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Opinión

  • | 2002/06/17 00:00

    Desarrollo alternativo

    Sergio Uribe, consultor sobre cultivos ilícitos, escribe sobre las estrategias de diferentes gobiernos que han funcionado para enfrentar el fenómeno.

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Desde finales de los 80 el país se ha visto enfrascado en una lucha que algunos consideran perdida, la lucha contra los cultivos ilícitos. Para enfrentar el fenómeno de los cultivos los gobiernos han utilizado dos estrategias: la interdicción y el desarrollo alternativo. La primera, impulsada por la ayuda externa, consiste esencialmente en la fumigación de los mismos ya que las estrategias complementarias como podrían ser la persecución de compradores de materia prima (base y látex), de sus recursos financieros y de las organizaciones que tienen contacto con el campesinado, no se ha visto. Lo que sí acapara los titulares de prensa es la persecución de los carteles que exportan la droga por lo que se creó una política que perseguía las dos puntas del palo pero que nunca ha atacado su centro, una estrategia a medias. La segunda estrategia, de desarrollo alternativo, ha tenido dos fases: la de Naciones Unidas (Cauca, Nariño y Putumayo 1987-1995) y la del PLANTE, desde 1995/96.

La estrategia de la erradicación se inició en la Sierra Nevada de Santa Marta con marihuana, continuó en el Guaviare, con la coca y, en los 90, se incorporaron el Tolima, Huila, Cauca y Nariño con la amapola. Durante la actual administración también se fumigaron el Catatumbo, la Serranía del Perijá, el Pacífico nariñense, el Putumayo, el Caquetá, el sur de Bolívar, el nororiente antioqueño y en el futuro cercano será necesario considerar la inclusión del norte de Boyacá y los departamentos cafeteros, para el caso de la amapola, y Arauca, Casanare, y Vichada para coca. Los cultivos ilícitos parecen florecer en todo el territorio nacional.

Por su parte, el desarrollo alternativo se ha tratado desde diversas perspectivas, bajo el liderazgo de las Naciones Unidas operaba como un Estado dentro del Estado sus inversiones, escasamente supervisadas por el Ministerio de Agricultura, se dedicaban en un 70% funcionamiento y la contratación de personal y sólo un 30% de inversión. Complementando lo anterior la agencia de la ONU que manejaba los proyectos tenía oficinas en el World Trade Center de Bogotá que no sólo pagaban los recursos de la cooperación técnica sino sobre los cuales cobraba un overhead por administrar los dineros desde Nueva York. Durante esta fase la ONU comprometió unos 13 millones de dólares, las contrapartidas nacionales fueron marginales, no más de un millón, los aportes de los gobiernos departamentales y municipales nunca fueron contabilizados (hay estimativos cuyo monto depende de a quien se pregunta) y las inversiones de mano de obra de la comunidad tampoco han sido cuantificadas.

En 1991 la supervisión de los proyectos pasó a manos del PNR, entidad que al intentar coordinar las inversiones con las del Estado e introducir sus principios de participación comunitaria no sólo logró el resentimiento de los funcionarios de la ONU sino que llevó al desgaste político al gobierno nacional. Era poco lo que se podía hacer mientras que no se controlara la chequera. Además, para 1994, la Administración del Presidente Gaviria ya había decidido que el PNR no sería continuado pues su visión eminentemente rural no coincidía con los deseos de políticos en una sociedad con el 70% de su población en las zonas urbanas como respuesta se creó la Red de Solidaridad. Igualmente, las estrategias del PNR de manejar los problemas locales mediante la participación comunitaria en los procesos de planeación estaban destruyendo la base política no sólo de la guerrilla sino de muchos congresistas quienes, como dice la canción "... prometían puentes donde no hay ríos...". Con la llegada de la administración Samper se optó por crear un programa Presidencial llamado PLANTE, se solicitó y logró un préstamo de 90 millones de dólares del BID para financiar sus actividades y se apoderó de las funciones que desempeñaban los funcionarios de la ONU.

La administración Samper optó por una visión paternalista y política del desarrollo alternativo no se ligó a una estrategia de disminución de los cultivos ilícitos sino que se utilizó para apagar el incendio del momento y durante esa administración había uno por semana. Por otra parte, el PLANTE se encontró con grandes dificultades, ajenas a la voluntad de los directores de la época, pues los problemas de disponibilidad de recursos de contrapartida para el préstamo, la falta de experiencia el manejo de préstamos del BID y, por ende las demoras en los desembolsos y la insistencia en cheques en blanco para inversión directa por parte del PLANTE llevó a que el préstamo nunca se pudiera desembolsar. Es más, la nación debió pagar intereses sobre dineros nunca desembolsados ante las demoras de ejecución. Por otra parte, la descoordinación entre entidades del Estado y el afán de protagonismo de individuos llevo a situaciones difíciles como la firma del proyecto de desarrollo alternativo entre la GTZ y la Red de Solidaridad después que el mismo había sido rechazado por el PLANTE ya que los alemanes demandaban garantías, escritas, en que las sus zonas de trabajo serían exentas de cualquier acción de interdicción antinarcóticos.

