DON GERMAN Y CIA.

Este gobierno anda como la "ex" de Julio Iglesias, Isabel Preysler. De escándalo en escándalo. Ahora le ha tocado el turno al secretario general de la Presidencia, don Germán Montoya, acusado de que su poder político ha influído en algunas empresas del Estado para que la agencia de seguros de sus hijos, Probolsa, fuera objeto de favoritismos frente a sus demás competidores.

En el escándalo quedaron involucrados el Banco Popular, el Cafetero y Telecom, por medio de documentos acuciosamente reunidos por el representante Fabio Valencia Cossio, uno de los parlamentarios que con mayor audacia ha asumido el papel que debe desempeñar el conservatismo como partido de oposición.

Pero frente a la citación de Valencia Cossio al secretario de la Presidencia, el Partido Liberal le hizo un flaco favor al gobierno. Para proteger a don Germán Montoya saboteó el debate, y la sensación de "tapen, tapen, tapen" ha invadido a la opinión pública como la gangrena.

El presidente Barco obligó al Partido Conservador a situarse en la oposición, y lo mandó a hacerla en el Congreso. Pero cuando el conservatismo le cogió la caña, e intentó cuestionar al secretario Montoya--lo que aquí, y en cualquier parte del mundo, constituye un acto de oposicion por excelencia--, el gobierno se asustó y promovió el saboteo del debate, sin caer en cuenta de que era algo muy torpe, porque con ello lo único que se logró fue que el caso Montoya haya terminado analizándose por fuera del recinto parlamentario.

Esta columnista, con base en los documentos aportados por Valencia Cossio y conversaciones sostenidas con los presidentes de las entidades cuestionadas, ha podido obtener algunas conclusiones.

En el Banco Popular, los negocios con Probolsa, así como los contactos sobre los nuevos negocios que ahora cuestiona la oposición, comenzaron mucho antes de que se posesionara el actual gobierno, y por consiguiente que don Germán Montoya tuviera su actual poder. Adicionalmente, en los nuevos contratos ha sido definitiva la especialidad de Probolsa en algunos de los servicios requeridos por el Banco. No me fue posible comprobar la existencia de ningún tipo de favoritismo, y las explicaciones de la presidenta de la entidad, Florángela Gómez, así como de su asesor jurídico parecen totalmente convincentes.

En el Banco Cafetero parece haber pasado algo curioso. Cuando se abrió licitación para adjudicar el seguro de vida de deudores, la compañía Agrícola de Seguros se presentó a ella en llave con Probolsa, que ya antes de este gobierno había sido invitada a trabajar con la entidad. Daría la impresión de que por prudencia o temor político, el Banco excluyó a Probolsa de la licitación que ganó con la Agrícola en franca lid, invocando la disculpa de la conveniencia de cambiar el sistema de adjudicación. El sabor que deja todo esto es que en primera instancia trataron de dejar a Probolsa por fuera para evitar problemas, y que posteriormente se trató de arreglar el veto tan chambonamente que quedaron enredados en él.

En Telecom las cosas no son del todo claras. En el pasado había cuatro compañías corredoras que asesoraban a la entidad, y que no incluían a Probolsa. Este número se amplió posteriormente a ocho, incluyendo a Probolsa. Hasta aquí la cosa aguantaría, si no fuera porque de las ocho nuevas compañías, se escogieron dos líderes que tendrían doble participación en los contratos. Las dos fueron Delima, que por su tamaño y experiencia tenía que serlo, y Probolsa, cuya superioridad sobre las seis compañías restantes no es totalmente evidente.

Esta reestructuración, según consta en el acta 1482 del 5 de marzo de 1987, surgió como consecuencia de la asesoría prestada por Probolsa. Una de las partes más flojas de la explicación del presidente de Telecom, Emilio Saravia, es por qué, si según el acta 1476 de diciembre 18 de 1986, la junta directiva advirtió que la empresa que hiciera el estudio para la reestructuración no podía resultar beneficiada en el nuevo ordenamiento, esto si sucedió en el caso de Probolsa. El presidente de Telecom explica de manera poco convincente que lo que Probolsa hizo fue una asesoría y no un estudio. La decisión final sobre esta explicación le corresponde a las autoridades competentes.

Si las conclusiones son correctas el balance es que en el Banco Cafetero hubo un intento de veto contra Probolsa, en Telecom un acto de favoritismo y en el Banco Popular ni lo uno ni lo otro. En los tres casos Probolsa tenía los méritos suficientes para aspirar a participar en las adjudicaciones. Pero evidentemente, si Probolsa despierta sentimientos de entusiasmo o de rechazo a su favor o en su contra, su participación en el mercado de los seguros está distorsionada. La sombra de Germán Montoya impide que sobre esta empresa operen las libres fuerzas del mercado. Es decir, que a Probolsa no sólo se le adjudican o se le niegan negocios con base en criterios técnicos, sino también en políticos.

Esta simbiosis, naturalmente, es un plato exquisito para la oposición. Y es ahí donde radica el problema. Que la combinación de los criterios técnicos con los políticos en las adjudicaciones hechas a Probolsa, da para que el caso sea explotado por la oposición, cuestionado por la prensa y objeto de toda clase de chismografía en los cocteles.

De ahí que mi conclusión sea una de dos: o que los hijos de Germán Montoya han debido evitar voluntariamente su participación en el mercado de los seguros oficiales, o que don Germán Montoya ha debido abstenerse de aceptar su cargo oficial.

Lo anterior no obedece a razones jurídicas, porque legalmente no existe ninguna incompatibilidad.

Tampoco a razones éticas, porque Probolsa tiene todos los méritos profesionales para aspirar a lo que aspiró, y hasta ahora no existe evidencia alguna de que por parte de Montoya o de sus hijos haya habido jamás una sola llamada telefónica para presionar favoritismos.

Pero si obedece a razones políticas, porque el principal perjudicado con este debate es el gobierno. La razón es sencilla. Consiste únicamente en que los hijos de don Germán Montoya son, al mismo tiempo, los hijos del secretario general de la Presidencia.