Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

Opinión

  • | 2013/12/17 00:00

    ¿Por qué Petro?

    La actuación del procurador se motivó por cientos de miles de quejas, ciudadanos afectados por la crisis que se generó en la ciudad durante diciembre del 2012.

COMPARTIR

Casi después de un año de la más reciente crisis de basuras que tuviese Bogotá, por cuenta de la decisión de la administración capitalina de quitar el “cartel” de las basuras, el máximo juez natural en asuntos disciplinarios de todo servidor público del país tomó una de las decisiones más espinosas y controvertidas en el último año: sancionar al alcalde Mayor de Bogotá, al parecer, por su equívoca actuación.

Petro le quitó el “supuesto negocio” a los “carteles” pero terminó tras las cuerdas por la idea que comenzó a materializar. Lo que hizo desde junio del 2012 derivó en un caos en Bogotá, pérdidas económicas cuantiosas, y por supuesto la decisión del procurador de destituir del cargo a Petro e inhabilitarlo por escasos quince años. 

La actuación del procurador se motivó por cientos de miles de quejas, ciudadanos afectados por la crisis que se generó en la ciudad durante los días 18,19 y 20 de diciembre del 2012, debido a las cerca de 10.000 toneladas de basura que se dejaron de recoger en la ciudad. Incluso, la Contraloría Distrital se sumó a las quejas antes de que Bogotá fuera un muladar. A ello se unieron entidades como la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), la Procuraduría delegada para la prevención de la función pública, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Ministerio de Medio Ambiente. 

En medio de la crisis, muchas más quejas vinieron pues era inevitable ver cómo la ciudad estaba atestada de basura, compactadores de segunda, que incluso llegaron averiados a Bogotá. A todas las quejas se sumaron las de decenas de concejales, el defensor del pueblo y las múltiples denuncias de cientos de medios de comunicación, en las cuales se evidenciaba el lamentable estado de la ciudad, ante la ausencia de una correcta política de saneamiento. Todo ello fue mérito suficiente para que la Procuraduría General tomara cartas en el asunto.

Las competencias constitucionales y legales que envisten al máximo juez natural en asuntos disciplinarios en Colombia, le da plenas competencias a ese ente llamado Procuraduría General de la Nación para que inicie actuación disciplinaria, investigue y tome decisión sobre la “gestión” de los funcionarios públicos, como Alcaldes, gobernadores, senadores, representantes, superintendentes, diputados, entre otros. La línea de decisión de este “juez” en asuntos disciplinarios ha sido polémica pues en cinco años ha sancionado a cerca de 840 alcaldes, 630 concejales, 49 gobernadores, 18 diputados, 12 senadores y 2 alcaldes de Bogotá. 

Dentro de la investigación a Petro, se le escuchó en versión libre, se le brindaron todas las garantías procesales y constitucionales, se le garantizó su derecho a la defensa y contradicción. Como resultado del procedimiento y las pruebas practicadas en el mismo, se logró establecer que al alcalde había que imputársele tres faltas disciplinarias gravísimas, relacionadas con la implementación del servicio de aseo. La Procuraduría argumentó que el alcalde de manera voluntaria, consciente y libre ordenó que se le asignara la prestación del servicio de aseo a entidades sin experiencia, conocimiento y capacidad como Aguas Capital y Acueducto de Bogotá.

Con el decreto 564 del 2012, habría vulnerado los principios constitucionales de libre empresa y competencia, pues con el mismo restringió que sólo las dos empresas bajo su control y mando podrían prestar el servicio de aseo. Petro sabía que era irregular su actuación pues varias entidades le advirtieron de ello y sin embargo pasó desapercibido. 

Además, autorizó también el servicio de aseo con vehículos volquetas. La Corte Constitucional le ordenó incluir a la población recicladora pero nunca que adoptara otro modelo de aseo, tampoco que actuara por fuera de la ley, mucho menos que “mal gastara” aparentemente 120.000 millones de pesos de los bogotanos. 

En Twitter: @GuilloRodrig
*Abogado, docente universitario, director ejecutivo Gobierno Seguridad y Desarrollo.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1839

PORTADA

Odebrecht: ¡Crecen los tentáculos!

Las nuevas revelaciones del escándalo sacuden al Congreso y al director de la ANI. Con la nueva situación cambia el ajedrez político al comenzar la campaña electoral.