El discurso del presidente ante el Congreso: luces y sombras

Del discurso del presidente en la instalación de las Cámaras el 20 de julio quisiera resaltar conceptos como los siguientes: “La paz es un derecho constitucional y lo que aquí se ha hecho es contribuir a la realización de este derecho”.

Posteriormente: “Y hay algo aún más destacable: Gracias al proceso de paz se han dejado de perder miles de vidas. Porque esto es lo más importante. ¡La vida SIEMPRE es lo más importante! Imaginen ahora mismo –imaginemos todos- a esos miles de colombianos, uno al lado del otro: hombres, mujeres y niños; soldados, policías, guerrilleros, campesinos… ¡Seres humanos! ¡Miles de seres humanos-compatriotas nuestros- que están vivos, que AHORA están vivos, gracias al fin del conflicto con las Farc!”

Efectivamente, la paz y la vida son derechos que van de la mano. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con razón prescribe: “Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad y la violencia estará prohibida por la ley”.

Hay en el discurso del presidente, sin embargo, una parte enigmática. Dijo: “Para la comunidad internacional el Estado no está dividido en compartimientos. El Estado es uno; la política de paz es una. Por eso, cumplir el Acuerdo de Paz en todas sus partes –como lo estamos haciendo y lo debemos seguir haciendo– es una responsabilidad –es una obligación moral, política y legal– que asumimos ante el mundo entero y, particularmente, ante su máxima instancia, que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”. Desde luego, hay que cumplir el Acuerdo de Paz de manera leal y de buena fe… salvo en aquello que resulte inconstitucional.

No es fácil la tarea que tiene por delante, pues, la corte frente a la eventual inconstitucionalidad de algunas de las normas previstas en el A.L.1/17, que está a su consideración.

Parece mentira, pero la primera cuestión que tiene que resolver es si tenemos en Colombia una Constitución que respetar.

Lo digo porque de las palabras del presidente en el sentido de que el Estado es uno, podría desprenderse la tesis de que ni aún las normas inconstitucionales serían expulsadas de nuestro ordenamiento jurídico, lo que implicaría la desaparición del Estado Constitucional de Derecho. La Corte Constitucional no podría, así, cumplir con su razón de ser: Es defender la integridad y supremacía de la Constitución, lo cual la convertiría en un “Papel mojado”.

Los tratados internacionales y las leyes que los aprueban son objeto de control de constitucionalidad. El Gobierno solo podrá efectuar el canje de notas si la corte los declara exequibles. Lo que quiero significar es que a pesar de que el Estado es uno, cuando firma tratados internacionales, eso no implica la posibilidad de que el tratado internacional haga parte de nuestro ordenamiento jurídico a pesar de que viole la Constitución. No hay manera de reformar la Constitución por medio de tratados internacionales.

Es decir, en Colombia no se puede modificar la Constitución a través de los tratados. ¿Se pretende que sí lo pueda hacer a través de los acuerdos de un grupo insurgente con el Gobierno? No creo que se trate de un error de los negociadores por parte del Estado no dejar constancia de la supremacía de la Constitución. Obviamente eso está sobrentendido. Son las Farc, como repetidamente se ha dicho por los voceros de una y otra parte, las que se someten a la Constitución, y no la Constitución la que se somete a los acuerdos, porque eso equivaldría a que en La Habana lo que sesionó fue una Constituyente, que el pueblo de Colombia nunca eligió. El presidente no desarrolló su tesis. No sabemos con precisión qué quiso decir con esa frase que al no ser explicada crea interrogantes.

La otra alusión que quiero comentar es la que se refiere a su llamado a la “unidad” nacional. El doctor Eduardo Santos fue integrante de la Unión Republicana, que tuvo como líder al presidente Carlos E. Restrepo y que sirvió para restañar heridas producidas por la Guerra de los Mil Días. Apoyó el Frente Nacional que fue la “unidad” entre liberales y conservadores para repartirse por mitades los puestos del Estado, excluir a todos los que no lo fueran, siendo una de las causas de la violencia guerrillera. Adicionalmente, de paso acabó con los partidos políticos que de vivir durante más de 20 años amancebados, perdieron toda identidad ideológica, toda mística por el poder. Hay quienes quieren revivir el Frente Nacional: “Colombia ha sido capaz de converger durante un largo periodo a partir del Frente Nacional. Creo que tenemos que volver a una suerte de entendimiento, no digamos necesariamente igual, pero sí parecido y con la misma intención de lo que hicimos en el Frente Nacional” (Jorge Humberto Botero, El Tiempo, 24 julio de 2017)

Hace ya 10 años que se nos fue el presidente Alfonso López Michelsen. La muerte siempre se lleva lo mejor de entre nosotros. Vale la pena a propósito de esta invocación a la “unidad” recordar una de sus enseñanzas sobre el tándem gobierno-oposición:

“La prueba de fuego… no está en gobernar sin oposición o gobernar contra ella sino en gobernar con ella, como una limitación necesaria y obligada a la acción del gobierno dentro del proceso democrático, que consiste en vivir en paz no solamente con quienes comparten nuestras opiniones sino con aquellos que las combaten y aspiran a imponernos las suyas. Por eso he creído que el mayor problema de nuestra vida pública está en educar al país para la oposición, creando una mentalidad nueva no solo entre quienes la ejercen sino entre quienes la tienen que soportar, aprendiendo a examinar desprevenidamente, como manifestaciones de inconformidad legítimas, no solo las que se expresan en el campo político sino en todos los órdenes de la vida social, en donde instintivamente aspiramos sin razón a que se imponga una uniformidad de pareceres. Toda mi labor de estos años se ha encaminado a adelantar la defensa de las minorías, de los disidentes, de los inconformes, con el criterio estrictamente liberal, de que, ya que es imposible incorporar a la vida nacional todas las opiniones, mediante un proceso de asimilación, homologación, o lavado de cerebro, hagamos de la tolerancia con las opiniones ajenas un terreno común en donde todos podamos darnos cita”. (Colombia en la Hora Cero, Ediciones Tercer Mundo, primera edición 1.963, p.190)

Así es como funcionan los países democráticamente desarrollados.