acerca de la necesidad de articular un proceso de capacitación para jueces, conciliadores y notarios, que apunte, por un lado, a difundir la decisión tomada por la Corte, y por el otro, a fijar directrices y pautas de interpretación uniformes que garanticen a los ciudadanos la efectividad plena de sus derechos.

Un tercer interrogante que se desprende de la lectura del fallo tiene que ver con el reconocimiento del derecho a la seguridad social a favor de las parejas del mismo sexo. En efecto, la sentencia se refiere exclusivamente al régimen de protección en materia civil, sin embargo, la Ley 54 de 1990 ha sido tradicionalmente interpretada en un sentido amplio; es decir, que sus efectos se extienden a otros ámbitos de la vida de los miembros de la pareja. Tal es el caso en materia de seguridad social, si se tiene en cuenta que el compañero o la compañera permanente puede ser beneficiario de la pensión o el sistema de protección en salud que le corresponde por ley a su pareja. Si bien la sentencia no reconoce de manera explícita que la decisión afecte el reconocimiento de otros derechos, tampoco es claro –como pretenden los que defienden una lectura restrictiva del fallo– que la decisión excluya la posibilidad de que los miembros de una pareja del mismo sexo reclamen el acceso a la seguridad social, en los mismos términos en que hoy día lo hacen las parejas heterosexuales. Particularmente, si se tiene en cuenta que no permitir el acceso a la seguridad social en razón de la orientación sexual constituye una violación a los derechos fundamentales de gay y lesbianas, como también un acto discriminatorio.

El cuarto y último interrogante tiene que ver con el actual trámite de un proyecto de ley ante el Congreso, con el que se busca el reconocimiento del derecho a la seguridad social (salud y pensiones) en favor de los miembros de las parejas del mismo sexo. Tras haber sido aprobado por el Senado, el proyecto ya fue votado en comisión y se encuentra a la espera de ser discutido por la plenaria de la Cámara de Representantes. No obstante, aún no es muy claro para los congresistas el impacto que tiene el fallo de la Corte Constitucional sobre la competencia del Legislativo para regular el tema. Y esto es así, aun cuando el Magistrado Escobar Gil –actual Presidente de la Corte y ponente del fallo– señaló que la decisión de la Corte no podía ser desconocida por el Legislativo. Sin embargo, los interrogantes subsisten, hasta el punto de que algunos congresistas afirman que –contrariamente a lo que el Magistrado Escobar indicó en reiteradas oportunidades ante los medios de comunicación– la sentencia de la Corte no tiene efectos hasta tanto el proyecto de ley no sea aprobado por la Cámara de Representantes.

En suma, hoy, tan solo una semana después de publicada la sentencia, las preguntas que surgen en torno a la aplicación de la decisión más controversial tomada por la Corte en lo que va corrido del 2007 evidencian que el papel del tribunal constitucional en este proceso de transformación de la realidad tiene sus límites. Los gay y las lesbianas necesitan respuestas prontas y claras para dudas concretas acerca de cómo interpretar el fallo, sin embargo, ya no corresponde a la Corte responder estas preguntas; es a través de la participación ciudadana y de los arreglos institucionales promovidos por el Estado que se debe llevar a la práctica lo resuelto por los jueces.

En efecto, los cambios sociales impulsados desde el tribunal constitucional colombiano deben ir acompañados de arreglos institucionales que permitan que la letra de las sentencias se traduzca en medidas concretas que garanticen que las conquistas en materia de derechos no se queden en el papel. A su vez, los ciudadanos, entre ellos, la comunidad LGBT y las organizaciones que reivindican sus derechos, no quedan exentos de hacer un seguimiento riguroso a la forma como las instituciones y los funcionarios competentes llevan a la práctica lo que la Corte resumió en una quincena de páginas. Son ellos, y somos todos, homosexuales o no, los encargados de que el trecho a transcurrir del dicho al hecho, no sea tanto que lo condene a convertirse en letra muerta.

La autora de esta columna es integrante del Grupo de Derecho de Interés Público de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes (G-DIP). Este es un ente académico que persigue tres objetivos fundamentales: primero, tender puentes entre la universidad y la sociedad; segundo, contribuir a la renovación de la educación jurídica en nuestro país; y tercero, contribuir, a través del uso del derecho, a la solución de problemas estructurales de la sociedad, particularmente aquellos que afectan a los grupos más vulnerables de nuestra comunidad.
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