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Opinión

  • | 2014/09/29 00:00

    ¿Derecho al olvido?

    La posibilidad de exigir que los medios de comunicación deban suprimir la información sobre alguna persona es un latente riesgo contra la libertad de expresión.

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Actualmente, la Corte Constitucional se encuentra estudiando una tutela y quien la interpuso fue procesada penalmente por haber presuntamente participado en el delito de trata de personas e incluso estuvo privada de su libertad. Tras lograr demostrar su inocencia fue dejada en libertad. 

El diario El Tiempo publicó la noticia cuando ella fue detenida como parte de la red de trata, la tutela solicita que se ordene el retiro definitivo de la nota del portal web de noticias a fin de proteger el derecho al buen nombre. Esto quiere decir que la Corte deberá decidir sobre lo que se conoce como “derecho al olvido”.

En los últimos meses el término de “derecho al olvido” ha tomado más fuerza y se ha puesto de moda, especialmente después de la decisión judicial adoptada en España y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Básicamente lo que dichas decisiones establecieron fue la posibilidad para los particulares de solicitar el retiro de la información que sobre ellos se encuentre en la web. Además, y al mismo tiempo, lo más inquietante de los fallos es que a quien se le da la potestad de determinar cuándo se puede o no retirar un contenido es un particular: Google. 

Pero si está bien o no que un particular tenga ese tipo de atribuciones, no es el único problema de este tipo de decisiones. El llamado “Derecho al olvido” tiene implicaciones bastante serias y que ameritan un debate riguroso por parte de los jueces, de la academia y de la sociedad en general, especialmente si se tiene en cuenta que lo que parece una causa loable por proteger el buen nombre de los particulares puede resultar en la vulneración de derechos fundamentales para una sociedad. 

La semana pasada, Eduardo Bertoni en su blog, enfatizó en un punto sobre el cual se ha suscitado gran controversia en Latinoamérica y es el tocante al derecho a la memoria. Este es sin duda un punto en el que se deberá actuar con cautela, especialmente cuando se tienen un contexto como el colombiano en donde millones de víctimas del conflicto armado claman por su derecho a la memoria. 

En este caso, aceptar la teoría del derecho al olvido podría significar que en el futuro, aquellos que perpetraron violaciones de derechos humanos puedan pedir que se retire la información que tiene relación con sus datos personales, como por ejemplo sus antecedes judiciales. 

De otro lado, y volviendo al caso sobre el cual deberá pronunciarse la Corte Constitucional, la posibilidad de exigir que los diarios, revistas y demás publicaciones deban suprimir la información que se emite en un momento dado sobre alguna persona es un latente riesgo contra la libertad de expresión; imaginen ustedes que todas las notas informativas que a diario leen y que hablen sobre alguien en particular a solicitud de esa persona dejen de poderse consultar, ello no dista de ser una forma de censurar a la prensa. 

La discusión está abierta y su resultado no será de vencedores y vencidos, de su resultado dependerá nada más y nada menos que las garantías para uno de los derechos más importantes en las sociedades democráticas, el de la libertad a expresarse, de su resultado dependerá si al igual que en Macondo un día despertamos sin memoria. 

*Abogada, asesora legal de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
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