Delincuencia juvenil: generadora de violencia

Las autoridades encargadas de dictar medidas preventivas para contrarrestar la delincuencia juvenil, se han quedado cortas, para que el menor delincuente, que como el árbol que empieza a crecer torcido, se enderece adecuadamente. 

No han faltado los estudios  e investigaciones sobre tan delicado tema, sin que tengan concordancia con la responsabilidad que nos cabe a los mayores por la delincuencia juvenil que debe ser analizada desde diferentes ángulos, empezando por sus hogares, sitios de residencia y establecimientos educativos. No olvidemos que el menor delincuente empieza a formarse muchas veces desde sus propios hogares, puesto que son sus padres, hermanos o tíos, quienes les dan mal ejemplo o los han inducido por los caminos de la drogadicción y la prostitución.    

Sobre  tema tan delicado se han dictado leyes, decretos y resoluciones; formado asociaciones, fundaciones y hogares de paso, para los menores que por alguna circunstancia caen en la jurisdicción de la justicia penal, encuentren respuesta adecuada al laberinto en que se han metido. 

Lastimosamente podemos decir que ninguna de estas medidas u organizaciones han surtido sus efectos positivos, muchas de ellas no pasan de ser meros sitios de reclusión, mas no de formación, puesto que no se les proporcionan los medios necesarios para construir un proyecto de vida, que les permita empezar su proceso de rehabilitación y de reinserción a la sociedad. 

La delincuencia juvenil nos está asfixiando en todas sus modalidades, en el año 2006 se dictó la Ley 1098 de Infancia y adolescencia,  que hasta la fecha no es más que letra muerta, no obstante los abultados presupuestos que se le han inyectado para que cumpla con sus funciones de desarrollo. Por consiguiente, se requiere que los gobiernos nacional, regionales y locales, adapten medidas urgentes con el fin de contrarrestar tan terrible flagelo que prácticamente nos tiene acorralados, son miles los hogares de  diferentes estratos sociales que están padeciendo el drama de sus hijos  recluidos en diferentes centros carcelarios del país por diferentes delitos.  

Es bastante preocupante que los jóvenes menores de edad, que caen en la jurisdicción Penal, no tengan las garantías necesarias para emprender un procesos de rehabilitación, tal cual lo ordena la Ley de infancia y adolescencia, que estipula muy claramente que deben ser juzgados de conformidad con las normas para ellos, vigentes en corresponsabilidad con sus familias y la sociedad misma, procurando en todo momento que el sitio de reclusión sea el adecuado para desarrollar los procesos de rehabilitación y resocialización. 

Actualmente hay más de 160.000 jóvenes vinculados a diferentes procesos penales, pero, lamentablemente sin ninguna garantía para que en el día de mañana salgan a reintegrarse a la sociedad y a desarrollar un proyecto de vida, que les permita continuar vinculados a la sociedad a la cual pertenecen. 

Son cientos los jóvenes que permanecen esposados, o inmovilizados en centros de reclusión de paso, soportando toda clase de incomodidades, pasando hambre, frio y expuestos a contraer todo tipo de enfermedades, puesto que no existen las más mínimas garantías para mantenerlos en forma  humana y decente. Se ha reportado el caso de muerte de varios de ellos, y ante la desesperación del hacinamiento en que viven, frecuentemente se presentan riñas con saldos de heridos. 

No olvidemos que los mayores somos los responsables de la delincuencia juvenil en todas sus modalidades, pero, lamentablemente no existen medidas efectivas para enfrentar este flagelo, siempre nos vamos por los facilismos, como es el de llevarlos a la cárcel, a purgar una condena, que la mayoría de las veces no entienden la magnitud del drama que están viviendo, puesto que, fue la misma familia, o sociedad, que por haberles negado una educación adecuada y una convivencia sana, los indujo al camino tenebroso de la delincuencia. 

Por eso, he creído que el plan padrino de descongestión carcelaria, expuesto varias veces por diferentes medios de comunicación, son la solución muy especialmente para el caso de los menores delincuentes, puesto que son los padres o allegados quienes deben asumir mediante un sistema de fianza, el proyecto de vida del interno en proceso de rehabilitación. 

Mantener menores de edad en las cárceles, sitios de reclusión o de paso, en los momentos actuales, no es ninguna garantía para que en el día de mañana, salgan a continuar vinculados a la sociedad. Muchos de ellos, por resentimiento cogerán los caminos de la delincuencia para mayores y se irán en contra de las familias y la sociedad misma que les negó el derecho a ser ciudadanos de bien.

Como la Ley 1098/2006 no está operando, valdría la pena que el gobierno nacional, la reestructurara, nombrando para este caso un organismo dependiente del Ministerio de Justicia, para que en coordinación con el Instituto de bienestar familiar, organice con carácter urgente programas de rehabilitación y de resocialización para los jóvenes infractores; se saquen de la jurisdicción penal y se les vincule bajo la responsabilidad de un tutor a programas de formación laboral y académica que les permita concomitantemente pagar su deuda con la sociedad. 

Valdría la pena hacer un diagnóstico social de lo que es la delincuencia juvenil en Colombia, levantando un censo de estos jóvenes, en sus diferentes modalidades delictivas, con el fin de analizar los coeficientes sociales de desarrollo que puedan existir en  cada uno de ellos, con el fin de formar grupos empresariales que les permita visualizar su proyecto de vida.