Desvertebramiento constitucional

En ejercicio de la función constituyente de reformar la Constitución Política, el Congreso nacional está debatiendo el proyecto de acto legislativo No. 1 acumulado con el 3 de 2003, "Por el cual se adoptan unas reformas estructurales a la Constitución". Esta reforma está dirigida a desvertebrar el cuerpo orgánico y dogmático de la Carta Política y a desvirtuar su identidad política y jurídica en su conjunto, horadando los cimientos estructurales sobre los cuales está edificada. El Congreso tiene límites para reformar la Constitución. Así lo ha sentenciado la Corte Constitucional al afirmar que éste no tiene competencia para destruirla. Desvertebrarla es una forma de comenzar a destruirla. Eso es lo que está ocurriendo lamentablemente en el Congreso nacional con éste y otros proyectos de actos legislativos que en una especie de operación piraña, van debilitando nuestro Código fundamental en avezado e improvisado homenaje político y jurídico al minifundio constitucional que todo lo parcela, rompiendo la coherencia en sus principios fundantes y en la organización y funcionamiento del Estado.

Por ejemplo, este proyecto propone modificar la organización territorial colombiana creando las regiones como entidad territorial, las cuales asumen competencias de los departamentos con un solo gobernador y con una asamblea regional. Se crean las provincias como entidad territorial para desplazar las funciones de los alcaldes y un Consejo Provincial que sustituye a los Concejos Municipales. Esto altera la organización político administrativa de nuestro país, en abierta oposición de los representantes de los municipios y departamentos y sin escuchar a las autoridades regionales recientemente elegidas. Este intento de liquidar la descentralización con autonomía de las entidades territoriales es aún más grave, si se considera que el mismo proyecto consagra el recorte de recursos que debe transferir el gobierno central a las entidades territoriales por su derecho constitucional al sistema general de participaciones destinados a educación y salud, e impone la facultad al gobierno nacional de modificar y reorientar rentas cedidas a los departamentos como el impuesto al consumo de cerveza, similares y el IVA a los licores y otros. El gobierno nacional podrá suspender autónomamente el pago de esas participaciones, sin más parámetros que garantizar la estabilidad macroeconómica, sin importar las prioridades sociales de la acción estatal y las necesidades básicas de la gente.

Además, pretende terminar con la Comisión Nacional del Servicio Civil, responsable de la administración de la carrera de los servidores públicos y acaba con la carrera administrativa en uno de sus elementos esenciales, cual es la estabilidad derivada de la eficacia en un sistema técnico de administración de personal, al disponer que "el retiro de los empleados será flexible de conformidad con las necesidades del servicio". Extingue la Auditoría General de la República que ha venido ejerciendo la gestión fiscal de la Contraloría y desaparece la Comisión Nacional de Televisión, lo mismo que la Corporación Autónoma Regional del Río Grande del Magdalena. Se establece la mayoría de edad a los 16 años. Se reduce de 30 a 25 años, la edad para ser elegido senador y de 22 años para ser elegido representante, en un acto de apología al populismo y demagogia constitucional ausente de criterios científicos, democráticos o de técnica jurídica.

Se insiste en la supresión de las personerías y en la penalización de la dosis personal de la droga, dos cuestiones fenecidas en la Corte Constitucional al examinar la ley del referendo. Con la penalización se da tratamiento al drogadicto de delincuente y no de enfermo. La represión y el castigo sustituyen la educación y la prevención en el campo de la salud. Esta iniciativa carcelaria, aleja la posibilidad de considerar al drogadicto como un enfermo, con problemas de comportamiento, de desadaptación social y familiar, ignorando el cuadro clínico de intoxicación por lo general crónica, urgido de medicina siquiátrica, de un médico y no de un juez; de un sanatorio especializado para recuperarse y no de una cárcel que lo corrompa y excluya de la vida social. Basta con la conducta contemplada en la Ley 741 de 2002 como contravención de Policía por la utilización de la dosis personal de la droga en sitios públicos o en presencia de menores de edad.

En un abierto desafío a la seriedad, el respeto a la soberanía popular y en un inconsecuente juego de triqui traque constitucional, se propone incorporar a este acto legislativo, varios temas de la ley del referendo que no fueron aprobados por el pueblo y que el Congreso en la reforma política aprobada el año pasado, retirara en forma insensata durante el penúltimo debate.

Y para colmo, a última hora la comisión primera del Senado, después de archivar este proyecto por mandato legal (ley 5-92) al persistir en dos oportunidades un empate en la votación, fue irregular y extemporáneamente aprobado en primer debate, incurriendo en posibles vicios de trámite.

Este proyecto reformatorio de la Constitución estaría condenado a su fracaso si no se busca un mínimo de consensos políticos y sociales especialmente con los gobernadores y alcaldes. El diseño básico del orden económico, social y político de naturaleza constitucional, no puede estar en contravía de nuestra historia geopolítica, ni de la dramática y trágica realidad colombiana. Ese no puede ser el verdadero orden justo como fin esencial del Estado y como una aspiración nacional. Cabe preguntarse: aprobando el Congreso esta reforma constitucional así como se ha presentado, ¿interpretará fielmente la voluntad del constituyente primario?... Y podrá ser una norma justa en la que coincidan el derecho con la vida?

* Senador de la República