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Opinión

  • | 2017/04/29 08:41

    Manual del perfecto corrupto

    En la lucha contra la corrupción hay que pasar de la filosofía a la ingeniería; del escándalo a las medidas concretas para combatirla

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Abundan por estos días las denuncias por corrupción: financiación subrepticia de campañas políticas, intercambio de votos por recursos o cargos, obras de infraestructura mal adjudicadas, manejo turbio de regalías, desarrollo improvidente o doloso de proyectos de inversión estatal, contratación pública amañada, etc. Sabemos que la madeja de algunos de estos episodios apenas se está desenvolviendo; y que la campaña política en ciernes va a estar influida por la indignación ciudadana que ellos suscitan.

Para salir de este lodazal hay que reconocer que en la lucha contra el crimen no partimos de cero. Tenemos una amplia -y tal vez frondosa- institucionalidad para combatirlo y un arsenal de herramientas para lograrlo. No obstante, existen medidas concretas que se podrían tomar. Mencionaré algunas.

La idea de una financiación estatal plena de las campañas políticas no es viable. Como sería absurdo suministrar recursos públicos a aspirantes carentes de factibilidad -los que apenas buscan “salir en la foto”- habría que establecer a quiénes se otorga y a quiénes no ese respaldo: una muy compleja tarea. Pero medidas caben para mejorar la transparencia en los procesos electorales.

Crear lo que podríamos llamar “la plaza pública virtual” sería un gran aporte. Consistiría en que durante los periodos autorizados para realizar las campañas, financiados con recursos estatales se establezcan espacios amplios en la radio y la televisión a fin de que los candidatos expongan sus propuestas, debatan entre ellos, se sometan, separada o conjuntamente, a sesiones de preguntas formuladas por paneles de expertos o de ciudadanos que participen por Internet. Igualmente, el Estado debería financiar el transporte público, al menos en zonas urbanas, los días de elecciones.

La tecnología necesaria para hacer viable la votación electrónica bajo criterios estrictos de seguridad ya se encuentra disponible. En las elecciones próximas podría introducirse el voto virtual aunque, para no tomar riesgos excesivos, convendría hacerlo de manera parcial. Si bien habría que realizar, por una sola vez, inversiones que pueden ser cuantiosas, el gasto corriente tendría que bajar.

Un mejor control fiscal que el que tenemos es deseable y posible. Tal como el actual Contralor lo ha enunciado, convendría separar dos funciones que son diferentes: la instrucción de los procesos fiscales y la determinación de los eventuales responsables frente al Tesoro. La primera correspondería a funcionarios especializados en la investigación de los hechos y la imputación de cargos, en tanto que la de definir responsabilidades se asignaría a un tribunal de cuentas.

Si esta propuesta se implementa en forma adecuada, no tendría que costar más de lo que hoy gastamos en el control fiscal. Lo digo porque si los investigadores tuvieren que sustentar los cargos a los presuntos responsables se verían forzados, para no fracasar, a proceder con sólidas bases. Si asi fuere, se ahorrarían las ingentes sumas que hoy se gastan en minucias o en procesos que a nada conducen. De hecho, parece que muchos prefieren dedicar su tiempo a trivialidades en vez de perseguir redes delincuenciales que pueden ser peligrosas.

La eliminación de las contralorías territoriales, de ordinario tomadas por las coaliciones locales que gobiernan, sería una buena medida que, para hacerla viable, tendría que ser gradual. En todo caso, mientras esas entidades subsistan, sus plantas directivas y programas anuales de auditoría deberían someterse a la homologación de la Contraloría General. O de firmas externas de reconocida reputación y experiencia.

Se habla mucho y con falta de rigor de la “mermelada” como una práctica corrupta del gobierno; y de los “enmermelados”, que, según se afirma, son los integrantes de la coalición parlamentaria que lo acompaña. Necesitamos que alguna entidad prestigiosa (podría ser “Transparencia por Colombia”), realice un estudio riguroso sobre esta materia. Mi impresión es que ese ejercicio demostraría la existencia de actividades que son normales -se gobierna con los amigos, no con los adversarios-, prácticas clientelistas y, eventualmente, intercambios ilegales de votos por cargos o beneficios.

Carezco de elementos de juicio para hacer eco a la afirmación según la cual el gobierno asigna partidas presupuestales a parlamentarios cercanos a fin de que las utilicen en sus regiones con amplios grados de discrecionalidad. Para mitigar este riesgo se ha propuesto una simpleza: si existen recursos nacionales que se puedan entregar a los departamentos y municipios por fuera de la disciplina del Sistema General de Participaciones, o de las reglas que regulan el reparto de regalías, ellos deberían adjudicarse en audiencia pública. Bajo supervisión ciudadana, y sometidos a reglas que estimulen la competencia, los congresistas tendrían que exponer para qué proyectos quieren los recursos, cuál sería el efecto social perseguido, y quiénes serían los ejecutores.

Creo que convendría publicar, actualizándolo con regularidad, el “Manual del Perfecto Corrupto”. Se trataría de describir en detalle los patrones de conducta que siguen los delincuentes para realizar los delitos contra el patrimonio público. Al igual que el agua y el jabón son buenísimos para sanar heridas, chorros de luz pueden ayudar a disuadir a los corruptos y facilitar la acción de las autoridades.

Adenda. Si las “caletas” o escondrijos de armas de las Farc han sido denunciados por sus dirigentes, tendríamos una prueba fehaciente de su compromiso con el fin del conflicto. Pero si han sido descubiertos por la Fuerza Pública, la violación del Acuerdo del Teatro Colón sería gravísima. Se requiere una investigación urgente de la Fiscalía.

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