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Opinión

  • | 2016/07/15 12:15

    La vaca lechera: todos a vivir del Estado

    A veces quienes toman las decisiones a nombre del Estado, se tienen que parar y decir no.

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El paro camionero ha traído a la luz pública un hecho que cada vez más se ha venido generalizando como solución a las protestas populares. Y, es que el Estado asume las pérdidas que produce una determinada actividad económica, o se las traslada en mayores costos a todos los colombianos, olvidando que el éxito o el fracaso hacen parte del riesgo de toda actividad empresarial. Todos los días se crean miles de negocios, unos florecen y otros fracasan. Si el Estado tuviera que asumir las pérdidas de estos últimos, no habría recursos fiscales para cubrir las mismas.

En el momento en el que un empresario toma la decisión de realizar una inversión de capital, asume una decisión de negocio. Si compra un activo, llámese máquina, bus o cualquier otro equipo, tiene que depreciar la inversión y provisionar los recursos para su reemplazo, cuando dicho bien cumpla su vida útil y deba ser retirado. Lo que es inadmisible es que después de haber utilizado una maquina o equipo para generar ingresos por años, se obligue al Estado a pagarle con recursos públicos al propietario el costo de reposición, para que lo retire del servicio.

Esto es lo que ha sucedido con los buses del transporte público urbano de pasajeros. Si el Estado no hubiera asumido la chatarrización de los viejos buses, el valor del pasaje de los Sistemas de Transporte Público Masivo sería mucho menor. Pero como esto no sucedió, para poder implementar el nuevo esquema y evitar protestas, había que retirar, previo el pago de dichos bienes, los buses y busetas que ya no daban más. La forma más fácil de hacerlo era obligando a los nuevos operadores a comprar los vehículos obsoletos, cargándole este costo a la tarifa.

Ahora, para los vehículos de transporte de carga por carretera se propone restablecer una Tabla de Fletes, que fijará valores mínimos para transportar la carga. Lo que debemos entender es que estos mayores precios, de aprobarse, los tendrán que pagar los colombianos con mayores costos de transporte, que se le cargarán a los productos que consumimos.

Los promotores de este último esquema lo justifican argumentando que la compra de camiones fue utilizado por narcotraficantes como mecanismo para lavar sus capitales, aumentando el número de camiones y generando una sobre oferta. No tengo duda que esto haya pasado a título individual, pero no conozco una empresa de “narcos” que esté imponiendo su poder de mercado para rebajar las tarifas. Lo que si veo son compañías que se cansaron de pagar tarifas excesivas, y decidieron por eso, comprar vehículos para transportar su carga.

De aprobarse la Tabla de Fletes, tenemos que saber que estos mayores costos saldrán del bolsillo de todos los colombianos, a quienes nos subirán los impuestos o nos cobrarán dichos costos, vía mayores tarifas.

A veces, quienes toman las decisiones a nombre del Estado, se tienen que parar y decir que no, y explicarle al país las razones que los llevan a tomar esa decisión. Y bajo ninguna circunstancia pueden dejarse amedrentar por la violencia o la amenaza de su uso, que pretende imponer argumentos que solo le sirven a unos pocos, en desmedro de los demás colombianos. La autoridad del Estado soportada en el interés general, debe prevalecer siempre.

*Ex ministro y Presidente de Naturgas

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