Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2006/11/04 00:00

Derecho a la defensa

Cuando las Farc usan bienes civiles para atacar no sólo violan el DIH, sino que hacen que pierdan su inmunidad, dejen de ser protegidos y se conviertan en el blanco legítimo

Derecho a la defensa

"La culebra está viva". Lo prueban los recientes carros bomba y el ataque a Tierradentro.
Las bombas, como las minas antipersona, son las tácticas preferidas de las Farc en esta etapa del conflicto. Se basan en el uso intensivo de explosivos, el empleo mínimo de hombres y la disminución de riesgos al atacar a distancia. Su capacidad de daño se extiende más allá de lo militar.

Las bombas generan terror. Las minas desmoralizan a los uniformados que mutilan y a sus compañeros que los ven sufrir. Y tienen el efecto de lentificar las operaciones para evitar sus peligros. Más aun, cuando estallan, son paralizantes, porque obligan a suspenderlas para auxiliar a los heridos. Que en ambos casos los ataques sean indiscriminados y sus víctimas sean mayoritariamente civiles, y que estén prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), es lo de menos para los terroristas.

Bombas y minas son la respuesta de las Farc a dos cambios operativos de la Fuerza Pública: el aumento del apoyo a las unidades en tierra por parte de la Fuerza Aérea y la mejora sustantiva en las operaciones conjuntas y combinadas entre Policía, Ejército e Infantería de Marina. Esos cambios habían obligado a las Farc a no utilizar en sus operaciones grupos muy numerosos de guerrilleros. Los riesgos en los desplazamientos y en la persecución se hicieron muy altos para ellos.

Con todo lo malo y lo cruel que tienen bombas y minas, el ataque a Tierradentro es más preocupante. Ocurrió en el corazón de antiguas tierras 'paras'. Demuestra que las Farc aún mantienen cierta capacidad de concentración de un número importante de hombres (más cercana a los 120 ó 150. Los 500 no son creíbles). Y que están modificando sus tácticas para hacerlas menos vulnerables a las operaciones de respuesta de Ejército y Policía y al apoyo aéreo.

En efecto, la población del corregimiento ha dicho que los terroristas se parapetaron en algunos de sus hogares. Desde ahí realizaron los ataques contra las unidades policiales y ahí se guarecieron cuando llegó la Fuerza Aérea. Que usar las viviendas de la gente sea otra infracción a la columna vertebral del DIH, el principio de inmunidad, según el cual la población civil y sus bienes deben estar protegidos de la acción de quienes combaten, es lo de menos para los terroristas. En fin, no es de extrañarse: el DIH también contempla, por ejemplo, la prohibición de la toma de rehenes y eso nunca ha sido obstáculo para que las Farc secuestren cada vez que tienen la oportunidad.

Los oficiales a cargo de la respuesta al ataque de las Farc dijeron que el hecho de que los terroristas usaran las viviendas de la gente hizo inocuo el apoyo aéreo y que los policías atacados dentro del pueblo tuvieron el mayor cuidado posible para no afectar esos hogares. Con orgullo, decían que así lo ordenaba el DIH y que ellos, a diferencia de los terroristas, sí lo respetaban. Pues bien, están errados. Y la equivocación explica en parte el éxito del ataque de las Farc.

Como he dicho, el DIH establece la obligación de no afectar a los civiles y sus bienes que, en virtud de la inmunidad referida, están especialmente protegidos. Pero cuando las Farc usan bienes civiles para realizar los ataques, no sólo violan el DIH sino que hacen que pierdan su inmunidad, dejen de ser protegidos y se conviertan en un blanco legítimo. De manera que esas viviendas o, para dar otro ejemplo, la iglesia del pueblo si fuera usada para atacar, pueden ser objeto legítimo de la respuesta militar.

Sé que la afirmación es polémica. De hecho, si los uniformados respondieran al fuego que se produce desde las viviendas, con seguridad serían perseguidos por algunas ONG funcionales a los intereses de la guerrilla. Y además serían investigados por el Ministerio Público y la Fiscalía, que con frecuencia confunden DIH, derechos humanos y orden jurídico interno. Pero hay que empezar a dar el debate. Es inaceptable que sigan muriendo militares, policías y civiles por cuenta de que no pueden defenderse adecuadamente de los pérfidos ataques de los terroristas.

Puntilla: La bomba de Fusagasugá es otra muestra de que las redes de inteligencia en Cundinamarca están en crisis por cuenta del encarcelamiento de 'Jessica'. ¿Quién va a querer colaborar si puede terminar en prisión?

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