En la administración del Presidente Pastrana el PLANTE tomó un nuevo ímpetu. Se intentaron organizar los procesos de planeación y definir prioridades, se trató de incorporar al mismo a una política integral antinarcóticos asegurando que la policía no fumigara las áreas PLANTE y se buscaron y lograron recursos de cooperación internacional adicionales, pero aquí también se cometieron errores. Uno de los más grandes y menos conocidos el de los pollitos del Putumayo donde expertos montaron un proyectos de levante de pollos pero entregaron unos animales con los picos cortados para que no se pelearan entre si. El resultado fue que se murieron de hambre pues nuestros campesinos no acostumbran alimentar a los pollos con concentrados. Otro error que se cometió fue el trabajo de una consultora extranjera que en uso de sus políticas de personal recluto vallunos, caucanos y otros "extranjeros" para el Putumayo. Conclusión, no fueron aceptados por las comunidades y menos por los grupos armados. Retenciones temporales y amenazas fueron comunes y usuales pero no lo peor que le paso a los funcionarios.

Los grandes fracasos del desarrollo alternativo en Colombia se asocian a factores de administración pero aun más preocupante es la falta de conocimiento de nuestra sociedad. Muchos colombianos se van al Perú y Bolivia a buscar explicaciones sobre el tema cuando la verdad es que nos parecemos más a Birmania, Laos, Tailandia o Afganistán donde los ejércitos privados de traficantes controlan las zonas de producción. Es indudable que conocer otras realidades es importante pero hay que ser realista, no se pueden trasplantar ya que Colombia no es Bolivia, Perú, Tailandia o Afganistán. Quienes toman las decisiones sobre estos temas de la producción asumen conocer al campesinado pero no van a un cultivo sin 100 o 200 policías para que los protejan, contratan consultores internacionales quienes temen salir y hablar con nuestros campesinos, no analizan los hechos, escuchan los corridos prohibidos pero no entienden los mensajes como el "Corrido del Cocalero" y su profundo contenido social, la mayor parte ni siquiera sabe que existe un el vallenato de los años 70 titulado "El Marimbero de mi Nación". Lo anterior ha llevado a que durante los últimos 12 años los gobiernos impongan soluciones sin entender que hay que concertar las mismas con el campesinado

El tema de los cultivos ilícitos no se vio en las campañas pasadas pues la preocupación de los colombianos está en otras materias principalmente la paz. El Presidente electo Uribe Vélez sabe muy bien que la seguridad y la paz no se podrá lograr si no se soluciona el problema de los cultivos ilícitos del país ya que por cada hectárea fumigada se crea un resentido más quien seguramente se pasará a las filas de la insurgencia inconsciente de que los recursos que mueven las drogas financian la violencia. Se debe reflexionar sobre el daño que se hace el Estado a si mismo cuando no cumple con sus promesas, pierde su credibilidad y por ende su legitimidad.

Se deben buscar soluciones que permitan al campesinado entender que el desarrollo alternativo es parte de una política antinarcóticos, que las soluciones deben ser concertadas y que involucran sacrificios de ambas partes. Los gremios del agro deben entender que una reforma agraria es parte integral de la solución y los especialistas en desarrollo económico deben convencerse que no todos pueden o quieren vivir en las ciudades, que el campo también es Colombia.

Los políticos por su parte deberían comprender que hablar de la legalización es populista e irresponsable. Populista, pues apela más a las emociones de una población urbana que no entiende el problema e irresponsable ya que mina la política de la corresponsabilidad y pone en evidencia su falta de conocimiento de las convenciones internacionales. Así mismo, esta posición pone en evidencia que no comprenden de lo que se está haciendo en Europa, Canadá Australia y otras sociedades donde no se está legalizando se está despenalizando el consumo, lo que hace que al adicto se le trate como un enfermo y no como un criminal, y donde el traficante y procesador si lo es. Por otra parte, es importante entender que Colombia no tiene ventajas comparativas. Por ejemplo Australia con tan solo el 10% de la superficie legal en amapola produce el 50% de la materia prima requerida por la industria farmacéutica mundial. Además, de los costos de seguridad involucrados para evitar la desviación de la materia prima hacia los mercado ilícitos son astronómicos, mayores a los que Colombia gasta en la lucha actual y salen de su presupuesto nacional no de ayuda internacional.

Finalmente, la guerrilla y los otro grupos armados tiene que reflexionar. El Estado y la comunidad internacional puede hablar con los grupos violentos g que se levantan contra el Estado por razones políticas pero no con narcotraficantes. De otra parte la droga como medio para financiar su lucha está minando los fines políticos y esto lo entendieron las comunidades indígenas del Cauca a comienzos de los 90 cuando se dieron cuenta que los ingresos de la amapola estaba acabando y no fortaleciendo la autoridad tradicional. Igualmente, deberían saber que de llegar al poder por las armas, no les convendría la participación de una fuerza insurgente que se financie de la misma forma para continuar con estas actividades. Desde el Estado las cosas son diferentes especialmente en el mundo globalizado de hoy.

*Ex miembro de la Junta Internacional de Estupefacientes de las Naciones Unidas-JIFE.

Consultor sobre cultivos ilícitos
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