Dilatar vía “tutelatón”

Contra todos los pronósticos, el proyecto de consulta popular antitaurina pasó en el Concejo de Bogotá. Yo misma expresé mi escepticismo a esta posibilidad, advertida de la animadversión que muchos concejales han mostrado por Petro y del taurinismo declarado de algunos de ellos que antes tuvieron en sus manos proyectos para debilitar las corridas de toros y no los apoyaron. Es un hecho que en época electoral todos están dispuestos a replantear sus convicciones. Además, nadie esperaba el salvavidas que la Registraduría le lanzó a los cabildantes diez días antes de la votación, al decir que no había tiempo ni plata para convocar a la consulta.

El proyecto también pasó en el Tribunal de Cundinamarca. Quizás, la sala advirtió que la pregunta planteada tiene más cara de encuesta que de decisión.

Lo cierto es que la iniciativa popular surtió los trámites de ley, incluyendo el de control de constitucionalidad. Pese a no ser claro cuál sería el efecto normativo de la pregunta, en caso de tenerlo y ganar el “no”, saber si las corridas de toros y novilladas generan afecto en Bogotá podría ayudar a derrotar el manido argumento del arraigo, del cual se sirvió la Corte para proteger los intereses de la Corporación Taurina. Estas son razones suficientes para defender la legalidad y oportunidad de la consulta.

La Registraduría aceptó, a regañadientes, que cumplirá con su deber de organizar la votación para el 25 de octubre. Sin embargo, hoy se anuncia una nueva amenaza para la iniciativa popular: los taurinos le han solicitado al Consejo de Estado revisar la decisión del Tribunal, vía “tutelatón”.

Aunque lo más probable es que el alto tribunal no admita el recurso y responda eficientemente a la masividad de una estrategia que le ha sido útil tanto a la izquierda como a la derecha y congestiona la justicia, los taurinos podrían lograr dilatar la votación. En este caso, a lo que menos habría que temerle es a hacer la consulta en otra fecha. Los desafíos serían vencer las objeciones a los costos de la democracia y superar el abstencionismo para llevar a las urnas a 1 millón 800 mil bogotanos.

Pero el escenario sobre el cual avanzamos es el del 25 de octubre. El reto es convencer a un poco más de 900 mil bogotanos de responder “no” a la pregunta de si está de acuerdo con que se realicen corridas de toros y novilladas en Bogotá. Más aun, a los que siendo contrarios al espectáculo, e incluso detestándolo, sienten un sinsabor por el argumento taurino de que la consulta aplastaría minorías o es inadecuada porque versa sobre gustos personales.

Aclaremos. Por una parte, los taurinos no son una minoría constitucionalmente protegida porque la afición a las corridas de toros no es un derecho fundamental. Por otra, la defensa de los animales nos compete a todos y, en consecuencia, el gusto de unos pocos a divertirse con su sufrimiento trasciende la órbita personal.

En el caso altamente improbable de que la leguleyada taurina prospere y los empresarios y toreros logren enredar la consulta, valdría la pena insistir en ella una vez más. Por supuesto, sin cerrarnos a otras estrategias políticas, legales y populares de lucha.

El proceso de consulta antitaurina desafía nuestras aspiraciones políticas a ejercer democracia directa y hacer valer la soberanía popular.


Estudiante de Doctorado en Derecho de la Universidad de los Andes, Vocera en Colombia de AnimaNaturalis Internacional. Twitter: @andreanimalidad