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Opinión

  • | 2017/10/04 16:59

    Domesticar el animalismo

    La decisión que concede un ‘habeas corpus’ a un oso de anteojos parece de avanzada, pero en realidad puede tener efectos perjudiciales para la conservación de la especie.

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Quienes creen que considerar a los animales sujetos de derecho es una novedad, se equivocan. En la edad media, cerdos, ratas, asnos y toros eran sentados en el banquillo de los acusados por dar muerte a personas o destruir cultivos. Como el oso chucho, contaban con abogados que ofrecían apasionados alegatos sobre la ‘inocencia’ de sus clientes.

La sentencia de habeas corpus a favor de un oso de anteojos le dio la vuelta al mundo. Los analistas reseñan cómo los jueces “verdes” se  toman los tribunales y comparan, como si fueran la misma cosa, las sentencias que protegen ecosistemas con decisiones sobre la libertad o el bienestar de animales.

Hay una confusión generalizada entre animalismo y ambientalismo. Parecen lo mismo, pero no lo son. Mientras el animalismo es una oposición moral al sufrimiento animal, sin importar mucho si son domésticos, silvestres o plagas, el ambientalismo, en síntesis, busca la supervivencia de los ecosistemas y por esa vía, de las comunidades que dependen de ellos. La diferencia –que además es una tensión- consiste en que, mientras el animalismo está dispuesto a sacrificar ecosistemas para salvar individuos animales –por ejemplo, cuando se opone al exterminio de plagas como el pez león, o los hipopótamos de Escobar-, el ambientalismo le da prevalencia a la conservación de los ecosistemas sobre el bienestar de un animal. No importa el individuo, sino la especie.

En sentido estricto, el mayor nivel de sufrimiento animal se da en las cadenas alimenticias que, a escala global, sustentan los mares, selvas y bosques del mundo. Son millones de interacciones diarias en las que los animales sufren: la danta acechada por un jaguar en Centroamérica; el chigüiro asfixiado por una anaconda en la Orinoquia; el impala que es destripado vivo por una jauría de hienas en las sabanas africanas. La supervivencia del planeta depende de que ese sufrimiento animal siga ocurriendo. Suena cruel para el ciudadano urbano que ve la naturaleza por internet, pero es el círculo de la vida. Interrumpir ese ciclo, por su parte, llevaría al colapso de los ecosistemas.

Por lo anterior, tomar decisiones de conservación basadas en maltrato animal no solo es absurdo, sino que puede tener consecuencias perjudiciales. En primer término, se convierte en un incentivo para que los traficantes de fauna silvestre se la jueguen en los tribunales por demostrar que tratan bien a sus ejemplares, lo que técnicamente es posible, pues muchos se adaptan a la vida doméstica. En segundo lugar, sabotea esfuerzos de reproducción en cautiverio para especies en peligro de extinción. Muchos de los cóndores que hoy vuelan por Colombia son hijos de ejemplares criados en zoológicos. Y lo más grave de todo: intimida a las autoridades que están a cargo de exterminar especies invasoras que devastan nuestros biomas; decir que es culpa de los humanos por introducirlas, no resuelve el problema.

Otra cosa, muy distinta, es otorgar protección a una especie o una población de la misma,              -incluso a un individuo- con el fin de conservarlas a ellas y a los ecosistemas de los que forman parte.

Con el habeas corpus de chucho, lleno de citas sobre la protección ambiental, la Corte Suprema cae en ese error de confundir animalismo con ecologismo y deja ver un enorme desconocimiento del tema. Considerar a los animales “seres sintientes” poco tiene que ver con el equilibrio de los ecosistemas. Una selva perfectamente sana está llena de animales que sufren. Por ende, invocar la constitución ecológica, la protección de la biodiversidad o el derecho al ambiente sano para fundamentar el animalismo es una interpretación imprecisa de la Constitución.

El “derecho a la libertad” de especies en riesgo de extinción, como el oso de anteojos, es un precedente peligroso para esfuerzos de reproducción asistida, cruciales cuando las poblaciones disminuyen dramáticamente. Lo mismo puede decirse del efecto devastador de exigir judicialmente la liberación al ambiente de especies invasoras. Al momento de fallar este tipo de casos, los jueces deberían tomar decisiones más serenas, basadas en evidencia, y menos orientadas a ganarse el aplauso de las redes sociales.

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