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Opinión

  • | 2011/03/25 00:00

    Del simbolismo político-constitucional (1886) al constitucionalismo fáctico (1991): ¡con fanatismos!

    En medio de situaciones de crisis sociales permanentes los ciudadanos pre-91 se acostumbraron a un autoritarismo de toda índole, a un orden institucional arbitrario.

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En el mundo contemporáneo las constituciones han cobrado un valor fundamental para la organización de las sociedades y de las instituciones que buscan regirlas. Colombia no ha sido la excepción. La respuesta a la crisis política y social fue asumida por los colombianos, interpretados por la Constituyente del 91, de una manera radical: queremos más y mejor democracia.

Esa trasformación ha venido generando, como puede constatarse de modo intuitivo, una nueva legitimidad basada en aquello que socialmente no se había vivido en el país: la consciencia política de la titularidad de los derechos. En medio de situaciones de crisis sociales permanentes los ciudadanos pre-91 se acostumbraron a un autoritarismo de toda índole, a un orden institucional arbitrario.
 
Fundamentado, para todos, en una forma de vivir pre-moderna cuya voluntad política no existía para su cambio: la jerárquico-privilegiada. Parentesco, amistad o favores cimentaron una manera de relacionamiento que no dejó entrar un proyecto político libertario y, muchísimo menos, democrático: ¡No sea igualado!, conserve su sitio, no sea atrevido. Esto en contravía de la modernidad que le dijo al mundo, en el Siglo XVIII, sea igualado, no conserve su sitio y atrévase. Lo cual fue aprovechado por la clase gobernante para emplear las constituciones de forma simbólico-discursiva.
 
Constitución fue equiparado a instituciones republicanas que se mantenían formalmente, que -valga la anotación- vivieron ocultas dada la excepcionalidad constitucional y una pobre, por no decir inexistente, valoración social y cultural del derecho. De ahí devienen todas las denominaciones del constitucionalismo como fetichismo, retórica, fachada, careta, etc.

El 91, por su parte, implicó un acontecimiento trascendental: colocar el constitucionalismo donde puede estar: en las ciudadanías, en las gentes, en las calles de pueblos y ciudades. Se sustrajo el constitucionalismo de la retórica jurídica y de la apología política (electoral, gubernamental o educativa) para pasarlo al bolsillo de los colombianos. Y en ello se empezó a vivir un reto para una Colombia desconstitucionalizada: ¡Su constitucionalización! Fue partir, para el ciudadano post-91, del reconocimiento de los derechos, de lo que puede significar pasar del tamiz estamental del privilegio, la heteronomía y la unidad, al piso moderno del derecho, la autonomía y la diversidad. Y claro, suena a fanatismo, como lo señaló el Dr. Charry Urueña en su columna fanatismo constitucional, y es fanatismo.
 
Es, básicamente, cumplir lo que consagramos normativamente, hacer realidad lo que se acuerda políticamente y no, como sucede generalmente, a pasárnoslo por la faja, desobedeciéndolo insolentemente. Es pasar de mirar el constitucionalismo desde las aulas escolares, las cátedras universitarias y el organigrama del Estado a ponerlo donde corresponde: las culturas y la sociedad.

Ese es el riesgo de asumir una democracia y de colocar a la constitución en el corazón palpitante de la misma. De ser, en últimas, fanáticos radicales de la constitución.


* Profesor de planta del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.
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