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Opinión

  • | 2014/12/12 18:00

    Palacio de Justicia - Causa perdida

    Es un profundo sentido del valor de la paz y la reconciliación el que me obliga a pronunciarme en favor de una salida digna y justa.

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Cualquier intento por defender lo acontecido en la toma del Palacio de Justicia está condenado al fracaso. Sea que se trate del plano político, militar, moral o jurídico, no hay forma posible de defender lo indefendible. Eso lo ha sabido de siempre el estado y quienes en su momento fuimos parte del M-19.

Cercanos ya a los 30 años de ese trágico acontecimiento, la reciente sentencia de la Corte Interamericana de DD.HH y las de otros de tribunales nacionales (como la que confirmó recientemente la condena al general Arias Cabrales) no hacen sino recordarnos las enormes dificultades que supone pasar de la guerra a la paz, así como las tareas aun por hacer.

Además de ser miembro del M-19, una condición muy particular como parte de la agrupación de “fuerzas especiales” de esta guerrilla, me colocó muy cerca de Alvaro Fayad (por entonces comandante general del M-19) en la antesala de estos hechos. Esa misma condición me colocó también muy cerca de las puertas del Palacio de Justicia al que no ingresé por un giro del destino.

Es por estas razones por las que me siento habilitado para hablar del tema, pero es un profundo sentido del valor de la paz y la reconciliación y la conciencia del momento presente, el que me obliga a pronunciarme en favor de una salida digna y justa para los distintos intervinientes en los acontecimientos, pero sobre todo, para que se satisfaga plenamente el derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad.

El M-19 firmó en marzo de 1990 un acuerdo de paz que ha honrado con creces luego de rectificar su idea de conseguir el poder y transformaciones sociales y políticas por la vía de las armas.

Aunque con contadas excepciones, muchos de sus antiguos miembros nos hemos expresado en un sentido de aceptar como un gran error lo acontecido, cuando un comando de nuestra organización, conformado quizás por buena parte de los mejores dirigentes y combatientes nuestros, emprendió una acción delirante que pretendía reclamar al presidente de entonces, Belisario Betancur, por su incumplimiento al proceso de paz iniciado en 1984.

En perspectiva, algunos pueden considerar que de parte del M-19 no ha sido suficiente esa expresión de rectificación ni las de perdón hechas ante la sociedad y dirigidas primeramente a las víctimas. Concuerdo con que algunos disensos sobre el tema le han restado fuerza a esa postura, pero no se me escapa que para algunos sectores lo que contaría finalmente es que esta antigua guerrilla pasara ahora -y muy a pesar de la paz ya pactada- por los estrados judiciales.

Eso no solo no es posible -pues sería faltar de manera grave a un acuerdo ya firmado que se dio además en momentos de la historia en los que (lamentablemente) no existían los referentes actuales de verdad, justicia y reparación- sino que también resulta innecesario. No es con cárceles atestadas de miembros de los bandos enfrentados como una sociedad puede avanzar hacia la reconciliación.

Esta enorme incapacidad colectiva (tan propia de nosotros los colombianos) de asumir con integridad el esclarecimiento del “Holocausto de Palacio” no puede seguir siendo suplida por cortes de justicia internacional. Tampoco es suficiente (como no lo ha sido) la actuación de distintas instancias judiciales nacionales.

El mejor escenario posible para tramitar este doloroso episodio de nuestra historia está en un marco de “Justicia Transicional”, con la conformación de alguna especie de “Tribunal Especial” que convoque  de manera publica a distintos actores, asegure el esclarecimiento de la verdad, promueva sin ánimos de venganza las responsabilidades de distintos actores en distintos niveles y que esté habilitado jurídicamente para resolver (a condición de una completa contribución a la verdad), la asimetría jurídica en virtud de la cual el M-19 se hizo beneficiario de concesiones jurídicas en el marco del Acuerdo de Paz mientras que miembros de la fuerza pública comprometidos en la retoma del palacio aun comparecen ante la justicia.

Solo una honesta, profunda y completa rectificación colectiva permitirá sobreponernos por sobre las ruinas que dejaron la devastación y el desastre de esta enorme tragedia.
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