La Dicar y los retos en materia de seguridad rural

La Fundación Paz y Reconciliación hace un par de días dio a conocer su segundo informe sobre la implementación de los acuerdos de paz. Uno de los temas analizados se refiere a las zonas posfarc, es decir aquellos territorios en los que operaron las Farc durante décadas y de los que salieron desde el mes de noviembre de 2016. Esta guerrilla llegó a operar en 242 municipios. En noviembre de 2016 se preconcentraron en 35 puntos rurales y en el mes de enero de 2017 se concentraron en 26 veredas. Hace apenas unos días dejaron las armas correspondientes a la dotación individual. 

El informe hace un análisis pormenorizado de la situación de seguridad de estas zonas. Básicamente encuentra que en 12 de estos municipios hay presencia nueva del ELN, en 18 del Clan del Golfo, en 16 de las disidencias de las Farc y en 40 hay una situación de anarquía criminal, de estos 40, en 16 municipios la situación es bastante compleja. Este último concepto es interesante de analizar. Las Farc, además de su actividad criminal, mantenían un sistema de regulación social, eso significa que administraban justicia en sus zonas, allí resolvían desde riñas entre vecinos hasta temas de linderos. Con la salida de esta guerrilla, los asuntos de convivencia y seguridad se deterioraron. Aumentó el atraco en carretera, el abigeato y las riñas. Una campesina del sur del país expresó la siguiente frase “desde que las Farc se fueron esto aquí está invivible”.

Leyendo el informe, se llega a la conclusión de que las instituciones estatales no diseñaron una estrategia para contener este fenómeno. Sin embargo, a medida que estos se han hecho visibles en las diferentes zonas posfarc, el informe resalta que es la Policía Nacional, en cabeza de la Dicar o Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, la que ha tomado cierto liderazgo en la contención de este fenómeno, es decir, pareciera que la Policía entendió la raíz del problema.

Por un lado, ha creado la figura de las Ubicar, o unidades básicas de carabineros, que buscan establecer puestos fijos con capacidad de despliegue en diferentes zonas rurales. Estas unidades deberían estar en al menos 300 puntos rurales y hasta el momento la Policía las ha ubicado en 44 zonas rurales. Con esto se quieren cortar diferentes corredores de movilidad de mercados ilegales, pero sobre todo llevar el servicio de seguridad a la población rural. Lo segundo que se ha hecho, en cabeza del general González, es que se ha comenzado a capacitar a los policías rurales en temas de resolución de conflictos. Esto posibilitará una eficiencia en la respuesta del Estado en la demanda de seguridad y justicia de los ciudadanos. Por último, se han comenzado a crear los famosos Fuertes de Carabineros, como instrumento de control nodal y despliegue territorial a gran escala. El siguiente es el mapa de las Ubicar.

En todo caso, estos esfuerzos son insuficientes, se debe profundizar en la estrategia, pero aún, a muchas autoridades del orden nacional les cuesta entender la necesidad de una seguridad basada en justicia. Se cree que el único reto en materia de seguridad es combatir al Clan del Golfo o al ELN. Pero en el terreno si bien esto es una necesidad, también el mundo rural pide un servicio de justicia que resuelva la conflictividad entre vecinos.

Es un avance que la Policía comience a entender las necesidades de la población rural. Pero para que la estrategia sea un éxito se deben fortalecer las figuras de los inspectores de Policía, se deben crear brigadas móviles de justicia y poner en marcha la jurisdicción rural, así mismo fortalecer personerías y secretarías de gobierno. Solo una estrategia integral entre Policía, Ministerio de Justicia y entes territoriales permitirá construir Estado de derecho en la ruralidad colombiana. Claro, también se debe recoger la buena experiencia de las JAC en zonas rurales con sus comités de convivencia.