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Opinión

  • | 2017/01/28 09:54

    Con coca no hay paraíso

    Dos declaraciones oficiales de Donald Trump como presidente en ejercicio y otras dos de quienes fueron nominados a los cargos de fiscal general y secretario de Estado, revelan la línea dura que el nuevo gobierno de Estados Unidos tendrá frente al narcotráfico.

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En orden cronológico quien primero se refirió al tema fue Jeff Sessions, nominado al cargo de fiscal general. En su audiencia de confirmación ante el Senado realizada el 10 de enero, fue consecuente con la idea que siempre ha defendido como senador: no legalizar la marihuana y fortalecer la aplicación de la ley federal frente a la comercialización ilegal de la misma.

Al día siguiente el turno fue para Rex Tillerson, nominado para el cargo de secretario de Estado, quien además de mencionar que revisaría los detalles del reciente acuerdo de paz en Colombia para determinar “hasta qué punto Estados Unidos debería seguir apoyándolo”, concretamente se refirió al tema del narcotráfico afirmando que hará todo lo posible para continuar la estrecha cooperación con el gobierno colombiano y dejó claro que la misma estará sujeta al “cumplimiento por parte de Colombia de los compromisos de frenar la producción y el tráfico de drogas.”

El 20 de enero, en su discurso de posesión, Trump marcó el tono de su administración en materia de lucha contra el narcotráfico al afirmar que “el crimen, las pandillas y las drogas han cobrado demasiadas vidas y han robado al país mucho de sus potencialidades no convertidas en realidad”, por lo cual “esta carnicería se detendrá aquí y ahora”, refiriéndose a los altos niveles de violencia presentes en las calles de sus ciudades, en gran parte alimentados por el consumo y el tráfico de drogas.

Al día siguiente de su posesión, el gobierno Trump decidió cambiar totalmente la página web de la Casa Blanca, al introducir los grandes temas en los que se focalizará el nuevo gobierno. Uno de esos temas se presenta con un documento bajo el título “Firmes en la aplicación de la ley”, https://www.whitehouse.gov/law-enforcement-community, en el que oficialmente se anuncia que “El presidente Trump está comprometido con la construcción de un muro fronterizo para detener la inmigración ilegal, detener las pandillas y la violencia, y detener la entrada de drogas en nuestras comunidades.”

En este contexto el polémico muro en la frontera con México no sólo tiene una connotación relacionada con la inmigración, sino que se plantea como una estrategia de contención frente a la entrada de drogas ilícitas. Así las cosas es muy claro que Trump mirará a Colombia, país productor de la droga que entra a Estados Unidos vía México, a través del prisma de las drogas ilícitas, especialmente en momentos en que la siembra de coca, según las últimas proyecciones, hoy ya estiraría llegando a 250.000 hectáreas, con el agravante de que muchas de las áreas de cultivos ilícitos coinciden o están muy cerca de las zonas donde las FARC están siendo concentradas, factor que sin duda hará parte de la “revisión” del proceso de paz anunciada por el nuevo secretario de Estado.

Dentro de la retórica diplomática, Colombia podrá seguir siendo tratada como aliado de Estados Unidos en la región, siempre y cuando acabe con este “mar de coca”, por lo que toda ayuda al proceso de paz estará condicionada a la efectividad en la lucha contra el narcotráfico: “Con coca no hay paraíso”.

Tendrá mucho trabajo por delante el nuevo vicepresidente, Óscar Naranjo, quien sin duda fue seleccionado por su capacidad de interlocución con Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico; su gran reto será el de convencer a Trump y su equipo de que el proceso con las FARC ayudará a que la siembra y producción de la coca bajen, cosa bien difícil de lograr a punta de erradicación manual y en el corto período que le queda al gobierno Santos, en el cual también tendrá que lidiar con las “bacrimes” y el ELN metidos en el negocio.

Por otro lado el ex general tendrá la "misión imposible" de explicarle a Estados Unidos ¿cómo es eso del narcotráfico como delito conexo con los delitos políticos?, es decir, en los términos brillantemente utilizados por María Isabel Rueda, hacerles entender que según lo acordado con las FARC, “se vale narcotraficar para financiar grupos armados ilegales que quieren derrocar al Estado”.

*Exviceministro de Justicia. Decano Escuela de Política y Relaciones Internacionales, Universidad Sergio Arboleda.
@ceballosarevalo

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