Sábado, 22 de noviembre de 2014

| 2012/09/01 00:00

A diferencia del Caguán y Ralito

Ahora el nombre de la agenda es 'Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera' y por primera vez aparece explícita la dejación de las armas.

Esta negociación de paz con la guerrilla tiene profundas diferencias con la realizada en el Caguán y también con la efectuada en Santa Fe de Ralito con los paramilitares. En este momento el Estado tiene la iniciativa y una gran ventaja sobre las fuerzas irregulares; en cambio, a finales del siglo, las guerrillas estaban a la ofensiva y habían conseguido grandes victorias militares en sur y en el oriente del país; y los paramilitares, en alianza con un sector de la clase política, se habían apoderado de la institucionalidad local y departamental en una tercera parte del territorio nacional, especialmente en la costa Caribe. De ahí que las fuerzas ilegales impusieran condiciones bastante onerosas para el Estado y la sociedad en el proceso de conversaciones.

Las Farc llegaron al Caguán con una plataforma de diez puntos en la que se podía leer como principal objetivo la conformación de un 'gobierno de amplia participación'. Buscaban el poder y no concedieron que el propósito de la negociación fuera poner fin a la guerra. La diferencia es radical. Ahora el nombre de la agenda es: 'Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera'. Algo más, por primera vez aparece, de manera explícita, en el texto acordado en La Habana, "la dejación de las armas".

Los paramilitares aspiraban a una legalización de su gran influencia política y de su enorme poder económico y, en un principio, con la anuencia del presidente Uribe y del alto comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo, lograron que en la bitácora de negociación no apareciera el espinoso tema del narcotráfico y en la Ley de Justicia y Paz se refrendara su estatus político.

El Estado no tenía ningún plan para recuperar para la democracia los poderes regionales que habían conquistado las mafias. A lo largo de las conversaciones, estas organizaciones mantuvieron la ilusión de que saldrían a la vida civil para convertirse en actores de primer orden en la vida nacional. La sentencia de la Corte Constitucional que negaba su carácter político y la valiente decisión de la Corte Suprema de Justicia de abrir un juicio a la parapolítica, impidieron que saliera adelante semejante trampa a las instituciones. Ahora estas fuerzas transformadas en bandas criminales solo pueden aspirar a un sometimiento a la justicia sin legitimidad social y prerrogativas políticas.

Pero, para tomar una distancia decisiva de los anteriores procesos de negociación, se necesita algo más. Es imprescidible avanzar muy rápido hacia el cese definitivo de las hostilidades y hacer posible la participación de la Marcha Patriótica, con todas las garantías, en las elecciones de 2014.

Eso significa no cometer los errores del pasado. En las negociaciones del Caguán se llegó a la campaña electoral de 2002 en medio de las hostilidades. La confrontación en vez de amainar crecía y el secuestro de Eduardo Gechem Turbay rebosó la taza. Ahora es obligatorio desescalar el conflicto paso a paso. Se empezó bien. La decisión de las Farc de abandonar el secuestro es una gran señal. Pero es necesario cumplir la promesa y lograr que el país crea esto. Se puede seguir en esa dirección y, en el primer acuerdo de la mesa de negociaciones, sacar a los indígenas del Cauca del conflicto y a la infraestructura económica de las hostilidades. Sería un mensaje indiscutible de confianza. No se le puede dar papaya a Uribe. Si en el momento crucial de la campaña no hay un cese completo de las hostilidades, el expresidente y los grandes empresarios del campo revientan el proceso.

Las guerrillas también exigirán lo suyo. La antesala de su completa desmovilización y desarme será una participación decorosa en la próxima campaña electoral a través de movimientos sociales y políticos que enarbolan sus banderas. También un mejoramiento a la vida de sus presos. Ahí probarán la generosidad de la dirigencia del país, ahora en cabeza de Juan Manuel Santos. Ni las Farc ni el ELN pueden cometer la estupidez de combinar las formas de lucha, pero el establecimiento no puede cometer el crimen de cerrarles el paso a movimientos como la Marcha Patriótica.

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