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Opinión

  • | 2017/05/06 10:33

    De regreso al plan Colombia

    A pesar de los esfuerzos del gobierno por presentar como un éxito la reciente aprobación de ayuda por parte del Congreso de Estados Unidos, la realidad es que el apoyo al proceso de paz quedó en último lugar.

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El año pasado cuando Barak Obama aún estaba en el poder, el gobierno colombiano en un gran despliegue mediático anunció la presentación ante el gobierno y el congreso de Estados Unidos, de una propuesta que reemplazaría al “Plan Colombia”, la cual bautizó como “Paz Colombia”. El nuevo modelo basado en la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, estaba destinado a “enterrar” el exitoso Plan Colombia, el cual había sido diseñado e implementado por el gobierno de Andrés Pastrana, continuado durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe y durante los primeros años de la administración Santos, consolidándose como una exitosa y efectiva política de estado de carácter bilateral, que terminó derrotando estratégicamente a las FARC llevándola a sentarse en la mesa de negociación.

El pasado jueves 4 de mayo, el Presidente Santos anunció la aprobación de “Paz Colombia” como un gran espaldarazo de los Estados Unidos, reclamándolo como un gran éxito para su gobierno. Tratándose de un tema tan importante, lo mínimo que corresponde es darle un vistazo al documento oficial por medio del cual el Congreso estadounidense tomo tal decisión.

A través de la “Ley Consolidada de Apropiaciones de 2017”, identificada como H.R.244, se aprobó una partida de 391 millones de dólares en las cuentas que maneja el Departamento de Estado y otros US$ 59 millones en fondos que ejecuta el Departamento de Defensa. Cuando se lee la mencionada decisión la palabra “Paz Colombia” no aparece por ninguna parte, en su lugar, el encabezado de la sección correspondiente a los recursos para Colombia, dice textualmente que estos estarán disponibles para apoyar los esfuerzos del gobierno colombiano para “conducir una campaña unificada contra al tráfico de narcóticos, contra las designadas organizaciones terroristas internacionales y contra otros grupos armados ilegales”.

En segundo lugar, la ayuda debe destinarse a la ampliación de la seguridad y la estabilidad en Colombia y la región, en tercer lugar, a fortalecer y expandir la gobernabilidad, el estado de derecho y el acceso a la justicia, en cuarto lugar, a promover el desarrollo económico y social incluyendo el mejoramiento del acceso a las áreas afectadas por el conflicto a través de programas de desminado, y en quinto y último lugar, sin mencionar a las FARC, a la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y grupos armados ilegales.

Posteriormente el documento establece la prohibición de destinar recurso alguno a la reparación de las víctimas del conflicto, ni a la compensación de combatientes desmovilizados asociados con el acuerdo de paz. Para rematar, la ley de apropiaciones exige que el secretario de estado, es decir, el Señor Rex Tillerson, sea quien presente y de seguimiento a un plan de varios años cuya ejecución dependerá de una “certificación” que provendrá de su despacho, en la cual verificará si Colombia está desarrollando una efectiva estrategia contra el cultivo y producción de drogas ilícitas.

En un excelente trabajo periodístico la emisora W Radio hizo un análisis sobre las distintas partidas presupuestales asignadas a Colombia, verificando que si bien es cierto hubo un aumento en el rubro para programas de desarrollo, también lo es que, con la única excepción de la referencia a los programas de desminado, la nueva ley de apropiaciones no hace mención alguna a la inversión directa de recursos para el proceso de paz, ni para el posconflicto.

Por lo anterior no deja de sorprender que el gobierno siga empeñado en mostrar que su modelo “Paz Colombia” fue aprobado en Washington, cuando la verdad es que se trató de la continuidad en el apoyo bilateral que venía de la administración Obama, con un gran énfasis en la lucha contra las drogas ilícitas, pues hay que recordar que fue la propia administración Obama quien nos dio el poco honroso título de ser los mayores productores de coca del planeta.

La recientemente aprobada ley de apropiaciones es más una reedición actualizada del exitoso y aún vigente “Plan Colombia” que un cambio de política hacia una aproximación desde el proceso de paz, y eso que cuando esta ley fue diseñada Donald Trump no había asumido aun el poder. Creo que Obama dejó al proceso de paz con las FARC “viendo un chispero.”

*Exviceministro de Justicia. Decano Escuela de Política y Relaciones Internacionales, Universidad Sergio Arboleda.
@ceballosarevalo

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