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Opinión

  • | 2015/11/18 11:33

    Desmontar el servicio militar obligatorio

    Incrementar a 18 meses el tiempo de servicio de los bachilleres fomentará la corrupción, pues los padres de familia pagarán lo que sea para evitar que incorporen a sus hijos.

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Actualmente se discute en el Congreso de la República una reforma al servicio militar obligatorio que contiene un aspecto problemático: el incremento del tiempo de servicio de los jóvenes bachilleres a 18 meses, seis meses más de los que actualmente se presta. Esa modificación hace parte de una iniciativa que el Ministerio de Defensa llevó al Congreso de la República.

En medio de los debates en el Senado, el general Alberto Mejía, comandante del Ejército, salió en defensa de la reforma argumentando que, frente a un eventual escenario de posconflicto, “se vienen 10 años complicados, con retos complejos en materia de seguridad y para eso necesitamos al Ejército, y los soldados son el Ejército”.

Grandes y poderosos ejércitos como los de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Alemania, que participan de confrontaciones armadas mucho más complejas que la nuestra, eliminaron desde hace varios años, y aún décadas, el servicio militar obligatorio. A través de diversos mecanismos logran que miles de jóvenes se incorporen a sus fuerzas armadas sin que se les obligue o se les conduzca a los cuarteles de manera arbitraria, como sí ocurre en nuestro país.

La defensa de la reforma realizada por el general Mejía abre la puerta a preguntas que es necesario que responda: ¿Cuáles serán esas complicaciones del país en los próximos 10 años? ¿Qué diagnóstico tiene el Ejército sobre un eventual escenario de posconflicto? ¿Está advirtiendo, de entrada, una reconfiguración de los grupos armados ilegales que exigirá, para su confrontación, mucha tropa? ¿Cuáles son esos retos de seguridad de los que habla? La paz, desde la perspectiva del oficial, parece estar muy lejos.

El general Mejía también le pidió al Congreso que limite la objeción de conciencia, por lo menos en los 10 años siguientes a la firma de los acuerdos de paz con las guerrillas, porque, según sus cálculos, tendría como efecto la disminución del número de uniformados de las Fuerzas Armadas. Esa solicitud es un irrespeto con aquellos que creemos que ese mecanismo es un derecho fundamental cuando se trata de evitar que nuestros hijos vayan a la guerra.

Otro de los componentes de la reforma es el aumento en un cien por ciento de la bonificación que reciben los reclutas, pasando de poco menos cien mil pesos a casi doscientos mil pesos. A juicio del general Mejía, la iniciativa no solo es incluyente, pues unifica los periodos de bachilleres, campesinos y regulares, sino que es “bien pago”. Ese argumento económico, aparentemente seductor, es el mismo que desde hace muchos años adoptaron los grupos armados ilegales y el crimen organizado para atraer jóvenes a sus estructuras.

Las medidas que se pretenden adoptar a través de esta reforma alimentarán, aún más, las redes de corrupción que gravitan alrededor de los distritos de reclutamiento en todo el país. Mediante un pago “por debajo”, logran tramitar la libreta militar, documento que acredita que el joven resolvió su situación militar sin poner un pie en una guarnición militar.

Si hay un trámite históricamente corrupto es el de la expedición de la libreta militar, un absurdo documento que se inventaron en este país para comprobar que los jóvenes “resolvieron su situación”. Si bien se han tomado medidas al respecto, como que ya no se requiere para graduarse en la Universidad, aún es un requisito básico para iniciarse en la vida laboral.

Esas redes de corrupción involucran a civiles y militares, quienes tienen acceso a los mecanismos de expedición de la libreta militar para tramitarla de manera fraudulenta y en un tiempo más corto que por las vías normales. Dos situaciones llevan a los padres de familia a “comprar la libreta”: de un lado, el alto costo del documento que, por esa relación de costo-beneficio, es viable pagar al corrupto “porque cuesta menos”; y de otro, esa práctica, aceptada socialmente y nunca denunciada, se convirtió en el único mecanismo de objeción de aquellos que no quieren que sus hijos sean incorporados a las Fuerzas Armadas.

Al explicar varios aspectos de esta reforma, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ratificó ante el Congreso hace varias semanas que la libreta militar seguirá siendo un documento necesario para que los jóvenes se empleen y anunció que el Ministerio del Trabajo “presentará una ley complementaria para la utilización laboral de la libreta militar, que permita que los jóvenes puedan acceder a su primer empleo sin haber definido su situación. Y además, que los ingresos de ese primer trabajo, le permitan pagar las tarifas de su libreta”.

Es un absurdo lo anunciado por el ministro Villegas, pues ante los altos costos de la libreta militar buena parte del salario de un joven que ingresa a la vida laboral, quien no ganará más del mínimo, quedará pignorado para cancelar ese documento. ¿Es eso justo?

Para enfrentar todas esas arbitrariedades, el servicio militar obligatorio se debe comenzar a desmontar. Y si los altos mandos de las Fuerzas Armadas se oponen a ello, entonces el Congreso de la República debe darnos a los colombianos la posibilidad de recurrir al mecanismo de objeción de conciencia para evitar que nuestros hijos se pongan un uniforme, porten armas y participen de una guerra que parece no tener fin.

Asimismo, se debe abolir la libreta militar y todas las exigencias que derivan de su tenencia. Como estos cambios son graduales, lo primero que se debe hacer es reducir su costo solamente al valor de elaboración y laminación, que podría ser el de la cédula de ciudadanía o, máximo, el del pasaporte. Sus altos costos, en el que influyen variables de ingresos familiares, patrimonio y número de hijos, permite que muchos militares se lucren con ello y en el Ministerio de Defensa parecen no darse cuenta, prefieren invocar el miedo para fortalecerse.

En Twitter: jdrestrepoe
(*) Periodista y docente universitario

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