¿Desastre sin responsable?

Desde hace al menos diez años, el número de catástrofes naturales y de víctimas relacionadas con el cambio climático no ha dejado de crecer en Colombia. La catástrofe invernal del año que termina ha sido la más terrible desde que hay datos, pero de ninguna manera es algo sorpresivo. Nuestro país es cada vez más vulnerable a estas catástrofes, y las del futuro podrían ser peores que la actual si no se hace nada por evitarlas, así como nunca se hizo nada por evitar la que hoy padecemos.

En efecto, entre 1998 y 2008, el número de desastres se multiplicó por 2,6, mientras que el número total de víctimas aumentó siete veces, lo que deja en evidencia no solo que cada vez hay más desastres, sino que estos son cada vez más graves, ya que el número de víctimas que produce cada desastre se triplicó. Sobra decir que el 85 por ciento de esos desastres han sido inundaciones. Todavía no hay cifras definitivas de víctimas y desastres para este año, pero con seguridad las comparaciones serán todavía más impresionantes.

En efecto, cifras parciales nos dicen que la presente catástrofe invernal ha ocasionado 206 muertos, 246 heridos, 119 desaparecidos, 2.049 viviendas destruidas y 275.000 averiadas, 1.800.000 personas damnificadas, 150.000 hectáreas de cultivos inundadas, 40.000 reses ahogadas, 43.000 productores agropecuarios afectados y cierres en 20 carreteras de 11 departamentos. La dimensión del daño no tiene antecedentes.

Pero esta tragedia no es casual. De tiempo atrás es sabido que Colombia junto con India, China, Bangladesh e Indonesia son los países de más alto riesgo de desastres naturales a nivel mundial, según un modelo internacional que calcula la probabilidad de ocurrencia de un desastre, el número de personas y activos expuestos y su nivel de vulnerabilidad. Y Colombia, como lo constatan los hechos, cada vez está peor. En razón de las consecuencias del cambio climático, el nivel de vulnerabilidad del país sube por el ascensor, mientras nuestra capacidad de reducir el riesgo va por la escalera. ¿Culpa del destino? No. Una mezcla de resignación, impotencia, despreocupación e indolencia parece hacernos creer que no hay nada que hacer distinto de esperar que la próxima temporada de lluvias sea más benigna. Desengañémonos, no será así: puede ser peor. Entonces, ¿qué hacer?

Para empezar, hay que reformar o acabar las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), las cuales, a fuerza de pasar de agache en estas catástrofes, parecen haber hecho olvidar a la opinión pública (¿y al Estado?) que ellas son las primeras responsables de disminuir la vulnerabilidad del país frente a los crudos inviernos que provocan inundaciones. Y, en consecuencia, son las primeras responsables de la calamidad pública que estamos viviendo. Son 33 CAR, tienen un presupuesto propio de 1,5 billones de pesos y poco o nada hacen de lo que debieran, sin que en la práctica le rindan cuentas a nadie. Muchas de ellas gastan más en su propia administración que en invertir en las obras para prevenir inundaciones. Con solo una pequeña parte de su gasto burocrático se hubiera podido evitar, por ejemplo, el desbordamiento del Canal del Dique o del río Bogotá en Cota. Ellas se han convertido en el coto de caza del clientelismo y la politiquería de caciques políticos regionales que las manejan a través de alcaldes que conforman sus juntas directivas. El resultado ha sido la corrupción a raudales, el malgasto, la ineficacia y el despilfarro.

Para completar, se han agrupado en una asociación de gran poder que actúa como una especie de sindicato que vela por sus intereses de gremio, el principal de los cuales es frenar cualquier intento de reforma, lo que las ha convertido en un grupo de poder intocable, mientras el país tiene que padecer cada año más y peores inundaciones. La prueba es que tres intentos de reforma en el Congreso han sido infructuosos. Ni siquiera el presidente Uribe en el pináculo de su poder pudo con ellas, a pesar de que se propuso reformarlas desde su primera campaña presidencial. Su administración tuvo que retirar un proyecto de reforma en el Congreso en vista de su absoluta inviabilidad política.

Yo diría que, en vista de las circunstancias y del oscuro panorama climático que nos espera, la reforma de las CAR es un asunto de seguridad nacional. Ni más ni menos. Ojalá que, para bien del país, también en este asunto Santos logre lo que Uribe no alcanzó: acabar o reformar las Corporaciones Autónomas Regionales antes de que medio país se inunde en el próximo invierno.