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Opinión

  • | 2011/09/22 00:00

    Economías de violencia

    La historia universal ha demostrado cómo las ambiciones de poder y dinero son un detonante para la violación de los más elementales derechos de los seres humanos.

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Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Roger Casement, cuya vida relata Mario Vargas Llosa en su novela “el sueño del celta”, entregó al Gobierno de Inglaterra un informe que daba cuenta de las graves violaciones a los derechos humanos que se dieron en el desarrollo de la explotación del caucho en los territorios del Congo, Perú y Colombia. En ellos, en el marco de un desenfrenado e irracional deseo de acumular riqueza, se torturaron y asesinaron miles de seres humanos indefensos.

La historia universal ha demostrado cómo las ambiciones de poder y dinero son un detonante para la violación de los más elementales derechos de los seres humanos. En su procura no se aceptan reglas, se prefiere la clandestinidad, se asume que el fin justifica los medios. Leopoldo II de Bélgica y Julio César Arana construyeron sus emporios de riqueza en el lejano Congo el primero y en la recóndita amazonia el segundo, donde casi nadie podía saber lo que ocurría.

Guardadas las proporciones y con diferentes protagonistas, lo mismo ha ocurrido en Colombia desde finales del siglo XX y principios del presente siglo con el narcotráfico: su materia prima abunda en territorios abandonados por el Estado cuya cronología indica que primero los grandes carteles de la droga instalaron allí sus cultivos y sus sicarios, luego paramilitares y guerrilleros impusieron su poder y libraron una lucha a muerte por el monopolio de la economía cocalera, y finalmente bandas criminales en alianza con las Farc o con miembros de la fuerza pública heredaron una especie de “franquicia” del preciado negocio. Y al final de cuentas… masacres, asesinatos selectivos, desplazamientos forzados, viudas, huérfanos, pobreza y deterioro de su medio ambiente fue el legado para los pobladores de esos territorios.

Lo mismo ocurre con la minería ilegal. Guerrilla, paramilitares y bandas criminales están involucradas en esa actividad, y al igual que el narcotráfico, ésta se desarrolla en regiones apartadas del centro del país en las que se imponen la clandestinidad y la ilegalidad.

Está suficientemente documentada la relación, de ahora y de antes, entre economías de extracción en regiones abandonadas por el Estado y violencia, negarlo sería ir contra la evidencia y no hacer nada desde la institucionalidad sería irresponsable.

El gran reto para que Colombia alcance la paz es construir Estado Social de Derecho en todo el territorio nacional, lo cual no se agota en devolverle el monopolio de la fuerza al Estado, sino además, y sobre todo, en garantizar el ejercicio y protección de los derechos a quienes históricamente han vivido al margen de los mismos porque en el territorio que habitan el Estado Social de derecho ha brillado por su ausencia.

*Representante a la Cámara

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