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Detrás de las elecciones

El documento gringo, con autoridad o sin ella, lo único que hace es confirmar los horrores que llevan decenios denunciando las organizaciones de derechos humanos

Antonio Caballero
20 de marzo de 2010

Mientras los conteos electorales naufragan en el caos de los contratos y subcontratos de empresas informáticas y la Registraduría concentra sus esfuerzos en sacarle cédula nueva al cantante Miguel Bosé, el gobierno hace ruidos ominosos: "Fue una hecatombe electoral", dictamina el ministro de la política Valencia Cossio, trayendo a la memoria las advertencias de Uribe sobre su perpetuación en el poder en caso de necesidad. Y el propio Presidente denuncia: "La Registraduría no da confianza para las elecciones presidenciales en Colombia". Curioso: el uribismo en todos sus matices arrasó en las urnas; y ahora quiere infundir sospechas sobre la legitimidad de su propia victoria. Puede ser que se esté tramando un oscuro 'Plan B' con el cual remediar de manera para electoral la frustración del referendo reeleccionista. O puede no ser nada: simple ojeriza del rencoroso Uribe contra el Registrador, a quien acusa de borracho.

Pero por detrás de la farsa electoral -la expresión es vieja y está gastada: pero esta vez, tal vez mejor que nunca, describe bien lo ocurrido: el mar de leva de la abstención, mayoritaria como siempre; los enredos del tarjetón, que, según confesión propia, no entendían ni intelectuales tan sutiles como Pachito Santos y Plinio Apuleyo Mendoza, y provocaron la nulidad de dos millones de votos; los descarados fraudes denunciados por las misiones de observadores extranjeros; la gran votación del PIN, ese partido que le da el nombre de "integración nacional" al uribismo carcelario y narcoparamilitar; el sainete de Polichinela de Uribito y Noemí, que cuando escribo esta columna no ha concluido aún, etcétera-, por detrás de la farsa electoral, verdadero opio del pueblo que distrae e hipnotiza a los colombianos, la cruda realidad sigue manando sangre. El día de las elecciones se ha vuelto, ritualmente, el único día sin muertos. Pero el horror no cesa. Lo recordó el propio Uribe (para negarlo), diciendo ante una audiencia de estudiantes universitarios que a él no lo afectaban "informes sesgados y de oportunismo electoral como el que sacó el Departamento de Estado de los Estados Unidos tres días antes de las elecciones".

Una pregunta: entonces ¿sí era el de los Estados Unidos el gobierno cuya intromisión electoral había denunciado días antes el mismo Presidente? Sería irónico. Como es irónico también que sea un gobierno de tan escasa autoridad moral en materia de derechos humanos el que venga a criticar los abusos de su aliado, diciendo, entre otras cosas, las siguientes:

"Los abusos contra los derechos humanos por parte del Estado (colombiano) se reportaron durante el año: matanzas ilegales y extrajudiciales; colaboración de militares insubordinados con los nuevos grupos armados al margen de la ley y paramilitares que se rehúsan a desmovilizarse; desapariciones forzosas; hacinamiento e inseguridad en las cárceles; tortura y maltrato de los detenidos; detenciones arbitrarias". Y, según el relator de Ejecuciones Sumarias de la ONU, "falsos positivos en 13 departamentos. El número de casos, su demografía y la diversidad de unidades militares involucradas señalan que las muertes fueron llevadas a cabo en forma sistemática por unidades importantes dentro del Ejército. Hasta noviembre, la Fiscalía investigaba 1.302 casos de 2.177 víctimas, todas muertas en forma extrajudicial a manos de las Fuerzas Armadas entre 1985 y 2009".

Tal vez no lo sepa el gobierno norteamericano: pero en Colombia no cabe el eufemismo de "muerte extrajudicial" para el asesinato oficial, porque no existe la pena de muerte.

El documento gringo, con autoridad o sin ella, lo único que hace es confirmar los horrores que llevan decenios denunciando distintas organizaciones de derechos humanos, la OEA, la ONU, las cifras oficiales y espeluznantes de la propia Fiscalía de la Nación. Además de los muertos con cadáver, "falsos positivos" incluidos, y de los que se descubren luego en fosas comunes clandestinas -como esa de La Macarena, al parecer del Ejército, con dos mil cuerpos, encontrada hace dos meses y de la cual no se volvió a hablar-, están los asesinados sin rastro. Los desaparecidos, que según la Fiscalía han sido 50.000 en los últimos veinte años. En El Nuevo Siglo, el columnista Mauricio Botero Montoya hace cuentas sobre esos datos:

"El promedio de desaparecidos a diario en el gobierno Samper fue de uno. En el de Pastrana subió a dos. En el primer año de Uribe hubo cuatro desaparecidos cada día. Pero entre 2002 y 2006 el número de desaparecidos fue de siete personas diariamente, y entre 2007 y 2008 subió a once seres humanos sacrificados".

Todos los días.
 
En Colombia las elecciones no son sólo una farsa. También son una cortina de humo.