Danzar sobre el cadáver putrefacto

Quienes creyeron que la destitución de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá fue producto del desorden de las basuras de hace un año y ajustada al derecho como pregona el camandulero y proporcional a la falta como afirma la sentencia, es porque olvidaron que Ordóñez intercedió en marzo de 2012 ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia para que esta absolviera al expresidente del Senado de la Republica Javier Cáceres, condenado a nueve años de cárcel por nexos con grupos paramilitares del departamento de Bolívar.

A Cáceres Leal, un aliado comprobado de las mafias de la Heroica y la costa Norte colombiana, un carga ladrillo político cuyo ascenso meteórico a la élite del poder se debió a su habilidad para grabar ilegalmente conversaciones ajenas, amenazar con hacerlas públicas y posar de político inmaculado,  la Corte Suprema de Justicia ordenó, en la misma sentencia condenatoria, investigarlo por los desvíos de dineros de la Alcaldía de Campo de la Cruz, en el Atlántico, e irregularidades en la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Cardique, para beneficiar a los jefes paramilitares del Bloque Norte, con los que se reunió en numerosas oportunidades en distintos municipios del departamento de Bolívar, según declaraciones de Úber Banquez Martínez, alias Juancho Dique.

Pero la sentencia proferida por el Alto Tribunal no hablaba del escandaloso robo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, donde, según el exfiscal Camilo Bula, investigado por el mismo caso, el entonces flamante presidente del Congreso de la República de Colombia, “recibió $1.000 millones de pesos como resultado de maniobras ilegales en la administración de bienes decomisados a la mafia” [El Espectador, 4 de mayo de 2013]. Tampoco el fallo hacía referencia al desfalco sistemático de la Empresa Territorial para la Salud, Etesa, donde Cáceres Leal creó, según lo expresado por un grupo de sus colaboradores en el robo, una nómina paralela que permitía el desvió de miles de millones de pesos que terminaban en los bolsillos del congresista cuyo lema de batalla fue “chuzo para los corruptos”.

Quizá para el señor Procurador estas acciones de su entrañable amigo Javier Cáceres Leal --cuya relación con el entonces presidente Álvaro Uribe no tenía parangón, y quien defendió como gato bocarriba la postulación del aspirante Alejandro Ordóñez Maldonado a la jefatura del Ministerio Público-- no estaban quizá tipificadas como delitos en su particular Código Penal. El rasero con que ha medido a sus amigos manilargas y a sus enemigos políticos dista mucho del concepto de justicia que rige la Constitución Política de Colombia y los  Código Penal y de Procedimiento Penal.

Las sentencias del jefe del Ministerio Público como investigador disciplinario han sido siempre controversiales por su parcialidad, por mirar un solo lado de los hechos, según declaraciones de los miembros la Comisión Colombiana de Juristas y del Centro de Estudios Plural, quienes hace un año “radicaron una queja disciplinaria ante la Corte Suprema de Justicia para que se investigara al procurador Alejandro Ordóñez por haber cometido un presunto prevaricato por omisión, prevaricato por acción y tráfico de influencias” [El País de Cali, noviembre 23 de 2012].

Asimismo, los juristas radicaron en la Fiscalía General de la Nación una denuncia por conductas punibles, pues, para su reelección, el Procurador General hizo algunos nombramientos de última hora en cargos claves del Ministerio Público en distintas regiones del país para beneficiar de esta manera a familiares de senadores de su camada y asegurar sin problemas su permanencia en el tercer empleo más importante de la Nación.

Pero el problema no es solo el Procurador, cuyas sentencias, hemos dichos en otras notas, se han constituido en el hazmerreír de las facultades de derecho de las universidades del país, sino la clase política mafiosa que lo ha levantado sobre sus hombros como el ‘adalid’ de la moral colombiana, como el ‘pontífice’ de la normatividad jurídica y ética, mientras que por debajo del carrusel beneficia con sus sentencias a los mismos que llevan doscientos años robándose los dineros del Estado y empobreciendo con sus acciones a la gran mayoría de los colombianos.

Creo que llegó la hora de hacer una revolución, no al estilo de las guerrillas que tanto daño le han hecho a este país, sino como lo hacen todos los pueblos civilizados del planeta: saliendo a las calles, levantando la voz ante las injusticias de servidores públicos inescrupulosos, exigiendo respeto por los Derechos Humanos y Civiles y demandando sin vacilar las respectivas investigaciones que sean necesarias para evitar que los delincuentes de cuello blanco [estilo Javier Cáceres y los hermanos Moreno Rojas] sigan robándose los dineros del Estado y les sean impuesto los castigos que la justicia demande.

Pero, ante todo, se hace perentoria la escogencia de funcionarios pulcros, o al menos que respeten las leyes y los derechos de los otros. Lo que está pasando con el señor Procurador es una nuestra de la poca claridad que tiene entre las fronteras  que delimitan la normatividad jurídica y las axiologías dominantes que se insertan en el corazón de los grupos sociales y se instauran como verdades absolutas. Confundir la mierda con el caviar, como aseguraba un amigo, es no diferenciar los postulados bíblicos [que miran las faltas en términos de pecados] con los códigos jurídicos [que definen los castigos en proporción con los delitos].

Si hiciéramos un repaso de las sentencias proferidas por la Procuraduría en cabeza de Ordóñez, nos daríamos cuenta que hay una enorme diferencia entre el grado de la falta [cuando se trata de funcionarios de sus desafectos] y la rigurosidad del castigo [cuando hablamos de empleados afectos a sus postulados ideológicos]. Es por ello que ni los más doctos en derecho de este país entienden que mientras que a Samuel Moreno Rojas, un pillo pluma blanca que se confabuló con otros pillos, entre estos su hermano, para robarle al Estado varios millones de dólares haya recibido una inhabilitación de  doce meses, el alcalde Petro, que no se ha robado un solo peso, se le haya impuesto una sanción de 15 años.

Creo, como he sostenido, que es hora salir a la calle para protestar y pedir la renunciado del Procurador. Es hora de hacer una nueva revolución como la que llevan a cabo los países democráticos y civilizados del mundo. Pero también es hora de pedir la renuncia de todo el Congreso. Es perentorio fumigar el nido de ratas. La sepultura de un cadáver putrefacto es digna de celebración.