Democracia y partidos políticos

Una democracia es fuerte cuando tiene partidos políticos fuertes y bien estructurados. Lamentablemente en nuestro país, los partidos políticos distan mucho de ser escenarios democráticos válidos, donde los ciudadanos puedan participar con planes y programas de desarrollo para sus regiones. Empezando porque quienes los dirigen, se ven a calzas prietas para ejercer el control y disciplina que se requiere para su buen funcionamiento. 

La razón es muy sencilla: ninguno de los partidos o movimientos políticos dispone de una dirección de ética seria y eficiente, donde se obligue a sus militantes, especialmente a quienes ocupan cargos por elección popular, a cumplir los estatutos que los regulan y a respaldar sus candidatos acordados en las convenciones. Se ven casos tan vergonzosos de congresistas que a pesar de ser avalados por su partido, luego incurren en el transfuguismo o la doble militancia respaldando otro candidato y finalmente nada pasa. 

Es preocupante que los dos partidos tradicionales con más de 160 años de existencia, se encuentren totalmente parcelados, desde los edilatos, hasta los senadores de la República. Cada quién maneja un grupúsculo de seguidores que les rinden sumisión y obediencia, dependiendo de las posiciones burocráticas que les den o los contratos que suscriben con buena tajada para su jefe político, sin importar si el funcionario seleccionado cumple con los requisitos de ley o de idoneidad para desarrollar el contrato firmado.

La construcción, permanencia y fortalecimiento de un Estado de derecho tiene su esencia en los principios democráticos derivados del buen manejo que se le dé a los partidos políticos.

Esta premisa no admite discusión alguna puesto que regula con precisión las bases fundamentales para el buen ejercicio de la administración pública, que debe ser honesta y transparente para que llegue a todas las comunidades mediante las urnas, y los mecanismos de participación ciudadana, regulados por el artículo 103 de la Constitución Política del 91, que en su orden jerárquico son el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. 

Cada uno de estos mecanismos debe ser taxativo y no se debe abusar de ellos como instrumentos de oposición para entorpecer las labores ejecutivas o legislativas, tan comunes en estos tiempos de revocatorias y elecciones atípicas, que por lo regular no salen avante y en cambio sí entorpecen las labores de quienes ejercen mandatos por elección popular. 

Con los hechos ocurridos en el presente año, las convocatorias para revocatorias y las elecciones atípicas en varios departamentos y municipios, se nos está indicando que los partidos políticos no tienen el manejo de situaciones tan complejas, puesto que finalmente terminan una rebatiña de nunca acabar, puesto que no prima el interés de partido sobre el interés de las comunidades, que son en últimas las más perjudicadas en sus procesos de desarrollo. 

¿Pero qué es lo que está pasando en nuestro país con el ejercicio de la política? Son tantos los argumentos que salen a flote, que hasta podríamos decir que es tanta la indiferencia ciudadana que si la sustraemos de los escenarios democráticos para poneral en los de la abstención, este último gana por más de un 70 %. Por eso es que nuestros mandatarios y legisladores carecen de legitimidad para poder gobernar, puesto que prima más la indiferencia ciudadana que la aceptación de sus programas. 

En consecuencia, y ahora que nos encontramos ad portas de elecciones para elegir nuevo Congreso de la República y presidente, sería muy importante que en estos meses previos la democracia en nuestro país se fortaleciera con la reestructuración de los partidos y movimientos políticos, que pretendan salir a la contienda electoral.

Todos los engendros que ocurren con los partidos y movimientos políticos es por la ausencia de un tribunal de ética. Lamentablemente los que han existido son toda una burla para nuestra democracia. Considero que el manual de ética debe ser uno solo y para estos efectos deberían unificarse con criterios bien definidos para todos los partidos y movimientos.

Lo primero por lo que se debe abogar es reglamentar el ejercicio legislativo. No se concibe que en el Senado de la República existan senadores con casi 40 años de elecciones continuas que ya no le están prestando ningún servicio al país ni y a sus partidos. En cambio, sí están obstaculizando el ingreso de las nuevas generaciones.   

Esta tarea corresponde, desde luego, a los directores y presidentes de los diferentes directorios y movimientos pero debe partir de la iniciativa gubernamental. 

El tribunal de ética de los partidos y movimientos políticos debe ser una ley marco, pero preferiblemente votada por el Constituyente primario. Todos sabemos que el legislativo jamás ha tenido vocación para autoreformarse y, cuando lo hace, siempre le cuelga micos que posteriormente se reproducen y se convierten en orangutanes.