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Opinión

  • | 2004/11/21 00:00

    ¿Desmovilización con minas?

    Álvaro Jiménez, director de la Campaña Colombiana contra las Minas, alerta sobre el peligro de que el tema de las minas antipersonales no aparezca en la agenda de negociación con los paramilitares.

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"Este tema no se ha contemplado, no se ha previsto, pero queremos escuchar y atender iniciativas". Esto es lo que sostuvo el señor alto comisionado para la Paz, doctor Luis Carlos Restrepo durante la reunión realizada con el gobierno departamental de Antioquia el 25 de octubre en la ciudad de Medellín. Esta reunión tuvo como objetivo explicar las decisiones sobre alcances y procedimientos del proceso de desmovilización de los grupos de autodefensa o paramilitares (escoja usted).

Las minas antipersonal y la munición sin explotar están generando dos víctimas por día, han convertido en inseguras la movilización de personas y de animales en zonas de producción agraria; esto sucede en 585 municipios de 30 departamentos del país y el horizonte previsible para los próximos meses y años es el incremento de estos indicadores negativos.

Esta información, cuyas fuentes son el Observatorio de Minas de la Vicepresidencia de la República y la Campaña Colombiana Contra Minas -CCCM- (ONG que trabaja el tema desde 1997) muestra la razón por la cual el gobierno nacional, las autoridades locales, las comunidades, los verificadores nacionales e internacionales y los gobiernos donantes deben tener en cuenta el tema de las minas y la munición sin explotar en el marco del actual proceso de desmovilizaciones que adelanta la oficina del señor Alto Comisionado.

Un ejemplo claro de esto lo podemos ver en la región del Catatumbo en el departamento de Norte de Santander donde los accidentes por minas antipersonal y por munición sin explotar han sucedido uno tras otro, especialmente durante los últimos cinco años. Esta región será próximamente escenario de una desmovilización. Allí, los grupos de paras sostuvieron en repetidas ocasiones enfrentamientos con las Farc y el ELN que dejaron el horror de las masacres, además de las víctimas y de un número indeterminado de minas sembradas y de munición sin explotar abandonada que hoy representa un riesgo en cualquier escenario posterior a la anunciada desmovilización.

Este hecho hace imperativo que acciones para la sensibilización e información a las autoridades locales, la educación a las comunidades para la prevención sobre el riesgo, la señalización de las zonas minadas, la información a todos los habitantes de la región, la destrucción de arsenales, la limpieza de los territorios y especialmente la atención de las víctimas sea una realidad.

Estos son, ni más ni menos, los compromisos que el Estado colombiano asumió ante las Naciones Unidas cuando en 2001 puso en operación la Convención de Ottawa.

Con base en lo anterior, se hace necesario que el señor gobernador Luis Miguel Morelli en el Norte de Santander, la propia CCCM y las demás organizaciones que trabajan por los derechos humanos en este departamento, indaguen sobre el asunto y preparen conjuntamente el plan de intervención con la misma dedicación que el gobierno nacional está movilizando recursos e intereses para la presentación y preparación de la desmovilización de los grupos que en diciembre entregarán las armas según lo anunciado. Esta situación debe ser igual para los otros departamentos involucrados, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Córdoba, Magdalena.

En una entrevista con Salvatore Mancuso, vocero del Estado Mayor Conjunto de estos grupos publicada el 11 de noviembre de 2004 en el diario El Universal de la ciudad de Cartagena aparece, "...El acuerdo también establece que deben entregar las minas quiebrapatas, pero Mancuso sostuvo que las Autodefensas nunca han utilizado este tipo de elementos..." ¿Acepta el gobierno esta afirmación? Valdría la pena saberlo pues de ser así, estaríamos ante un mar de contradicciones, ya que en diversas oportunidades las Fuerzas Armadas han manifestado en medios de comunicación haber retenido minas a grupos de autodefensa.

Así mismo, las comunidades en distintas regiones del sur de Bolívar han hecho mención sobre cómo grupos paramilitares siembran minas para proteger sus bases. En el departamento de Nariño, en el Valle del Guamuez, se reportó el 2 de abril del 2002 una destrucción de minas antipersonal por parte del ejército en un campamento ".donde las autodefensas fabricaban armas explosivas", descripción hecha por la agencia de noticias de la Presidencia de la República Ancol; no menos importante es el registro de prensa que se hizo luego de la confiscación de armas provenientes (entre ellas minas antipersonal de fabricación soviética) desde Centroamérica en la ruta Panamá-Urabá antioqueño con destino a las autodefensas en lo que Carlos Castaño llamaba su operación más grande de contrabando de armas.

En el Reporte sobre las prácticas de derechos humanos 2001- publicado el 4 de marzo de 2002 por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Estado colombiano presentó como usuarios de minas antipersonal a los grupos de actores armados no estatales incluyendo a los grupos de autodefensa. Además, el señor presidente de la República doctor Álvaro Uribe Vélez en su discurso el día 25 de octubre del presente año durante el acto de destrucción de los arsenales de minas antipersonal en manos de las Fuerzas Armadas mencionó que los terroristas en Colombia usan las minas.

Concluyo el tema, citando el informe mundial sobre minas antipersonal Landmine Monitor 2004 que se dio a conocer el pasado18 de noviembre en Ginebra, Suiza. "En enero de 2003, el Observatorio de Minas recomendó que mientras no se tengan reportes oficiales recientes sobre el uso de minas por parte de los grupos paramilitares, no se puede asegurar que estos grupos utilicen las minas con menos frecuencia (...) El Observatorio de Minas registró 19 eventos de minas durante 2003 y cuatro entre enero y el 22 de abril de 2004, atribuidos a los grupos paramilitares...."

¿Cuáles son los acuerdos relativos a las minas en el proceso de desmovilización? ¿Quién lo verifica? ¿Dónde están los gobernadores, alcaldes y la comunidad internacional? Y finalmente, ¿vamos a permitir que las minas y la munición sin explotar sigan causando mutilaciones y muertes en esta zona luego de la desmovilización?

* Director de la Campaña Colombiana contra las Minas
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