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Opinión

  • | 2014/11/26 00:00

    Detrás de la ‘Oficina de Envigado’

    ¿Y si al Envigado Fútbol Club no lo hubieran incluido en la llamada Lista Clinton, el fiscal general de la Nación habría ordenado la apertura de un expediente contra esta empresa criminal? No creo.

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Bastó que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyera en la famosa Lista Clinton al Envigado Fútbol Club para que el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, ordenara la apertura de lo que llamó “un proceso madre” contra la llamada ‘Oficina de Envigado’.

La orden dada por el fiscal general de la Nación, además de oportunista, revela el ritmo que le ponen las autoridades norteamericanas. ¿Cómo puede ser posible que a una empresa del crimen organizado, la única de esas características en el país y con poco más de 30 años de vida delincuencial, apenas ahora se le va a abrir un expediente de esas características?

Una pregunta más: ¿Y si al Envigado Fútbol Club no lo hubieran incluido en la llamada Lista Clinton, el fiscal general de la Nación habría ordenado la apertura de un expediente contra esta empresa criminal? No creo.
 
Pero hay que entender al alto funcionario. Arrastra tras de sí 30 años de corrupción, ineficiencia y miedo, que se ha visto reflejado justamente en la incapacidad para llevar ante un juez a quienes, desde lo ilegal, pero también desde lo legal, se han lucrado de esa empresa del crimen. Ha sido mucha la riqueza generada derivada de sus actividades productivas en diversos campos, dinero que ha servido para silenciar a valientes investigadores, pero también para corromper a muchos más con el fin de trabajar con total impunidad.

En mis recientes actualizaciones investigativas sobre este tema, que ha ocupado varios años de mi vida periodística y personal, me encontré con un documento que bien refleja la incapacidad que ha tenido la Fiscalía para ir hasta el fondo de la situación e identificar, de manera estructural, a quienes hacen parte de la ‘Oficina’. Se trata de un informe fechado el 20 de octubre del 2005 en el que un investigador del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), a cargo de corroborar unas denuncias, aseguró que “la relación que pueda existir entre la banda la Oficina, el Cartel de Envigado y otras organizaciones delincuenciales que pueden o pudieron haber sido lideradas por alias ‘Don Berna’, es la que publican los medios de prensa a nivel nacional comprometiendo sus emisiones, porque se vive en un mundo periodístico donde todos dicen pero nadie sabe, todo recogido de fuentes que nunca se revelan y que son desconocidas para la opinión”.

Adicional a ello dejó consignado que “esto mismo se observa en las respuestas de las entidades judiciales donde no existe un registro de la cosas que la gente ve y calla por múltiples circunstancias, rompiendo con el silencio y la indiferencia los nexos y los enfoques de una investigación judicial”.

Sin embargo, sí hay quién hable con tantos datos que las autoridades norteamericanas lograron rebatir lo afirmado por este investigador del CTI y dejarlo sin fundamento, pues encontraron las fuentes óptimas que les permitieron tomar las decisiones contra el Envigado Fútbol Club y algunas otras empresas ligadas al equipo y a la familia Upegui Gallego, heredera del emporio que dejó Gustavo Upegui, un controvertido personaje de la vida local antioqueña que la justicia tampoco fue capaz de procesar y murió baleado en el 2006 en una aparente vendetta entre paramilitares y narcotraficantes, asunto que tampoco ha sido aclarado ni sus responsables procesados.

Será interesante observar la evolución del llamado ‘proceso madre’ contra la ‘Oficina de Envigado’ y, sobre todo, cuál será el programa metodológico que desarrollarán los fiscales asignados al caso que sustenten sus investigaciones. Yo espero que vaya más allá de lo que revela el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y ofrezca una mirada estructural del fenómeno. Es que son cerca de 30 años de actividad criminal, que ha dejado muertos, desaparecidos, desplazados y arruinados en Antioquia y otras regiones del país.

A mi juicio, un programa metodológico para abordar esta investigación tendrá que tener entre sus puntos a verificar la relación de sectores de la fuerza pública y los organismos judiciales con esta empresa criminal. Su desarrollo, consolidación y permanencia en el tiempo, por cerca de 30 años, no ha sido posible sin las garantías de impunidad que le han brindado esas relaciones.

También es necesario incluir en ese programa a quienes desde la legalidad se han lucrado de manera constante y permanente de las actividades de la ‘Oficina’ durante tres décadas. Si es como se estima, que sus ganancias son abultadas, entonces, tal como ocurrió con el Envigado Fútbol Club, otros empresarios de sectores como el industrial, agroindustrial, comercial, transporte, hotelería e inversionistas, están vinculados a las redes de lavado de activos provenientes de las actividades ilegales de esa industria del crimen con características transnacionales.

Un punto adicional de ese programa de investigación deberá buscar información que permita establecer qué sectores de la administración pública, de los órdenes local, regional y nacional han favorecido con sus decisiones, en los últimos 30 años, los proyectos de inversión de quienes se lucran con las actividades ilícitas de la ‘Oficina’. A todos ellos les favorece invertir en bienes raíces, casinos, restaurantes, hoteles, construcción de edificaciones y transporte, entre otros, lo que requiere de una red de funcionarios que elimine trabas burocráticas y todo sea más expedito.

Además de esa reconstrucción que se deberá hacer para procesar a quienes han impuesto el terror durante tantos años, los fiscales que hagan parte del equipo que deberá construir el ‘proceso madre’ deberán superar varios obstáculos, entre ellos la tramitología interna, un mecanismo de impunidad que ha prevalecido durante bastantes años y que, en algunos casos, responde a la corrupción generada por los dineros irrigados entre sus funcionarios que se valen de artimañas jurídicas para dilatar la entrega de expedientes; la pérdida de cuadernos de procesos relacionados con investigaciones asociadas a la ‘Oficina’ que contenían información valiosa; la presión que impondrá el Fiscal General de la Nación, lo que generaría ligerezas a la hora de acusar y generar grandes fracasos; y la desarticulación institucional, un factor que incide en la circulación eficiente de los datos y que, sospechosamente, prevalece a la hora de hacer acoples en investigaciones tan complejas como estas.

La Fiscalía General de la Nación tiene ante sí un reto enorme, al que llegó tarde, claro, pero por fin llegó. Esperemos que su capacidad humana, articulada de manera eficiente con otras instancias públicas, permita develar el entramado de esta empresa criminal y juzgar a quienes han estado detrás de ella durante poco más de 30 años de perversa actividad delincuencial.

En Twitter: jdrestrepoe
(*) Periodista y docente universitario

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